La Cámara de Cuentas ya denunció ilegalidades de Invercaria en créditos y personal

La empresa pública andaluza de capital riesgo Invercaria no se ajustó a la legislación en la concesión de sus créditos ni en la contratación de personal, según se refleja en el informe realizado por la Cámara de Cuentas. Asimismo, este órgano fiscalizador pone de relieve que parte de los gastos realizados por el anterior presidente, Tomás Pérez-Sauquillo, con su tarjeta Visa corporativa, no estaban justificados, y aunque posteriormente se presentaron recibos, facturas y correos, tendrá que devolver más de mil euros a la empresa, sobre los que no se ha podido justificar su destino.

Al margen del enfrentamiento político que ha provocado el escándalo de Invercaria, en el que José Antonio Griñán asegura ya que él no nombró a la presidenta dimitida Laura Gómiz (pero sí la promocionó), los datos son tozudos y en el informe realizado por la Cámara de Cuentas no dejan lugar a dudas. La auditoría corresponde al ejercicio de 2009, cuando el presidente de la empresa era Tomás Pérez-Sauquillo, y es el que presuntamente quiso justificarse ante este órgano fiscalizador con informes falseados en las fechas que el director de Promoción, Cristóbal Cantos, se negó a hacer en una conversación grabada y aportada al juzgado.

Una empresa de la Junta que incumple la ley de la Junta

En concreto, el informe de la Cámara de Cuentas asegura que el procedimiento que se seguía para la contratación de personal “no iba precedido de convocatoria pública ni se realizaba de forma que garantizara los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Como consecuencia de esta discrecionalidad, había incluso tres personas que cobraban de Invercaria sin que ni siquiera aparecieran como trabajadores de la empresa. Y se daba el caso de que una empresa pública de la Junta, como es Invercaria, incumplía el artículo 77 de la ley 9/2007 de 22 de diciembre de la propia Junta de Andalucía, además de incumplir el Estatuto de Trabajadores, ya que en algunos casos, al ser empleados cedidos, no llegaban a Invercaria a través de empresas de contratación temporal.

Por lo que se refiere a la concesión de créditos, la principal actividad de Invercaria, que podía prestar dinero o participar en el accionariado de las empresas, observa también importantes irregularidades. En este sentido, el ente fiscalizador asegura, que a pesar de que los créditos concedidos por Invercaria eran participativos, no cumplían los requisitos del Real Decreto 7/1996, porque se concedían a un tipo de interés Euribor + 0,5. La Cámara de Cuentas, que hace un detallado análisis de lo que son los préstamos participativos y las condiciones a las que tienen que ajustarse, advierte de que muchos de los créditos concedidos por Invercaria están fuera de la ley.

Facturas de restaurantes no aclaradas

Entre el exhaustivo informe que emite el órgano fiscalizador, tiene una especial importancia la figura del presidente de Invercaria en el momento de los hechos, de quien se asegura que no ha justificado los gastos que en concepto de representación había hecho con la tarjeta Visa corporativa que utilizaba. Así, según el informe, en el caso de Tomás Pérez-Sauquillo, a quien Laura Gómiz hace alusión en la grabación insinuando que también bajo su gestión se podrían haber hecho cosas no ajustadas, “prácticamente la totalidad de los pagos pagados con la tarjeta VISA se corresponden con facturas de restaurantes”.

La Cámara advierte de que Invercaria ha presentado parte de las facturas de esos gastos, pero no ha podido justificar que corresponden a actividades relacionadas con la empresa. Esta circunstancia tiene una derivada fiscal, ya que en el caso de que ese dinero gastado con la tarjeta se considerase pago en especie al presidente de la empresa, el hecho tendría una repercusión fiscal en sus ingresos que como tales han de ser declarados a Hacienda.

Posteriormente y ya en el curso de las alegaciones, Invercaria presenta hojas de cálculo, facturas e incluso correos electrónicos del presidente auditado, aunque aún así reconoce que hay 1.902,78 euros que no puede justificar de ninguna manera y que por tanto va a tener que reponer Pérez-Sauquillo en las arcas de la empresa.