Primer pulso en el nuevo CGPJ: riesgo de bloqueo para elegir a su presidente

El nuevo Consejo General del Poder Judicial apenas ha echado a andar y se enfrenta ya a una primera votación de alta tensión que puede, incluso, desembocar en un bloqueo. Los 20 vocales recién estrenados se reunirán este martes con la tarea de elegir al nuevo presidente o presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. Las mayorías reforzadas provocan, sin embargo, que cada uno de los dos bloques necesite el apoyo de dos integrantes del contrario para que este nombramiento, de la máxima importancia para marcar los próximos cinco años de mandato, salga adelante.

El CGPJ está formado por 10 vocales designados a propuesta del PP y otros 10 que propuso el Gobierno. La pasada semana, en su primera toma de contacto, los 20 miembros se reunieron para proponer candidatos a presidente. Siete magistrados del Tribunal Supremo aspiran al cargo, cuatro de ellos a propuesta de los conservadores y tres de los progresistas. Estos últimos prevén apoyar a Pilar Teso o Ana Ferrer, de acuerdo con la aspiración de que, por primera vez, sea una mujer la que lleve las riendas del TS. El otro sector quiere alcanzar un acuerdo de consenso con la principal preocupación de que la persona elegida sea independiente al margen de su signo político y de su género. De las dos mujeres y dos hombres sugeridos, el perfil al que dan más opciones es el de Pablo Lucas, progresista y de reconocido prestigio en el alto tribunal. Este bloque se resiste a apoyar a las dos magistradas preferidas por los progresistas. El otro no da opción -de momento- a otras posibilidades. Las fuentes consultadas hablan ya de "preocupación y decepción".

Así las cosas, la cita de este martes se centrará en medir las posibilidades de acuerdo. En caso de que sean escasas, la decisión se alargará de forma indefinida. Eso viene provocado por el sistema acordado para elegir. Además de Teso, Ferrer y Lucas, los 20 vocales propusieron a los magistrados Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ángeles Huet y Carmen Lamela. Se fijó, como regla fundamental, que este listado no pueda ampliarse de forma que, obligatoriamente, la próxima presidencia tendrá que recaer en uno de esos siete nombres.

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En una primera ronda, y siempre que ninguno de los candidatos consiga agrupar el apoyo del número mágico de 12 -los tres quintos-, saldrán del bombo de forma progresiva los aspirantes que menos votos recaben. Cada vocal expresará frente a los demás su elección y, en cada votación, irá quedando para la siguiente un nombre menos hasta llegar a dos.

El bucle del bloqueo

Es ahí, en ese punto crítico, cuando el sistema se arriesga a entrar en un bucle que lleve al bloqueo. En el caso de que ninguno de los dos aspirantes finales logren el respaldo necesario, todo volverá a empezar desde el principio. Los vocales volverán a pronunciarse de nuevo sobre los siete candidatos iniciales en busca del acuerdo final sobre el definitivo.

A pesar de todo, el tono de la sesión constitutiva celebrada hace unos días demuestra que la intención de todos, sean de un bloque o del contrario, es la de pactar y trabajar en busca del acuerdo. Todos los vocales son conscientes de que vienen de una situación de gangrena que se prolongó cinco años y que quieren evitar. En el caso de que el acuerdo no sea sencillo, trabajarán para alcanzar el complicado. Los méritos de los candidatos pueden ser uno de los baremos a tener en cuenta.

El acuerdo de renovación se alcanzó el 25 de junio y la propuesta de diez miembros por cada partido y de obligación de que los nombramientos de más calado se adopten por una mayoría reforzada de tres quintos se pactó como seguro de la necesidad de negociar sin que ninguna de las partes funcione como rodillo de la otra. El cambio buscaba, precisamente, superar la división entre progresistas y conservadores y forzar consensos. La primera prueba de la fiabilidad del sistema ya está aquí.

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De los siete candidatos, tres proceden de la Sala de lo Penal del TS. Ana Ferrer y Antonio del Moral y Carmen Lamela pertenecen a la Sala de lo Penal. Tanto Ferrer como Del Moral formaron parte del tribunal del procés y ella se desmarcó de sus compañeros este julio al considerar que el delito de malversación no se debería haber excluido de la amnistía, lo que hubiese permitido aplicar la ley a Carles Puigdemont. Lamela también participó en el procés, pero en su etapa como magistrada en la Audiencia Nacional.

La magistrada Pilar Teso (una de las preferidas de los progresistas) forma parte de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y su nombre ya sonó con fuerza en la negociación fallida para renovar el CGPJ en 2020. Pablo Lucas también procede de esta Sala y desde 2009 asume el control judicial del CNI. Entre las últimas sentencias en las que ha ejercido como ponente, destaca la de noviembre de 2023, que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Tanto él como Teso participaron en el tribunal que en 2019 avaló por unanimidad la exhumación de los restos de Francisco Franco.