El PP prevé recurrir al TC la enmienda que despoja al Senado del veto al techo de gasto

El Partido Popular estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para suspender la "enmienda intrusa" que el Gobierno coló este martes en la ley de paridad para arrebatar al Senado la prerrogativa de tumbar el techo de gasto del Ejecutivo, paso previo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pese a la "desconfianza" manifiesta en el órgano de garantías, en la dirección del PP ven opciones de éxito por la existencia de jurisprudencia que avala la inconstitucionalidad de incluir enmiendas en textos legislativos que nada tiene que ver con el objeto de la ley en tramitación.

En efecto, la ley de representación paritaria entre hombres y mujeres, procedente de una directiva europea de obligada trasposición, fue el escaparate que usó el Gobierno para introducir una enmienda para reformar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permitía la devolución al Gobierno de los objetivos de déficit si el Senado no daba luz verde. Se da la circunstancia de que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, por lo que, hasta ahora, tenía en sus manos la tramitación de las cuentas públicas y, por tanto, la viabilidad de la legislatura.

La enmienda establece que si la senda de déficit es aprobada en el Congreso pero posteriormente se rechaza en el Senado, el texto se devuelve a la Cámara Baja para su ratificación definitiva por mayoría simple, como sucede con la mayoría de trámites parlamentarios. Con la antigua legislación, inspirada por el exministro Cristóbal Montoro en 2012, si la Cámara Alta tumbaba el texto el Gobierno estaba obligado a enviar un nuevo marco en el plazo de un mes. Con las actuales mayorías en Congreso y Senado, el bloqueo presupuestario estaba prácticamente garantizado.

La ley de paridad, con la polémica enmienda incluida, se aprobó definitivamente en el macropleno del pasado martes. El PP tiene ahora un plazo de tres meses para pedir amparo al TC. Pero la urgencia desapareció por el nuevo varapalo que sufrió Sánchez a manos de Junts. El jefe del Ejecutivo quiso matar dos pájaros de un tiro en el cierre del curso parlamentario aprobando la senda de déficit —paso previo a los Presupuestos— en el Congreso y eliminando, además, el obstáculo del Senado en la aprobación del marco presupuestario.

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El plan hubiese permitido a Sánchez llegar a septiembre con los deberes hechos para dar luz verde a las cuentas públicas de 2025. Pero Junts volvió a cruzarse en su camino y le recordó que la gobernabilidad pasa por sus siete votos. A pocas horas de la votación, los independentistas anunciaron que tumbarían la senda de déficit, una noticia que la Moncloa recibió con sorpresa y estupefacción.

El órdago de los independentistas fuerza al Gobierno a presentar a contrarreloj unos nuevos objetivos presupuestarios del gusto de Junts, y da también margen al PP para esbozar su posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para preservar las competencias del Senado en materia presupuestaria. Los populares quieren intentar dar una batalla clave, primero por el carácter "inconstitucional" de la enmienda; y segundo porque de que prospere o no depende tener en sus manos la aprobación de los Presupuestos y, por tanto, la perdurabilidad de la legislatura.

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El TC ha dibujado otros precedentes a los que el PP se aferra. El ejemplo más claro se produjo en 2011, cuando el órgano de garantías avaló un recurso de amparo que el PSOE presentó en 2003 para frenar la intención de José María Aznar de legislar mediante enmiendas instrusas y tipificar el delito de convocatoria de elecciones ilegales o de referéndums para frenar el Plan Ibarretxe a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje.

También en 2022, el Constitucional suspendió la tramitación de dos enmiendas que el Gobierno de Sánchez había intentado colar en polémica proposición de ley que eliminaba el delito de sedición y reformaba el de malversación para favorecer a los encausados del procés. En concreto, el Ejecutivo quiso rebajar la mayoría de tres quintos necesaria para que el CGPJ desbloquease dos nombramientos en el propio Tribunal Constitucional por el bloqueo que existía en ese momento en el órgano de gobierno de los jueces.

PP y Vox recurrieron ante el órgano de garantías por "fraude de ley", y este lo avaló. En diciembre de ese mismo año, el TC dio la razón al PP y anuló también un precepto de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno introdujo para permitir a País Vasco asumir la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional.

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La del veto del Senado al techo de gasto no fue la única enmienda que el Gobierno coló en el macropleno del pasado martes. El decreto anticrisis, que sí recibió el visto bueno de la Cámara Baja, incluía una disposición derogatoria única para suprimir el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que reforzaba la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales presentan cuestiones prejudiciales ante la Justicia Europea y, por tanto, permitía paralizar la aplicación de amnistía.

El PP no ha estudiado aún las posibles acciones legales porque en este caso no se trata de una enmienda, sino de una disposición, por lo que los cauces legales podrían ser otros. Lo que sí prevén es presentar una cascada de recursos ante el TC contra la ley de amnistía. Lo harán a nivel partido, a través de su grupo parlamentario en el Congreso; y el resto de las comunidades autónomas gobernadas por los populares.