El silencio de Begoña Gómez: una "táctica adecuada" que encaja con su defensa y le permite ganar tiempo

Begoña Gómez guardó silencio en su segunda cita con el juez Juan Carlos Peinado. Su comparecencia terminó con el mismo resultado que la de hace dos semanas, aunque por distinto motivo: el juez suspendió la primera porque no habían notificado una querella a su defensa, mientras que la de este viernes llegó a su fin en cuanto Gómez se acogió a su derecho a no declarar. Según apuntan diversos abogados y juristas, su decisión encaja con la estrategia de defensa de sembrar dudas sobre el procedimiento y, al mismo tiempo, le permite ganar tiempo de cara al recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir el archivo.

La clave respecto a este último punto radica en que Gómez no ha renunciado a dar su versión de los hechos de manera definitiva, sino que ha optado por no hacerlo en estos momentos. "Siempre se puede pedir declarar voluntariamente", advierte el abogado penalista José María de Pablo. Si la Audiencia rechaza su recurso y la defensa considera finalmente que le conviene declarar, aún podría activar esa vía. "No tiene ningún significado a efectos de inocencia o culpabilidad", insiste De Pablo.

A esto se suma que la Fiscalía también ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que "delimite la causa" y "excluya" las últimas líneas de investigación que ha abierto contra ella. Este mismo tribunal ya rechazó un recurso previo en el que el fiscal solicitaba el archivo inmediato, pero su nuevo escrito apunta ahora a otro razonamiento: por mucho que la causa siga su curso, al menos deberían imponerse unos límites al juez respecto a los hechos que puede o no seguir investigando.

Con la posibilidad de archivo o delimitación en el horizonte, otros juristas consultados coinciden en ese segundo efecto que busca su decisión de no responder al juez: cuestionar el modo en que está instruyendo la causa. Su abogado, Antonio Camacho, ya dejó clara esta postura en el último recurso que interpuso esta semana para tratar de anular las testificales de los dos vicerrectores que comparecieron este viernes: "No cabe tomar declaración a dos miembros de la Universidad Complutense que nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento". Sus argumentos no surtieron efecto, pero ahí quedó la denuncia de que es una "investigación prospectiva".

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A la vista de esta estrategia, el abogado penalista Jesús Mandri considera que la decisión de Gómez de no declarar sigue la misma línea. "Si el planteamiento de la defensa es que se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia y que se está llevando a cabo por el juzgado una investigación prospectiva, es coherente", explica. "Parece más oportuno una táctica conservadora de no declarar y de esperar a la Audiencia Provincial de Madrid... Yo creo que depende de cada caso concreto, pero, en este, es la táctica adecuada", argumenta a su vez otro abogado que pide permanecer en el anonimato y también ha llevado la defensa de clientes mediáticos.

Begoña Gómez opta así porque la investigación siga su curso sin aclarar ningún punto y deja el peso sobre el propio juez y las acusaciones populares. "El Tribunal Constitucional ha establecido algo importante de la mano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es que el hecho de que no declares no puede ser considerado como una prueba contra ti", advierte el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y ex letrado del Constitucional, Juan Antonio Lascuraín. "Si con la prueba A, más B, más C no es suficiente, el tribunal no puede decir 'más D porque usted no dijo nada'. El silencio no puede convertirse en una prueba de cargo".

Las acusaciones piden citar a Sánchez

Las acusaciones populares anunciaron este mismo viernes cuál será su siguiente paso: "Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa", aseguró a la salida del juzgado el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. En el hipotético caso de que el juez atendiera esta solicitud, el presidente estaría obligado a declarar y a decir la verdad por su condición de testigo, aunque algunas de las fuentes consultadas avisan ya sobre las peculiaridades que conllevaría una comparecencia de ese calibre.

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La primera de ellas se centra en que, dada su condición de miembro del Gobierno, podría pedir responder a las preguntas por escrito. Esta situación ya se dio en el caso Pegasus que instruye la Audiencia Nacional, en el que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se acogió a esa posibilidad. El magistrado José Luis Calama llegó incluso a sugerirle que lo hiciera por videoconferencia "para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad", pero no surtió efecto.

En el caso de Sánchez, algunas fuentes cuestionan que pudiera acogerse a esa posibilidad, pues queda reservada a las declaraciones "sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo". Si se considera que no cumple ese requisito, cabría entonces tomarle declaración "en su domicilio o despacho oficial", aunque el mismo hecho que se trate de una investigación sobre su propia mujer en principio le permitiría agarrarse a la dispensa de no tener que testificar contra ella.