La operación Ballena Blanca alcanza a los Ayuntamientos de Manilva y La Línea

La llamada ‘Operación Ballena Blanca’ ha terminado salpicando a varios ayuntamientos de las provincias de Málaga y Cádiz. Se trata de los municipios de Marbella, Manilva y La Línea de la Concepción.

En el caso de Marbella, la Policía investiga las conexiones de uno de los notarios implicados, Álvaro Rodríguez Espinosa, con el ex gerente de Urbanismo municipal y antiguo brazo derecho de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, urdidor de los más de 600 convenios urbanísticos de la era GIL(1991-2003), que ha amasado un importante patrimonio que algunos cifran en más de 100 millones de euros, siendo cautos.

Dichas conexiones se centran en los testaferros habituales de Roca con el fedatario público, quien abandonó su plaza de Marbella en 2000, tras llegar en 1994, para ir a un destino que proporciona menores ganancias como es Granada. Desde 2000, la antigua notaría de Rodríguez Espinosa, un suntuoso ático de más de 500 metros cuadrados situado en pleno centro de la ciudad es ocupado por los testaferros de Roca en régimen de alquiler.

Allí, en esa antigua notaría, se asientan dos de las empresas a través de las cuales Roca canaliza sus inversiones y gestiona su patrimonio. Se trata de Maras Asesores S.L. y Helioponto Marbella S.L. Ambas, administradas por Salvador Gardoqui, principal testaferro de Roca junto a Oscar Benavente Pérez.

Entre la diversa documentación incautada por la Policía al entonces gerente de Urbanismo, en abril de 2002, poco antes de su ingreso en prisión preventiva por el llamado ‘caso saqueo1’ por presunta malversación de 30 millones de euros de las arcas municipales, aparecieron anotaciones de Roca sobre dicho notario.

Conviene destacar que la procuradora del Ayuntamiento de Marbella, Irene Molinero, sobrina de Jesús Gil, que trabaja de forma casi exclusiva para el Consistorio, colabora activamente en la defensa del fedatario público, en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

Otro punto candente se centra en el Ayuntamiento de Manilva. Allí, la red de blanqueo liderada por Fernando del Valle vendió suelo por valor de 160 millones de euros a cuatro promotoras que se habían unido para tal fin en octubre de 2004.

El ciudadano finlandés Aki Johannes Kujala, uno de los diez integrantes de la trama ingresados en prisión, figura en sociedades creadas por Del Valle y fue el vendedor de la finca La Parrala, de 1,3 millones de metros cuadrados, a las promotoras Prasa, ÑXXI, Noriega, Alter y Nozar, para la construcción de 3.000 viviendas de lujo.

Por si lo anterior fuera poco, se da la circunstancia de que Francisco Calle, cuñado del alcalde de Manilva, Pedro Tirado, figura en una sociedad junto a Aki Johannes Kujala, quien posee una agencia de publicidad en Marbella, denominada Absolute Media.

El tercer frente informativo de la operación Ballena se sitúa en La Línea de la Concepción (Cádiz). Allí, la esposa del alcalde, Juan Carlos Juárez ( PP) y varios ediles de la Corporación linense poseen viviendas en las urbanizaciones de La Alcaidesa, promovidas por el principal implicado en la trama, Fernando del Valle y Pierre Elbaz, otro de los implicados en prisión.

Nota de la Redacción:

Javier del Valle Sánchez, del despacho de abogados Del Valle Abogados, ha remitido una notificación a El Confidencial en la que afirma que “con motivo de la importante operación policial llevada a cabo en Marbella persiguiendo una red internacional de blanqueo de dinero presuntamente creada por el abogado de origen chileno Fernando del Valle Vergara, la mayor parte de medios informativos, incluido el de su digna mención, se están refiriendo al despacho del citado Sr. como Del Valle Abogados”.