Griñán desata una guerra del agua contra las comunidades del PP

El Guadalquivir no es sólo un referente ecológico y literario, sino también un caudal de dinero que se traduce en el valor del agua. Con esta idea, la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, trata de explicar la batalla que quiere librar el Gobierno de Griñán por el control del río; el inicio de una guerra del agua que, al igual que la de Castilla-La Mancha con Murcia, implique además de a estas dos comunidades, que tienen relación con la cuenca, a Extremadura. Es decir, las autonomías gobernadas por el PP frente al bastión socialista andaluz… Y todo ello como un regalo envenenado para el futuro inquilino de la Moncloa, que sería quien tendría que resolver el agravio.

El Guadalquivir ha entrado en el Parlamento andaluz como un tsunami electoral. El PSOE-A, con Griñán a la cabeza, quiere enviar al Congreso un proyecto de ley para que Andalucía tenga competencias casi exclusivas sobre el río. Esta propuesta tiene el apoyo de IU, cuyo líder, Diego Valderas, aún pide más: que Andalucía se levante para defender su río como patrimonio propio e intransferible. Y el PP de Javier Arenas, que ya ha conseguido que se acepte pedir un informe al Consejo Consultivo sobre el asunto, sabe que esta nueva batalla apunta a dos objetivos: el futuro Gobierno de Rajoy, que sería quien tuviera que resolver la cuestión, si gana las elecciones -el PSOE andaluz parece ya dar por perdido a Rubalcaba-, y las comunidades donde el PP ha llegado al poder en el Sur de la Península: Extremadura y Castilla-La Mancha, además de Murcia, todas ellas con intereses en la cuenca.  

Monago ‘pasa’ de guerras 

El presidente popular de Extremadura, José Antonio Monago, ya ha dicho que el Guadalquivir “es cosa juzgada”, es decir, que tras la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el control exclusivo de la cuenca del río por parte de Andalucía no hay nada más que hablar. Y los presidentes María Dolores de Cospedal y Ramón Luis Valcárcel hacen oídos sordos a la batalla que Griñán plantea, conscientes como son de que las guerras sobre el agua las carga el diablo y ellos en sus comunidades, gobernadas ahora por el mismo partido (PP), van a tener que reconducir la marea que animaron José Bono y José María Barreda con el Tajo-Segura cuando eran presidentes de Castilla-La Mancha. 

Tanto el PSOE-A como sus socios de IU, tratan de convertir el Guadalquivir en un motivo identitario al que enganchar un movimiento autonomista frente al enemigo externo, el futuro gobierno de Rajoy. Andalucía lleva décadas ya sin moverse por elementos identitarios y, a pesar de la parafernalia con que se quieren envolver desde la oficialidad los actos relacionados con las conmemoraciones autonómicas, los problemas económicos y laborales marginan cualquier componente político como puede ser el autonomista. 

El sector agrario quiere eficacia y amenaza con los tribunales 

Frente a la batalla política que se libra en torno al Guadalquivir, los colectivos de regantes y los ecologistas lo tiene claro: quieren que las competencias vuelvan de hecho a la Confederación Hidrográfica, dándose así cumplimiento a lo estipulado por el Tribunal Constitucional. El resorte que mueve a estos colectivos -y el de regantes forma parte de lo que la consejera Mar Moreno considera el plano económico del río-, es la ineficacia que ha demostrado la Junta durante el tiempo en que ha tenido la cuenca bajo su control, primero esperando la decisión del Constitucional y después por una encomienda temporal del Gobierno central. En este tiempo se han perdido más de mil millones de euros de inversión y los problemas se han multiplicado. 

Asaja, uno de los colectivos más activos en la petición de que se devuelvan las competencias a la Confederación, se ha mostrado incluso dispuesta a llevar a la Junta a los tribunales si no acata la decisión del Constitucional. Pero, en todo caso, el limbo en el que se ha desarrollado la gestión del río en los últimos años puede dar origen a una cadena de recursos y demandas de los agricultores y otros colectivos relacionados con el cauce del río, que entienden que esas decisiones, como confirmó después el Constitucional, se adoptarán.