PP y Junts cumplen su amenaza y tumban la reforma de la ley de extranjería

No hubo giro de guion. El Gobierno central y el de Canarias lo intentaron hasta el final, pero PP y Junts han votado en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, con lo que queda en el aire el destino de los miles de menores no acompañados hacinados en las islas. El Ejecutivo hizo caso omiso a la petición de Coalición Canaria de retirar la reforma de la ley ante el riesgo cierto de que no saliera adelante. "Si no hay garantías de que se admita, que se quede sobre la mesa", explicaban a El Confidencial fuentes del equipo del presidente canario, Fernando Clavijo, durante el debate parlamentario.

Durante el debate, también el PP pidió la retirada de la norma, que demandaba más tiempo para negociar. Génova censura que el Ejecutivo no atiende a ninguna de sus condiciones para la ley de Extranjería. "Toda su voluntad de negociar han sido cuatro whatsapps", se quejan. La jornada ha sido una constante de reproches, ruegos e intensas negociaciones a varias bandas, con hasta tres ministros implicados. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contactó a primera hora de la mañana con el portavoz del PP, Miguel Tellado, para intentar acercarle al acuerdo. Sólo con la abstención del PP hubiese salido adelante la toma en consideración, que no es más que el primer filtro parlamentario. Pero fue en vano.

El ministro ofreció a su interlocutor del PP celebrar una Conferencia de Presidentes en septiembre, después del verano, pero Génova incidía en que era "insuficiente". Tellado trasladó por escrito las cuatro condiciones que consideraban primordiales antes de abrirse a un acuerdo. La primera era precisamente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, pero con carácter urgente, para abordar el conflicto migratorio "cuanto antes".

La segunda es la declaración de la emergencia migratoria nacional —no sólo en Canarias, Ceuta y Melilla, como estipula el texto de PSOE, Sumar y CC—, una "oportunidad" que, según el PP, el Gobierno ha desperdiciado por negarse a llevar la propuesta al Consejo de Ministros de este martes. "Nunca han tenido voluntad de acuerdo", insisten.

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Europa Press

La tercera pasa por la creación de un fondo de contingencia que garantice cubrir la tutela de los menores no acompañados en las distintas comunidades autónomas hasta que cumplan la mayoría de edad. Y la cuarta, la disposición de un mecanismo para que el Estado asuma el "sobreesfuerzo" económico de las comunidades que se declaren saturadas por la acogida migratoria. Tellado pidió a Torres que todos estos compromisos se firmasen por escrito para su implementación en la ley durante el trámite parlamentario. "El Gobierno se ha negado a aceptarlo", insisten en Génova.

El PP puso toda la presión sobre el Gobierno. No sólo Génova, sino también las comunidades autónomas gobernadas por los populares. Muchas de ellas no veían con buenos ojos desde el principio el propio esqueleto de la ley, y se negaban a que el Gobierno tuviese la prerrogativa de forzarles a acoger inmigrantes de forma obligatoria.

El Ejecutivo, consciente de la inminente derrota, quiso poner toda la carne en el asador y aumentar los contactos con el PP. El domingo intercambiaron también mensajes con Tellado, y el lunes citó a la vicesecretaria del PP, Ana Alós, a una reunión telemática, para intentar encontrar una solución. Pero el cerrojazo del PP era firme. En el Gobierno reiteran que ya habían cedido a varias de las condiciones preestablecidas por los populares, como la garantía de que en el reparto participasen todas las comunidades autónomas o la declaración, a futuros, de la situación de emergencia nacional si se daban las condiciones. Génova no se movió en todo el día. "Es insuficiente", insistían una y otra vez distintos portavoces de los populares en los pasillos del Congreso.

Coalición Canaria mantuvo también conversaciones a varias bandas para “forzar las negociaciones hasta el final”, pero sin éxito. Su diputada, Cristina Valido, subrayó la situación de extrema gravedad que viven las islas, donde hay 6.000 menores extranjeros no acompañados esperando a ser reubicados en la Península. "Con toda la tristeza les voy a pedir que sigamos hablando. Yo no puedo llegar a Canarias y decir que no ha prosperado esta ley", rogaba la diputada desde la tribuna de oradores.

Tampoco Junts, socio clave del Ejecutivo, se ha movido del 'no' pese a los intentos del Ejecutivo. Los neoconvergentes ya habían dejado claro a Sánchez que no avalarían la reforma si no se comprometía a exonerar a Cataluña en la acogida de los niños y adolescentes migrantes. "Esta ley ni da tranquilidad ni da seguridad, ni a unos ni a otros. Ningún partido catalán que conozca la realidad de Cataluña puede aceptar esta ley en estos términos", lanzó la portavoz independentista, Miriam Nogueras, en la tribuna del Congreso.

La dirigente solicitó también la retirada de la ley, al tiempo que recordó al Ejecutivo que están "negociando" con Junts la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat. "Cuando eso suceda, hablaremos", advirtió. Pero el 'no' de Junts a la reforma de la Ley de Extranjería no ha sido el varapalo más duro. La formación independentista hizo valer una vez más sus votos y tumbó la senda de déficit del Gobierno, el paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que dinamita los planes de Sánchez de tener las cuentas aprobadas cuanto antes para dar estabilidad a la frágil legislatura.