Sánchez debe decidir si declara "en contra" de su mujer y cuándo se lo comunica al juez

La citación de Pedro Sánchez como testigo le sitúa en una encrucijada a nivel judicial y político. El presidente puede decidir no testificar "en contra" de Begoña Gómez por tratarse su mujer, pero, si considera que no va a perjudicarla, responderá a todas las preguntas u optará al menos por la vía intermedia de solo "hacer las manifestaciones que considere oportunas". Tras dos "cartas a la ciudadanía" en las que ha defendido que los indicios contra su esposa no son más que un "zafio montaje" y "un gran bulo", el presidente debe decidir si guarda silencio o atiende el llamamiento del juez Juan Carlos Peinado, que señala que su testifical resulta "conveniente, útil y pertinente".

La defensa de Gómez y la Fiscalía también pueden recurrir su citación como testigo, pero fuentes jurídicas consideran que, al haberse fijado para el martes 30 de julio, no tendría efectos prácticos. Si presentan un recurso de reforma, su resolución dependería del propio Peinado y nada apunta a que vaya a cambiar de opinión. Si van un paso más allá y recurren en apelación pese a tratarse de una citación mediante providencia, su escrito tampoco tendría efecto suspensivo y la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid en principio no llegaría a tiempo. De hecho, este tribunal aún tiene pendientes de resolución otros dos recursos de la Fiscalía y la defensa de Gómez.

En cuanto a la posibilidad de presentar una recusación contra el juez para que sea apartado de la causa, el propio abogado de la mujer de Sánchez, Antonio Camacho, descartó activar esa vía el pasado viernes "de momento". Esta clase de escrito sí podría impedir o, como mínimo, complicar la celebración de la testifical de Sánchez el 30 de julio.

Un interrogatorio en la Moncloa

En el caso de que Sánchez finalmente decida no declarar, la principal incógnita se centra en si podrá comunicárselo al juez por escrito para intentar anular la citación de forma inmediata o, por el contrario, tendrá que esperar al arranque de la comparecencia para hacerlo en persona, lo que le obligaría a enfrentarse a un breve cara a cara.

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Los juristas consultados mantienen posturas distintas respecto a este punto y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no lo concreta: "El juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior [ser cónyuge del investigado] que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el letrado de la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia", establece el artículo 416.

A falta de que Sánchez o la defensa de Gómez muevan ficha, el juez ha puesto en marcha toda la maquinaria para tomarle declaración en su despacho del Palacio de la Moncloa. La LECrim recoge esta posibilidad en el artículo 412, que apunta a dos formas distintas de tomar declaración como testigos al "presidente y los demás miembros del Gobierno".

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Si se trata de hechos sobre los que "tengan conocimiento por razón de su cargo", pueden "informar por escrito". Esta situación ya se dio en el caso Pegasus, en el que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se acogió a esa posibilidad. El magistrado José Luis Calama llegó incluso a sugerirle que lo hiciera por videoconferencia "para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad", pero no surtió efecto.

La segunda forma de tomar declaración al "presidente y los demás miembros del Gobierno" se da cuando no han tenido conocimiento de los hechos "por razón de su cargo". En ese caso, se les interrogará "en su domicilio o despacho oficial", tal y como se ha acordado con Sánchez: el juez ya ha ordenado "la instalación de los dispositivos necesarios" en la Moncloa para grabar la testifical y él mismo encabezará "la comisión judicial" que se desplazará al palacio presidencial el 30 de julio.