Los barones del PP abren otro frente jurídico contra Sánchez por el debate migratorio

A Pedro Sánchez se le comienzan a acumular los frentes judiciales abiertos. El presidente del Gobierno podría declarar como testigo en el caso abierto contra su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción y, además, está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie sobre el recurso que el PP interpuso por no inhibirse en el rescate de Air Europa e incurrir en un posible conflicto de interés.

Ahora, las comunidades autónomas gobernadas por el PP amenazan con ampliar esa ofensiva jurídica y plantean una batería de recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo por la negativa de Sánchez a cumplir con su "obligación" de convocar la Conferencia de Presidentes. Fuentes de distintas comunidades confirman que formalizarán dicha denuncia a finales de esta semana o principios de la próxima si no hay una respuesta por parte del Gobierno. Aún está pendiente, además, que las regiones de los populares presenten también sendos recursos contra la ley de amnistía, aunque aún no han presentado el escrito.

El debate sobre la reforma de la ley de extranjería en el Congreso ha sido el detonante que ha precipitado una reacción en cadena de todos los presidentes autonómicos del PP para que Sánchez dé su brazo a torcer y los reúna a todos en un cónclave que, según su reglamento, debe convocarse al menos dos veces al año. Según el artículo 4 del citado ordenamiento, la Conferencia de Presidentes se convocará "por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa, a petición del Comité preparatorio o diez presidentes de comunidades autónomas".

Tras las elecciones del 28-M, las regiones gobernadas por el PP ascienden a 13 —contando con Ceuta y Melilla—, y las peticiones escritas y formales dirigidas al Palacio de la Moncloa han sido constantes en los últimos meses. Sin embargo, Sánchez continúa sin ofrecer una fecha a los barones territoriales. Y ese incumplimiento ha agotado la paciencia de los presidentes autonómicos del PP.

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El pasado mes de abril, todas las CCAA de los azules —incluida Canarias, donde cogobiernan CC y PP— remitieron una carta al Ejecutivo para que convocase formalmente la Conferencia, en aquel caso por la polémica del acuerdo financiero y político con Junts a cambio de su investidura. Pero el Gobierno hizo caso omiso. En aquel momento, fue el andaluz Juanma Moreno el que lideró la ofensiva de los barones del PP, y el que amenazó con abrir acciones judiciales que ahora parecen tomar forma.

En esa ocasión, no obstante, fue Isabel Díaz Ayuso la que tomó la iniciativa. La madrileña fue la primera en anunciar el pasado viernes que llevaría a Sánchez a los tribunales si no atendía sus exigencias. "Está incumpliendo de manera fragante la ley", apuntó, recordando que la última vez en que se convocó el cónclave de presidentes fue hace más de dos años, en marzo de 2022.

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Este martes, se unió a la ofensiva el presidente de Aragón, Jorge Azcón. "Ha llegado el momento de que reclamemos judicialmente lo que es un derecho", incidía. Y la reacción fue en cadena. Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Extremadura, Galicia... una a una, todas fueron anunciando sendos recursos que presentarán, aseguran, en los próximos días si no hay una respuesta por parte del Gobierno.

La apertura de otro frente jurídico por parte de las comunidades coincide con el tenso debate en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería acordada entre PSOE, Sumar y Coalición Canaria para implementar un sistema obligatorio en el reubicación de menores migrantes y que, salvo sorpresa mayor, está condenada al fracaso por la negativa de PP y Junts. Gobierno y PP han mantenido intensos contactos en las últimas horas, pero en Génova insisten en que el Ejecutivo se niega a implementar sus condiciones al texto y, por tanto, no apoyarán la admisión a trámite.

Uno de los requisitos es, precisamente, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes de manera urgente. El Gobierno ha trasladado al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, su intención de convocar el cónclave en septiembre, a la vuelta del verano, pero al PP le parece "insuficiente" para resolver el debate migratorio.

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Los populares han trasladado, además, otras tres condiciones "irrenunciables" al Ejecutivo: garantizar la financiación a las comunidades autónomas para cubrir los gastos de asistencia de los menores no acompañados hasta que cumplan la mayoría de edad; la declaración de la emergencia migratoria nacional; y la implementación de un mecanismo para que el Estado asuma el sobreesfuerzo de las regiones "saturadas" cuando éstas superen su capacidad. Tanto Coalición Canaria como el PP han pedido al PSOE que retire la proposición de ley para seguir negociando en los próximos días, pero el Ejecutivo se ha negado, abocando el trámite al fracaso.