Pedro Sánchez se querella por prevaricación contra el juez del caso Begoña Gómez

La Abogacía del Estado ha presentado este martes, en nombre del presidente del Gobierno, una querella por prevaricación dolosa contra el juez que instruye la causa sobre las actividades profesionales de su esposa, al considerar que ha incurrido en irregularidades en su citación como testigo en Moncloa. Según defiende la querella, la testifical se acordó en base a una "aplicación incorrecta de la ley" y el magistrado abusó, para ello, de sus funciones. Asegura que el instructor ha actuado de forma incorrecta al citarle como marido de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno.

Para Sánchez, el juez Peinado ha omitido "de manera consciente y deliberada las garantías procesales propias de la declaración de un presidente del Gobierno". Para armar este argumento, el texto desarrolla los principales pasos del procedimiento hasta llegar a la polémica declaración, que ha tenido lugar hace solo unas horas. Apunta que, desde el inicio, el magistrado ha vinculado "la presunta actividad delictiva" de Begoña Gómez a su relación directa con el presidente, es decir, a la "condición profesional, que no personal" de Sánchez. Sin embargo, la citación ha obviado que es presidente para situarle solo como cónyuge. Con ello, el juez forzaba una declaración presencial y evitaba que pudiera acogerse a la prerrogativa de testificar por escrito, insinúa.

La Abogacía defiende que el magistrado obvió su condición de presidente para fijar su declaración como testigo, que quedó definida como una declaración testifical en calidad de marido. Ve en esta acción una prevaricación dolosa ya que la citación "no puede ser imputada a la falibilidad humana, sino al abuso de las funciones del juez". En estos supuestos la disfunción no es imputable al sistema, sino al juez, y es en estos casos donde se hace necesaria las exigencias de responsabilidad penal del juez como "correlato o contrapeso que garantiza la libertad de responsabilidad y, de esta manera, la independencia", dice la querella.

En la reclamación también se queja de que pese a que Sánchez remitió una carta en la que subrayaba su derecho a declarar por escrito y a la existencia de varios recursos aún no resueltos, entre ellos dos de la Fiscalía, el juez continuó adelante con sus pretensiones. Durante la declaración, que duró apenas dos minutos, Sánchez se acogió a la dispensa de no declarar como cónyuge de la investigada.

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También considera abusivas las medidas técnicas que ordenó el Juzgado para registrar la comparecencia. "Un equipo técnico y policial se personó en Moncloa con el ánimo de desarrollar un sistema que permitiera la videograbación y videodifusión", precisa para a continuación denunciar que la difusión no es precisa y menos "en un entorno de máxima seguridad nacional". Insinúan, por último, que la grabación se filtrará. "Lo veremos a buen seguro en breve", dice.

La querella se refiere al delito de prevaricación dolosa castigada con penas de prisión cuando la resolución injusta que se atribuye al magistrado denunciado es una sentencia. En el resto de casos, el Código Penal prevé penas de inhabilitación y multa. El encargado de resolver la cuestión será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el que está aforado el juez, que ejerce en esta comunidad autónoma.

"No es un ataque a los jueces"

El escrito se preocupa en resaltar que la querella no supone un ataque al poder judicial, sino al "intento de alejamiento" del correcto ejercicio de uno de sus representantes que ha incurrido -dice- en una "arbitrariedad proscrita constitucionalmente" respecto al máximo representante de otro poder, el Ejecutivo. También se cuida en destacar que no se atenta contra la independencia judicial. La acción de Peinado no puede atribuirse "al sistema" sino solo a él, agrega.

Respecto al dolo, es decir, al hecho de que según la tesis de la Abogacía, Peinado actuó a sabiendas de que su proceder era injusto, la querella indica que "basta con que el juez sepa que la resolución no es conforme a derecho" y que ha llegado a decidirla sin emplear "los métodos usuales de interpretación, sino imponiendo su propia voluntad".

La Abogacía insiste en que "no cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, es la condición de presidente del Gobierno del marido de la investigada". También pone de manifiesto que la decisión del juez supuso una falta de respeto a una de las instituciones representativas del país. A Peinado, concluye, le ha faltado "mesura" para evitar resoluciones que, como esta, "pueden influir en el devenir político de un país".