Los conservadores del CGPJ venderán caros sus votos para una presidencia progresista

Las magistradas progresistas Pilar Teso y Ana Ferrer parten como favoritas para hacerse con la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo. El pleno volverá a reunirse el próximo martes y el elegido necesita recabar el apoyo de 12 vocales, por lo que deben convencer a al menos dos conservadores. Según advierten las fuentes consultadas, esa posible cesión se ve marcada por la posterior negociación sobre los más de 90 nombramientos que el CGPJ deberá realizar para los puestos más importantes de la judicatura.

El PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para la renovación del CGPJ el pasado 25 de junio. Tras cinco años con el órgano en funciones, diez de los nuevos vocales fueron elegidos por los socialistas y los otros diez por los 'populares', pero no cerraron un nombre para la presidencia. La elección del nuevo presidente romperá ahora ese empate, y cada vocal pudo proponer un candidato durante la sesión constitutiva que se celebró este jueves. Finalmente, los progresistas pusieron tres nombres sobre la mesa y los conservadores otros cuatro.

Teso forma parte de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Ya fue candidata en 2013, su nombre sonó con fuerza en la negociación fallida de 2020 y este jueves volvió a figurar entre los siete propuestos. Ferrer pertenece a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y formó parte del tribunal del procés, desmarcándose este mismo mes de la decisión de sus compañeros de que la amnistía no resultaba aplicable al delito de malversación por el que se encuentra procesado Carles Puigdemont. "Lo que no podemos los jueces es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma", criticó en su voto particular.

En cuanto a los candidatos propuestos por los conservadores, las mismas fuentes destacan el apoyo mayoritario de este bloque al también magistrado de la Sala de lo Penal Antonio del Moral, aunque reconocen que la candidatura de Pablo Lucas, de la Sala de lo Contencioso, puede tener mayor recorrido. Se le considera progresista y redactó, entre otras, la resolución que dio el visto bueno a la exhumación de Francisco Franco. Si se trata de convencer a miembros del otro bloque, Lucas puede allanar el camino.

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Las otras dos candidatas de los conservadores, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba, en principio tienen menos posibilidades. Lo mismo ocurre con Ángeles Huet, propuesta por los progresistas. El martes se irá eliminando en cada ronda al candidato que obtenga el menor número de votos, llegando así a un momento en el que solo queden dos. Si ninguno lograse los 12 votos, cabría entonces convocar un nuevo pleno. De ser elegida una mujer, sería la primera presidenta del Poder Judicial.

Nombramientos de la cúpula judicial

Esa exigencia de alcanzar un apoyo de tres quintos del pleno y el posible paso atrás de los conservadores marcará el modo en que se desbloquea después el alud de nombramientos para los altos tribunales. Entre ellos, el Supremo, que, con una plantilla de 79 magistrados, podrá cubrir las 26 vacantes que acumula. Su falta de efectivos resulta insostenible en la Sala de lo Contencioso y en la de lo Social, pero los nuevos nombramientos también cambiarán la composición de otras dos: la del 61 y la de Gobierno. Ambas son fundamentales.

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La Sala del 61 es la encargada de resolver los conflictos de competencia entre los juzgados y los intentos por apartar a algunos de sus magistrados de las deliberaciones. También lleva las riendas de la instrucción y enjuiciamiento de causas que afecten a los presidentes de Sala o a la mayoría de jueces de una en concreto, así como del conocimiento de un posible error judicial por parte del tribunal. Está formada por el presidente del Supremo, los cinco presidentes de Sala y los magistrados más antiguo y más reciente de cada una de ellas. Entre los puestos pendientes de nombramiento, destacan los seis primeros, con excepción de la presidencia de lo Penal, que dirigirá el magistrado Manuel Marchena hasta el próximo noviembre. Además, la renovación del CGPJ conllevará la entrada de los últimos cinco magistrados en llegar al Supremo.

Esta cascada de designaciones afectará a su vez a la Sala de Gobierno, entre cuyas competencias se encuentra, por ejemplo, la de aprobar las normas de reparto de los asuntos que entren. El presidente del Supremo, los presidentes de Sala y cinco magistrados elegidos por sus compañeros del alto tribunal componen la misma.