Caso ERE: una década de Gobierno andaluz hace el paseíllo y se sienta en el banquillo

Los primeros en acceder a la Audiencia, en los juzgados del Prado de San Sebastián (Sevilla), han sido la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exviceconsejero Agustín Barberá. En el mismo coche han llegado la exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías. El exconsejero José Antonio Viera ha precedido en la entrada al expresidente Manuel Chaves. Apenas un par de minutos más tarde le seguía su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán. Ambos han dado los buenos días con semblante tranquilo pero han declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación. Los acusados se enfrentan a penas de inhabilitación o cárcel por prevaricación y malversación en la mayorías de los casos.

A cuarenta minutos del inicio del juicio, entraron también los exconsejeros Antonio Fernández y Francisco Vallejo. El desfile tuvo el oscuro de los trajes de chaqueta de los abogados, con abrumadora mayoría masculina, como color predominante. El último de los 22 imputados en acceder a la Audiencia fue el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien directamente administraba las ayudas bajo sospecha. Mientras apuraba un pitillo antes de entrar se dirigió a los medios con una sonrisa y dijo de forma medio audible: "Con frío" o "Confío". No hubo unanimidad entre los periodistas sobre sus palabras.

Con retraso sobre el horario previsto, hasta media hora después de las diez, comenzó el juicio del caso ERE en la Audiencia de Sevilla. El primero en sentarse fue Chaves, a su izquierda Griñán y después Zarrías y Viera. El banquillo ha sido sustituido por sillas negras. Al otro lado del pasillo, en primera fila, Álvarez, Aguayo y Vallejo. El rostro de todos era muy serio mientras esperaban el comienzo del juicio. Quienes tuvieron mayor poder político ocupan la primera fila. El juez Juan Antonio Calle tomó la palabra por vez primera a siete minutos de las once de la mañana.

Como detalle, la precariedad de las instalaciones judiciales en Sevilla ha provocado que no haya disponibles servicios para la sala porque, según fuentes del TSJA, no han podido instalarse a tiempo los sanitarios.

Opinión

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Presos políticos de los ERE

Javier Caraballo

La primera pieza que será juzgada sienta en el banquillo una década de socialismo en Andalucía y a la que fue la cúpula política del Gobierno autonómico. El llamado procedimiento específico o pieza política analiza el sistema con el que la Junta de Andalucía repartió durante una década un total de 741 millones de euros, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. No todo ese dinero se defraudó. Hay más de 6.000 prejubilados que siguen cobrando sus ayudas. Hay 126 intrusos imputados, personas a las que no correspondía la prejubilación, y el montante estimado del fraude es de 12 millones de euros. Añadiendo la pieza de sobrecomisiones de las aseguradoras que suscribieron las pólizas y las ayudas directas a empresas, el presunto fraude podría ascender a 161 millones de euros.

Pasados tres días de cuestiones previas está previsto que a partir del 9 de enero, aunque caben retrasos, arranquen los interrogatorios a los 22 imputados. Los procesados políticos sólo se sentarán en el banquillo una vez y no en cada una de las casi 200 piezas, por cada ERE financiado con dinero público, que serán juzgados.

Desde que arrancó su instrucción en 2011 la juez Mercedes Alaya, que como anécdota entró en el edificio de la Audiencia, donde ocupa un despacho en la tercera planta, minutos después de que accediera el último de los procesados, dejó claras sus intenciones de llegar a la "cúspide de la pirámide" política de lo que consideró un sistema de ayudas ideado para mantener un régimen clientelar, beneficiando a afines al poder socialista.

Los acusados siempre han negado tener conocimiento del fraude aunque no han ocultado el carácter discrecional de las ayudas. Ese sistema "inadecuado" e "improcedente", según la Fiscalía, se basaba en las transferencias de financiación, que desviaban la partida del 31.L a las empresas públicas IFA y después IDEA, que se encargaban de pagar las pólizas de prejubilados y las ayudas directas a empresas en crisis. Ese sistema, que el poder socialista siempre ha justificado asegurando que se trataba de dar más agilidad al proceso en un momento crítico de crisis económica, permitía eludir la fiscalización previa de la Intervención.

El PSOE defiende la "honestidad" y "honorabilidad" de los expresidentes y deja claro que ni hay enriquecimiento ilícito de los acusados ni financiación ilegal del PSOE. A pocos metros de la Audiencia de Sevilla está el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, pocos imaginaban que pasarían de uno a otro edificio. Hoy una década de poder socialista en Andalucía se sienta en el banquillo de los acusados en una estampa que sin lugar a duda sacude los cimientos del Gobierno andaluz y del PSOE en la comunidad.