Inactividad legislativa desde el 23-J: siete decretos y solo dos leyes (una, la amnistía)

El 23 de julio de 2023 se celebraron las últimas elecciones generales de España. La historia la recordarán: el Partido Popular ganó los comicios con 137 escaños, pero Feijóo fue incapaz de obtener la confianza de la Cámara Baja. Después de cuatro meses, el 16 de noviembre, comenzó la XV legislatura con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

España, de nuevo, está sumergida en una ola de calor. El precio de los alquileres sigue disparado. También la cesta de la compra. Otro verano más, récord de cifras turísticas. El número de mujeres muertas por violencia de género crece. En general, pocas cosas han cambiado en un año. Tampoco la legislación española se ha transformado mucho en los últimos 366 días.

Desde aquel caluroso paso por las urnas, el Ejecutivo ha aprobado apenas siete reales decretos. Estas normativas, que se aprueban a través del Consejo de Ministros sin pasar por las Cortes, sirven para agilizar el proceso en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

Entre los aprobados en estos últimos meses destaca el que autoriza el Bono Verano Joven para que los menores de 30 años viajen con descuentos por el territorio español o la prórroga a las medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

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Asimismo, entre estos reales decretos sobresale el Ómnibus, una norma con un gran peso porque incluye varias leyes o reformas distintas que son votadas al mismo tiempo. En esta ocasión se aprobaron medidas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Pero, también, en este último año, solo se ha aprobado una ley orgánica – la ley de amnistía, aprobada en el Congreso, vetada en el Senado y de nuevo, aprobada en la Cámara Baja– y otra para regular las enseñanzas artísticas superiores y profesionales.

Como resultado de estos doce meses, el actual Gobierno es el que menos normativa ha aprobado pasado un año de las elecciones. El anterior ejecutivo, también presidido por Sánchez -no entra en esta comparativa los primeros meses de Sánchez en Moncloa tras la moción de censura- había aprobado, cumplido el primer aniversario tras las elecciones, 36 Reales Decretos, 1 ley orgánica y 5 leyes. En esos meses, el Ejecutivo ratificó más reales decretos que nunca, motivado por la crisis sanitaria y económica del covid-19.

En comparación con la segunda legislatura de Rajoy, que comenzó el 29 de octubre de 2016, también cuatro meses después de los comicios, Sánchez tiene un saldo negativo de 10 reales decretos y dos leyes. Muy diferente fue el primer gobierno del popular: Mariano Rajoy tan solo tardó un mes en ser investido presidente y en un año desde las elecciones había aprobado 16 leyes (6 de ellas orgánicas, las que regulan derechos fundamentales) y 29 reales decretos.

Las principales medidas que siguen en el tintero

El adelanto electoral, convocado tras el batacazo electoral del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo de 2023, paralizó múltiples iniciativas legislativas que estaban en tramitación. En total, se quedaron en el tintero 59 proyectos de ley, planteados por el Gobierno, y 157 proposiciones, presentadas por los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, iniciativas legislativas populares y el Senado.

De los 59 proyectos del Gobierno, 34 procedían de un decreto ley, es decir, realmente fueron normas que no murieron con la disolución de las cortes. Pero las 25 restantes sí que se quedaron sin aprobar. De todas ellas, en este año de Gobierno socialista solo se ha aprobado una: el proyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas. Sin embargo, por el camino se han quedado las legislaciones propuestas por el Ejecutivo sobre el desperdicio alimentario, la ley de familias o la norma de servicios de atención a la clientela.

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Una de las 157 proposiciones que quedó desatendida después de que el presidente Sánchez convocara elecciones es la ley para garantizar la vida digna de las personas enfermas de ELA, que lleva estancada desde 2022 cuando fue propuesta por el grupo parlamentario de Ciudadanos. Es la norma que en febrero de este año sacó a relucir la indiferencia de los representantes políticos cuando, en la jornada en la que distintos ponentes exigieron una regulación digna para los enfermos de ELA en el Congreso, solo se presentaron cinco diputados de los 350 que ocupan un sillón en el hemiciclo. En marzo de este año, comenzó de nuevo su tramitación. El último paso de esta ley ha sido el rechazo de todos los grupos parlamentarios a las enmiendas propuestas por Vox el pasado mes de junio.