Bruselas advierte de la "presión indebida" sobre los jueces por las críticas del Gobierno

La Comisión Europea ha publicado este miércoles su informe anual sobre la situación del Estado de derecho en los países de la Unión Europea. En el caso de España, el Ejecutivo comunitario pasa de puntillas por la ley de amnistía, recordando que la tramitación urgente de la norma ha evitado un mayor nivel de consulta y control público. Entre otros puntos, Bruselas pone el foco en los ataques a los jueces que se están produciendo en Eslovaquia, Italia y España, subrayando que existe "riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos afecten a la confianza pública en la independencia judicial". "En unos pocos Estados miembros (en referencia a estos tres países), existe preocupación por la presión indebida sobre el poder judicial por parte de los políticos o el ejecutivo, y también hay pruebas de presiones procedentes de terceros países", aunque esta última referencia está dirigida a Lituania, que aparece también en el mismo párrafo, advirtiendo de las amenazas que llegan desde Rusia.

Aunque Bruselas admite que "los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio" señala que "la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, habida cuenta de su papel especial en la sociedad". El informe subraya que "ha habido declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones de jueces han alertado en repetidas ocasiones sobre dichas declaraciones, tanto cuando criticaban decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto", explica la Comisión Europea en su informe, haciendo referencia a algunas críticas por parte de miembros del Ejecutivo hacia determinados jueces, especialmente en el marco de la investigación alrededor de las actividades de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. "La lesión de esta confianza (en la independencia judicial) es especialmente relevante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial", añade la Comisión Europea en el capítulo dedicado específicamente a España.

Además, la Comisión celebra que se haya llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo bloqueo ha sido el protagonista de los informes de los últimos años. Bruselas toma nota de que el Partido Popular y el PSOE, con la mediación del Ejecutivo comunitario, acordaron "iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas". En todo caso, la Comisión no suelta la presa. Aunque desde el Gobierno se señaló que no había un compromiso cerrado para reformar el modelo de elección, sino para estudiar si se podía mejorar, el Ejecutivo comunitario apunta a que hay que terminar el trabajo que se comenzó: "Sobre la base del acuerdo de 25 de junio de 2024, ultimar la renovación del Consejo de la Justicia y avanzar en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los Consejos de la Justicia".

Entre sus recomendaciones, la Comisión Europea señala que el Gobierno debe "seguir reforzando el estatuto del Fiscal General del Estado, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía", siguiendo así con una recomendación tradicional de Bruselas para el Ejecutivo español. Los técnicos comunitarios admiten que se han hecho "algunos avances en el refuerzo del estatuto" con la prevista reforma del estatuto que excluirá a personas que "hayan ocupado cargos políticos en los últimos años y evitará que el Fiscal General actúe en casos que le afecten personalmente", Ese compromiso formaba parte del acuerdo que cerraron respecto al CGPJ Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Esteban González Pons, vicesecretario Relaciones Institucionales del Partido Popular.

Sobre la ley de amnistía la Comisión Europea tiene mucho cuidado. Habla de una norma que ha sido "objeto de una gran controversia en España" por "las circunstancias políticas que rodearon su proceso de adopción y su contenido", pero se limita a señalar que tras solicitar algunas clarificaciones al Gobierno el Ejecutivo comunitario sigue analizándola. Ya se contaba con que Bruselas no daría el resultado de su análisis como parte del informe anual. La Comisión se limita a recordar la opinión de la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa (una institución que no forma parte de la UE pero que sirve de referencia a la Comisión en el establecimiento de estándares de independencia judicial), subrayando que la opinión de Venecia "destacó el hecho de que la propuesta legislativa se presentara en virtud de un procedimiento de urgencia, que sólo permitía una consulta limitada al público". "La Comisión de Venecia subrayó la importancia de dar tiempo y espacio para la consulta sobre este tipo de legislación y los beneficios que se obtendrían si la legislación contara con el apoyo de una mayoría reforzada en el Congreso", explica Bruselas en su informe.