Moncloa y el PSOE se lanzan contra el juez, pero descartan por ahora frenarle por "prevaricación"

"Caso Peinado". El PSOE considera que la mejor defensa del presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, es un buen ataque contra el juez que investiga el presunto tráfico de influencias y corrupción en la residencia oficial de Moncloa. Los socialistas han dado un giro de 180 grados en su estrategia y ponen el foco en el instructor, Juan Carlos Peinado, al que acusan abiertamente de actuar con el único objetivo de "cargarse a Pedro Sánchez" en "beneficio del PP". De hecho, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, rebautizó ayer la causa judicial como el "caso Peinado" tras conocerse que el juez tomará declaración como testigo al presidente del Gobierno el próximo día 30 en Moncloa. Fuentes de la dirección aseveraron en privado que está cometiendo "una prevaricación de libro", si bien no creen posible fundamentar que el instructor se mueva por una motivación política, que es justo lo que airean.

Si el viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, abrió la veda al denunciar una presunta "persecución política, cruel e inhumana" por parte del juez, este lunes el portavoz socialista habló directamente de que el objetivo es "cargarse" al presidente. "Es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no ganaron en las urnas", afirmó López, quien acusó al PP de "utilizar este caso" para "ver si algún juez se carga a Pedro Sánchez". El portavoz socialista dio por hecho que su jefe responderá a las preguntas del juez Peinado, al recordar que ya se mostró dispuesto a hacerlo si le citaban. Sin embargo, fuentes del partido precisaron luego que eso lo decidirán en Moncloa, y que Sánchez se refirió en su día a que estaría "encantado" de aclararlo todo en la comisión de investigación del Senado.

Pero lo cierto es que la citación judicial para que el jefe del Ejecutivo testifique en la causa abierta contra su mujer pilló al partido por sorpresa y originó una profunda indignación. "Lo que estamos viviendo es demencial, es una perversión", exponen fuentes de la dirección de Ferraz, que insisten en que la causa tiene origen en "denuncias falsas" y "bulos" y por tanto debe ser inmediatamente archivada. "No sé qué hará el partido, pero hay una prevaricación de libro", añaden estas voces, que no aclaran si Sánchez responderá a las preguntas, si intentará hacerlo por escrito, o si se acogerá a su derecho de no declarar.

"No vamos a caer en la trampa de ningún montaje", replicó Patxi López desde el Congreso. "¿Grabar, eso qué es, para ponerlo en Twitter?", cuestionó sobre la decisión del juez de enviar los medios técnicos a Moncloa la víspera para tomar declaración al presidente. Ferraz anticipó que recurrirían esta decisión y la Fiscalía, a última hora de la tarde, confirmó que pedirá la anulación de esta última providencia, al igual que la defensa.

En el PSOE temen incluso que el juez instructor termine por considerar que también existen indicios contra Sánchez y eleve una exposición razonada al Supremo para investigarle. Los socialistas han hecho suyo el concepto de "lawfare" que Podemos introdujo en la política española, al popularizar la idea de que la "ultraderecha" política y judicial persigue a sus rivales desde los tribunales. Y Pedro Sánchez sería la pieza de caza mayor.

Con todo, desde el PSOE alejan la opción de actuar contra el juez mediante una querella por prevaricación o solicitando su recusación, que en este último caso provocaría la suspensión del procedimiento. En todo caso, recuerdan que la "estrategia legal" corresponde al abogado, el exministro Antonio Camacho, de quien resaltan que "ha sido muy pulcro" hasta ahora, al ceñirse a la defensa de sus clientes. El propio abogado descartó el viernes que, "en este momento", se plantee recusar al magistrado pese a que se le acusa de ordenar una "investigación prospectiva".

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Camacho recordó que la recusación tiene unos "motivos tasados", previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que "evidentemente" han analizado. Una de esas razones obliga a demostrar una animadversión del juez -"enemistad manifiesta"- contra Begoña Gómez, por ser esta mujer del presidente. "No es procedente en este momento hacer eso", dijo en declaraciones a la Sexta después de que su clienta se acogiera a su derecho a no declarar como imputada ante el juez, por recomendación suya. El penalista precisó que "lo adecuado" es que "funcione el mecanismo habitual de la Justicia" y confió en que las decisiones del juez instructor sean "revisadas por el órgano superior". Los socialistas insisten en que todo responde a una "cacería" contra Sánchez a través de su mujer, y que ni siquiera se sabe de qué se le acusa.

Como hicieron la semana pasada otros ministros, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, habló ayer de "utilización torticera de las instituciones" por parte de la derecha, aunque aseguró que ninguna maniobra desde los tribunales "impedirá" que Sánchez "siga gobernando para la mayoría social y ampliando derechos". También la titular de Defensa y jueza de carrera, Margarita Robles, arrojó sospechas sobre su colega al aseverar que "los jueces de instrucción deben trabajar siempre con mucha prudencia". "Es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no ganaron en las urnas", concluyó Patxi López justo cuando se cumple el primer aniversario de las elecciones generales del 23-J.

El final de curso político está siendo de pesadilla en Moncloa y en Ferraz. De hecho, el presidente pensaba celebrar el próximo lunes la tradicional comparecencia antes del periodo estival, pero la citación del juez ha trastocado sus planes y está en el aire que Sánchez se vaya a exponer a las preguntas de los periodistas por el caso judicial que afecta a su mujer. Es la primera vez que un juez llama a declarar al presidente del Gobierno en fase de instrucción. Su antecesor, Mariano Rajoy, fue llamado a testificar en el juicio oral del caso Gürtel, por el que el PP acabó siendo condenado, lo que propició la moción de censura que le desalojó del poder. Alberto Núñez Feijóo reclamó ayer la dimisión de Sánchez. Vox, que solicitó el viernes al juez que llamara a declarar al presidente como testigo, lo celebró prometiendo que no descansarán hasta "desalojar de la Moncloa al clan corrupto".

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, salió en defensa de Pedro Sánchez por considerarle víctima de "un caso de lawfare". Sin embargo, como hizo el PNV la pasada semana, señaló que la actuación de su mujer, quien recibió a empresarios en Moncloa, "no está bien" y merece un "reproche moral".