Cortafuegos de Griñán para salvar su papel en los ERE: el incendio estaba en Empleo

Cerca de las seis de la tarde, cuando llevaba ya unas cinco horas declarando como imputado en el caso ERE, José Antonio Griñán pidió permiso al presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, para ponerse de pie por culpa de "una contractura". "Es por correr indebidamente a mi edad", explicó. En junio cumplirá 72. En el punto álgido de un caso que ha cumplido siete años, con los expresidentes de la Junta ante el juez, los focos estaban en Cristina Cifuentes y en Madrid, para indignación del PP, clave en la instrucción y en la reconstrucción del presunto fraude andaluz. El PSOE cree que el caso está políticamente amortizado, aunque una condena de cualquiera de los referentes en dos décadas de socialismo en Andalucía sería un mazazo. Hay 22 ex altos cargos en el banquillo.

La anécdota de la contractura da buena cuenta de que nada ha tenido que ver la comparecencia del expresidente andaluz con la del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que culminó el interrogatorio sorpresa que le hizo el juez demudado y alegando que no contestaba más porque estaba "temeroso" y "tenso". Ambos se enfrentan a penas de cárcel. Para Griñán, piden seis años de prisión por malversación continuada y hasta 30 de inhabilitación por prevaricación. Para Fernández, que ya ha estado entre rejas, piden ocho años de prisión.

Ni el fiscal anticorrupción lo puso contra las cuerdas ni lo hizo el presidente del tribunal, que cerró la declaración de Griñán con una sola pregunta que permitió al expresidente reforzar su principal argumento: "Quien conocía el importe y el destino de las ayudas es aquel que ejecuta el crédito". Y ese era Empleo, "ningún otro consejero, ni el presidente del Gobierno".

Aparentemente tranquilo, pese a la gravedad de ver por primera vez ante un juez a un expresidente de la Junta de Andalucía imputado en un grave caso de presunta corrupción que examina el sistema bajo el que se repartieron 741 millones de euros, versó su declaración en cuatro ideas fuerza. La primera, que nunca supo ni conoció los informes de la Intervención general, hasta 15, alertando irregularidades en el fondo de los ERE porque, según alegó, no tenía por qué, no hubo un informe de actuación que activara el botón rojo y alertara de un presunto fraude.

"La Consejería de Hacienda no puede 'motu proprio' hacer una actuación si no esta recogida en un informe", "el informe de la Intervención no pedía nada en particular", sostuvo Griñán. Según sus declaraciones, se remitieron los informes "promoviendo una actuación de las consejerías concernidas, no de Hacienda", es decir, de Empleo. "Hacienda no tiene ninguna supremacía sobre ninguna otra consejería", agregó.

Dijo que era el interventor quien debía considerar la gravedad y elevar el informe que obligara al consejero de Hacienda a moverse, y no lo hizo

Más o menos dijo que era el interventor quien debía considerar la gravedad y elevar el informe que obligara al consejero de Hacienda a moverse, y no lo hizo. Eso sí: "Don Manolo Gómez es una persona muy rigurosa", dijo sobre el interventor, también imputado y sentado varias filas más atrás. Fue sonada años atrás la pelea que mantuvieron ambos cuando estalló el caso.

La segunda idea que defendió Griñán fue que tanto las transferencias de financiación como la encomienda de gestión son dos mecanismos presupuestarios muy habituales y legales, no sospechosos. Mientras, la jueza Mercedes Alaya y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que propiciaron un "sistema opaco" para eludir los controles y la fiscalización de fondos.

"El crédito no delinque nunca", dijo, "ni determina el gasto". Como tercera idea clave en el interrogatorio, Griñán se dedicó a defender con mucha precisión, haciendo gala de un profundo conocimiento técnico y normativo, el papel de la Consejería de Hacienda en cuanto al crédito y la elaboración del Presupuesto, deslindando bien estas competencias de las de Empleo, responsable de lo que pasaba después con este dinero, con la ejecución de las ayudas. Allí enmarcó cualquier supuesto fraude. Otro de los puntos en los que se basa su acusación es en que conoció y supo de las ampliaciones presupuestarias y los desfases ocasionados en la famosa partida 31.L, algo que el expresidente negó.

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Quien fue sucesor de Manuel Chaves al frente de la Junta insistió en que como consejero de Hacienda no conocía detalles de la partida presupuestaria que nutría las ayudas sociolaborales. Era una más entre una "multitud" y suponía aproximadamente "el 0,3% del Presupuesto total", explicó. No discutió con el titular de Empleo, Antonio Fernández, sobre estos fondos ni despachó "nunca" con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. En aquellos momentos, lo que les importaba de esa consejería era el Servicio Andaluz de Empleo, dijo, y lo 'gordo' del Presupuesto, el verdadero problema, alertó, era la factura sanitaria, que superaba siempre lo previsto.

Griñán trató también de aclarar que los fondos bajo sospecha no son subvenciones sino ayudas asistenciales, por lo que no deben cumplir la Ley de Subvenciones, que exige transparencia, objetividad y concurso público. Nada de esto se cumplía en las ayudas de los ERE, totalmente discrecionales y arbitrarias. Sobre una de estas ayudas dadas por Empleo, dijo que era "discutible y censurable".

El expresidente insistió en que como consejero de Hacienda no conocía detalles de la partida presupuestaria que nutría las ayudas sociolaborales

Había expectación por lo que Griñán pudiera decir en la Audiencia. Está imputado en la pieza de los ERE que juzga el procedimiento bajo el que se repartieron 741 millones de euros en una década, de 2001 a 2010. Él fue consejero de Hacienda desde 2004 a 2009, cuando sucedió a Manuel Chaves en la presidencia de la Junta, hasta que en 2013 se fue, precisamente acorralado por la instrucción de Mercedes Alaya.

Ratificó, sin que se lo preguntaran, lo que dijo ante el Supremo en abril de 2015, poco antes de ser formalmente imputado y entregar su acta de senador, con lo que puso fin a 45 años de vida pública. Negó lo que dijo el alto tribunal en su escrito de acusación: "No hubo malversación". Sin embargo, aquí, en la Audiencia de Sevilla, el tono fue otro. Menos incendiado, más controlado, con más moderación. Allí dijo que se fue de la presidencia de la Junta porque lo ocurrido era "una barbaridad" que merecía "reproche político y penal". Al salir del alto tribunal sostuvo que sí hubo "un gran fraude" pero no un "gran plan" para delinquir.

En su cuarta cita ante el juez, la última antes de tener sentencia, evitó ese tipo de afirmaciones categóricas, apuntó a Empleo, sí, sobre todo a la Dirección General de Trabajo. Atrás quedaron las peleas políticas por este caso que abrieron dos bandos, los que fueron de Manuel Chaves, los 'pata negra' del PSOE andaluz, y los suyos, los de Hacienda, los 'tecnócratas', como los llamaron. Ahora todos están en el banquillo, sin distinciones. Griñán, que tiene todos sus bienes embargados por la fianza de responsabilidad civil del caso ERE, ha pasado años "muy duros", según su propio entorno reconoce. Ahora, le queda esperar sentencia. Los suyos celebraban que "todo ha ido muy bien" a su salida.