El PP no salvará la reforma de la ley de extranjería y deja al Gobierno en manos de Junts

"Cada decisión que Sánchez ha adoptado en esta legislatura ha sido en base a cesiones a sus socios. Pues si quiere pactar con el PP, tendrá que recorrer el mismo camino". Para Feijóo, el principio de "solidaridad" en materia migratoria que dinamitó los pactos con Vox tiene un límite. El líder del PP ordenará a sus parlamentarios votar 'no' a la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, con la que Gobierno y Canarias pretendían desbloquear la insostenible situación en los centros de acogida de menores no acompañados forzando un reparto obligatorio en todo el territorio nacional.

La decisión de Génova, que ya es definitiva, aboca prácticamente al fracaso la normativa. El aparente cerrojazo de Junts, que exige dejar a Cataluña fuera del reparto, convertía al PP en la única opción. Y esa desesperación llevó al Gobierno a mover ficha in extremis convocando al PP a una reunión en la tarde de este lunes que, de nuevo, terminó sin acuerdo. Génova denuncia que a la cita convocada por el Ejecutivo no acudió la ministra, Sira Rego, y se celebró además de manera telemática. "Han considerado que con mandar a un secretario de Estado y a un jefe de gabinete para convencer al PP era suficiente", se quejan en Génova, con encendido malestar.

Los populares aseguran haber constatado que el PSOE no quiere "pactar la política migratoria y de extranjería" con el PP por la negativa a que sus condiciones queden reflejadas en el texto de la reforma, que debe pasar su primer filtro parlamentario este martes con la admisión a trámite. Así las cosas, Génova se encapsula en el 'no' y tumbará la normativa en el Congreso. "Suerte con sus socios de Junts", apostillan.

Hasta última hora de este lunes, Génova dejaba aún una rendija abierta a la abstención a cambio de que el Gobierno aceptase una cesión 'in extremis' a sus requisitos para avalar la ley. "Aún hay margen para el acuerdo si quieren ceder", insistían en la dirección nacional de los populares. Pero la infructuosa reunión de la vicesecretaria Ana Alós con el Ministerio de Infancia ha agotado la poca paciencia que les quedaba a los populares, que se quejan de que el Gobierno quiere "hacer exactamente lo contrario" a lo que propone el PP en materia de inmigración.

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Pero, ¿cuáles son los requisitos del PP? Dirigentes nacionales y territoriales de los populares creen que la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para abordar la inmigración como un problema estructural hubiese sido un "buen comienzo". Pero quieren más. Y sitúan la financiación como "principal escollo" para el acuerdo. Las comunidades del PP exigían una mayor implicación del Estado, y eso pasa por trazar un plan dotacional con un "fondo de contingencia" para afrontar nuevas llegadas, así como la habilitación de nuevas infraestructuras para dar asistencia a los miles de niños y adolescentes hacinados en Canarias o Ceuta que esperan una solución. Medidas concretas que, por el momento, no han llegado al buzón de Génova.

El PP considera también prioritario que el Ejecutivo declare la emergencia migratoria en todo el territorio, no solo en Canarias, Ceuta y Melilla, por la existencia de territorios que también han rebasado su límite de capacidad y cuentan con "recursos colapsados", como denuncian en Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia o Andalucía. Si el Gobierno quiere un acuerdo, insisten en Génova, "tiene una oportunidad muy clara de demostrarlo llevando al Consejo de Ministros de este martes la situación de emergencia nacional".

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El único requisito que hasta la fecha comparten Gobierno y PP es la negativa a que Cataluña quede fuera del reparto. El Ejecutivo insiste en que el texto legal contempla "no exceptuar a ningún territorio", una condición que ciega las opciones del Gobierno de acordar la reforma con el independentismo catalán. Pero en el PP recelaban también de que este compromiso termine cumpliéndose por el pacto que suscribió el Ejecutivo con Junts a principios de año para delegar la competencias migratorias a la Generalitat.

Los contactos entre la Moncloa y Génova han sido escasos. Hace algo más de una semana, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, trasladó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un documento con sus condiciones. El Gobierno, según fuentes del PP, dio "acuse de recibo" sin aclarar su predisposición a abrir una negociación. El pasado viernes, hubo otro contacto con Ana Alós, vicesecretaria de Génova y responsable de la interlocución con el Ejecutivo en materia de infancia. Pero solo sirvió para "tantear" su posible abstención, sin ofrecer más prebendas, según denuncian en la cúpula de los populares.

La comunicación decisiva se produjo este domingo. Miguel Tellado y Ángel Víctor Torres volvieron a intercambiar mensajes... pero sólo para comprobar que la posibilidad de entendimiento seguía muy lejos. El PP denunció que el Gobierno sólo les ofreciese "debatir" sus enmiendas durante el trámite parlamentario, sin compromiso alguno de que estas queden reflejadas en la reforma final. "Tal y como está el texto, es inviable que lo aprobemos. Ni siquiera la admisión a trámite", reiteran en la dirección nacional del PP.

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Tras intercambiar wasaps con el ministro, Tellado contactó con el vicepresidente de Canarias, el popular Manuel Domínguez, para trasladarle su negativa a apoyar la toma en consideración de la reforma. El PP de Canarias ha presionado desde el principio a sus compañeros de partido a abrirse a apoyar la iniciativa en el Congreso por la situación límite que se vive en este territorio, ya que es la única salida que por el momento hay encima de la mesa para derivar a los más de 6.000 menores no acompañados que colapsan sus centros. Con todo, aprueban los argumentos de Génova para situarse en el 'no'. "Lo que pide el Gobierno es un ejercicio de fe", refrendan.

Aunque Génova insiste en abrir una rendija a negociar con el Gobierno, lo cierto es que la mayoría de sus comunidades autónomas no veían con buenos ojos la columna vertebral de la reforma, que pasa por obligarles a acoger inmigrantes sin un Plan Migratorio Estatal que corte los flujos migratorios para prevenir nuevas oleadas. Las regiones de los populares apuestan por mantener el sistema de acogida voluntaria, firmar nuevos acuerdos de colaboración con la frontera sur, agilizar la burocracia y, sobre todo, pactar nuevos recursos con el Gobierno central.

Feijóo replica el discurso de Vox

Si el debate migratorio estaba ya enmarañado, este lunes Feijóo echó más gasolina al fuego recuperando su discurso más duro contra la inmigración irregular, que vinculó de forma abierta con la delincuencia y la "inseguridad". El viraje se produce a tan solo diez días de que Vox rompiese sus pactos autonómicos con el PP precisamente por aceptar acoger a unos centenares de menores migrantes en sus regiones, y anticipa un debate especialmente tenso en sede parlamentaria.

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"Solidaridad sí, pero seguridad también. Para los que llegan, porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle", pronunció el líder del PP, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido. Feijóo aliñó esa afirmación con la demanda de "respeto" a "nuestros valores, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales y a la libertad de cada uno de sentirse seguro en su casa", afirmó.

En la dirección del PP aseguran contar con sondeos internos, realizados durante la campaña catalana y europea, que concluyen que "la percepción de inseguridad ciudadana" vinculada con la inmigración afecta también a las "capas socialdemócratas" de la población, lo que les anima a seguir adelante en esa posición. "Es un asunto transversal, no un relato de la ultraderecha", insisten. Génova defiende que este tipo de alocuciones permiten situar al PP en medio de "los planteamientos alarmistas" de Vox y la "despreocupación irresponsable" del PSOE.