El exinterventor, clave en los ERE, cambia de versión y niega sus denuncias más graves

El exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, que se convirtió en una pieza clave en el caso de los ERE, ha cambiado ante el juez la versión que venía manteniendo hasta el momento en las 24 horas, según el mismo sumó, que ha pasado ante la Policía Judicial, el juzgado y el Supremo. Incluso matizando las afirmaciones recogidas en algunos de los 15 informes emitidos durante su etapa en el cargo, en los que alertó de que las ayudas se dieron sin ajustarse a ninguna norma, y enmendado a los peritos de la Intervención General del Estado.

Ahora el exinterventor asegura que "con los ojos de hoy" no afirmaría aquello de que las ayudas se concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido" porque no cree que las ayudas de los ERE debieran regirse por la ley de subvenciones sino por la orden del Ministerio de Empleo de 1995, que asegura que tiene vigor y es "totalmente aplicable por supletoriedad del derecho estatal y analogía".

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Gómez admitió que en los expedientes de las ayudas de los ERE hay "muchas deficiencias" pero no cabe ahora, subrayó, que no había un marco legal o un procedimiento legalmente establecido para el reparto de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales repartidas en Andalucía durante una década. Insistió en que ni él "ni una docena de personas", aludiendo a los demás interventores que emitieron informes, vieron nunca "delito" ni "menoscabo de fondo públicos". Con estas palabras, las imputaciones de malversación que pesan sobre los exresponsables de Hacienda sentados junto a otra veintena de exaltos cargos en el banquillo se diluyen.

Esta es la versión que han mantenido siempre sus superiores, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con este último, su responsable directo como consejero de Economía, mantenía hasta ahora un agrio enfrentamiento, convencido Gómez de que deberían haber actuado y miraron para otro lado. Ese tipo de declaraciones han desaparecido ahora en el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción ante el juez Juan Antonio Calle.

El exinterventor Manuel Gómez en su declaración ante el Supremo aseguró que sí avisó pero que el Gobierno "hizo oídos sordos y miró para otro lado". Pidió comparecer voluntariamente ante el juez del Supremo para asegurar que cumplió siempre, tanto él como "decenas de funcionarios", "con sus obligaciones legales de control". En ese momento ya señaló que no detectó fraude en las ayudas pero se mostró convencido de que avisó reiteradamente a la Junta de irregularidades y que el Gobierno debió actuar.

Entonces eran frecuente las arremetidas contra Chaves y Griñán porque consideraba que trataban de endosarle la responsabilidad. "Chaves y Griñán no necesitaban un interventor, lo que realmente habrían necesitado es un tutor que, como a los menores de edad, supliera su falta de capacidad y competencia", dejó escrito en un duro comunicado antes de acudir al Supremo. Ahora en su declaración no quedó ni resto de este tipo afirmaciones.

Gómez explicó que se incorporó como interventor general de la Junta cuando Magdalena Álvarez dirigía la Consejería de Economía y Hacienda y que no recibió ninguna instrucción o consigna sobre cómo debía ejercer sus competencias. "No recibí indicación especial en cuanto al desempeño de mi función. El marco de mis funciones era claro, tenía bagaje profesional suficiente y conocía el puesto", sostuvo.

El Ministerio Público centró la mayor parte de su interrogatorio en el control financiero permanente y la cuenta general de la Junta de Andalucía, es decir en los desafases presupuestarios que se dieron en el Presupuesto al repartir la Consejería de Empleo y pagar la agencia pública, primero IFA y después Idea, ayudas por encima de las transferencias de financiación previstas, provocando un agujero y un desequilibrio en el saldo.

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El exinterventor arremetió contra los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), responsables del informe piedra angular en la instrucción de la jueza Mercedes Alaya. Los acusó de "abuso conceptual", insistiendo en que ni las transferencias de financiación ni las ampliaciones presupuestarias no se hacen "de tapadillo" y que el consejo rector de la agencia Idea, pagadora de las ayudas, tenía una "contabilidad transparente".

También se mostró molesto con la Cámara de Cuentas de Andalucía, que a posteriori alertó de irregularidades en las ayudas de los ERE reprochándoles que en los diez años que duró el sistema nunca se fiscalizara la partida 31.L que pagaba estas ayudas. Las partidas a fiscalizar se eligen de forma aleatoria. "No me parece serio que la Cámara (de Cuentas) no haya dicho nada y los auditores vengan aquí diciendo lo que dicen", lamentó, refiriéndose a los responsables como "auditores de ocasión".

El fiscal indagó por qué si el destinario de los informes era el titular de la Consejería aunque se utilizaba la vía de la viceconsejería, incluida en el remite, para hacerlo llegar. "Para mi tiene el mismo efecto", zanjó el exinterventor, que dijo no recordar si se le había podido que lo hiciera así por razones prácticas y asegurando que su despacho habitual de trabajo era con el titular de la viceconsejería. En su declaración mantuvo que despachó y tuvo reuniones "de índole presupuestaria" con la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.