Las respuestas que los andaluces no tendrán sobre las 'tarjetas black' de Empleo

El Parlamento andaluz ha constituido una comisión de investigación a las puertas de las elecciones, sin tiempo para aclarar “la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)”. Surge después de que se desvelara que un directivo de esta fundación de Empleo pagó 15.000 euros en un prostíbulo con una tarjeta bancaria de la Faffe.

La comisión nace bajo la alargada sombra del adelanto electoral y además, sorpresa, será presidida por una diputada socialista, Marisa Bustinduy. El PSOE se oponía hasta hace una semana a esta comisión. Los socialistas han tomado el control con la abstención de Cs, con quiénes atraviesan una azarosa ruptura del pacto de investidura. PP, Podemos e IU han votado a sus propios candidatos. Desde el partido naranja dejan claro que no podían hacer otra cosa que abstenerse. La oposición fue incapaz de cerrar un acuerdo e impedir que un PSOE en minoría se hiciera con el control de este órgano.

La comisión nace bajo la alargada sombra del adelanto electoral y además, sorpresa, será presidida por una diputada socialista

El Gobierno andaluz asegura que es el más interesado en aclarar lo ocurrido a pesar de que ha tardado más de un año en aportar la documentación en los juzgados sobre este asunto. En etapas anteriores, Empleo siempre defendió auditorías privadas para negar, en contra del criterio de la Cámara de Cuentas, que había irregularidades. El actual consejero del ramo ocultó en el Parlamento los pagos en un prostíbulo. Con todo, la presidencia recaerá en la diputada socialista Marisa Bustinduy, que fue secretaria general del PSOE de Málaga y que también participó en la comisión de investigación, esta legislatura, sobre los cursos de formación.

Estas son las principales preguntas que debería resolver esta comisión, que decaerá cuando se convoquen las elecciones y dejará muchos interrogantes en el aire.

TE PUEDE INTERESAR

La Guardia Civil investiga quién de Empleo pagó y con qué dinero 15.000 € en prostitutas

Isabel Morillo. Sevilla

¿Qué era la Faffe y por qué se creo?

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) fue creada en 2003 para "mejorar la empleabilidad y cualificación del capital humano y, con ello, el crecimiento de la economía andaluza". Ese año la Junta de Andalucía recibió las competencias de las políticas activas de empleo desde el Gobierno de la nación después de siete años de negociaciones y conflicto político. La Fundación nació bajo el paraguas de la Consejería de Empleo. Durante su vigencia, la Junta transfirió a esta fundación 252 millones de euros de fondos públicos, buena parte procedentes de la Unión Europea. Sus directivos elevan a 300 millones el presupuesto manejado.

Todo el periodo bajo sospecha coincide además con la gestión de los ERE por parte de la misma Consejería de Empleo y muchos de los nombres imputados en el caso de las ayudas sociolaborales vuelven a aparecer vinculados a esta fundación. En 2011, con el presidente José Antonio Griñán y cuando ya había estallado el caso ERE, se ordena liquidar y extinguir la Faffe dentro de un plan más amplio de reordenación del sector público andaluz y tras el estallido de la crisis.

¿Qué han dicho los tribunales?

La investigación sobre la presunta estafa con los cursos de formación de la Junta que emprendió la juez Mercedes Alaya se escindió en varias causas. Una investiga el destino de las ayudas de Delphi y el empresario Ángel Ojeda. Otra se centra en la Faffe, a la que apuntó el testigo protegido de Alaya, el funcionario Teodoro Montes. En el seno de esa investigación, en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, la Consejería de Empleo entregó algunos de los extractos de las tarjetas bancarias de la que hacían uso los directivos de esta fundación.

La Juez María Núñez Bolaños citó, el pasado noviembre, a 23 personas como investigados después de que la Fiscalía Anticorrupción concluyera que la Faffe realizó contratos “indiciariamente irregulares” por importe de 9,4 millones de euros. La instructora también opuso el foco en cómo se liquidó y extinguió esta fundación. Para Anticorrupción hay indicios de malversación y prevaricación.

La Guardia Civil investiga quién pagó y rastrea la existencia de supuestas cajas con dinero

¿Quién tenía tarjetas bancarias?

En el juzgado se descubrió que uno de los directivos de la Faffe, Fernando Villén, abonó la noche del 22 de marzo de 2010, tras conocerse la salida del consejero de Empleo, Antonio Fernández, del Gobierno andaluz, un factura de 14.737 euros en el prostíbulo Don Angelo. Pagó con una tarjeta bancaria a cargo de la fundación de Empleo. Al día siguiente alguien acudió al club de alterne y abonó en metálico para evitar dejar rastros. La Guardia Civil investiga quién pagó y rastrea la existencia de supuestas cajas con dinero en metálico en las distintas sedes de esta fundación en cada provincia. Tampoco se sabe quiénes acudieron a la fiesta pagada con fondos públicos.

La Consejería de Empleo ha admitido que hay más cargos en tarjetas bancarias de la Faffe. En concreto hay otra tarjeta con 23.000 euros en cargos. No se sabe qué se pagó ni la Junta ha ofrecido los extractos de ese segundo abono. Alega que el banco, en este caso Caixabank, no les ha proporcionado la información.

¿Era normal el uso de tarjetas de crédito?

Desde que se conoció el uso de una tarjeta Mastercard para pagar en un prostíbulo, el PP ha preguntado reiteradamente, sin respuesta del Gobierno andaluz, cuántos directivos de la Junta de Andalucía hicieron uso de tarjetas bancarias similares a las que tenía el directivo Fernando Villén en la Faffe. Se desconoce si el uso de estas tarjetas era común en los organismos públicos de la Junta y entre los altos cargos del Gobierno cuando ocurrieron estos hechos, en 2010. El Gobierno se limita a responder que actualmente esas tarjetas no existen y que en su momento estaban pensadas para abonar gastos básicos como gasolina y otros “gastos relacionados con su desempeño profesional”. Tampoco se sabe, en caso de que existieran más tarjetas como estas en otros entes públicos, quién controlaba estos gastos, cómo se auditaban, quién los autorizaba y por qué no pueden consultarse o conocerse.

¿Había enchufes en plantilla?

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) denunció el pasado mayo en el juzgado de instrucción casi un centenar de contratos de la Faffe por "indicios más que suficientes" de haber sido realizados al margen de la ley y con “nepotismo”, según este sindicato. Para el SAF, esta contratación podría acarrear delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

En su denuncia, el sindicato apunta al directivo Fernando Villén a otra larga lista de exaltos cargos del Gobierno andaluz que presuntamente habrían colocado a sus familiares en esta fundación. También apunta a que el PSOE daba empleo en la Faffe a exalcaldes o pagaba favores políticos dando sillones en este organismo.

Al extinguirse la Faffe tenía una plantilla de 1.300 empleados, llegó atener 1.800, y sólo 211 eran plantilla, el resto eran contratos que se habían hecho supuestamente a dedo.

¿Qué dijo la Cámara de Cuentas?

En enero de 2014, la Cámara de Cuentas difundió los resultados de su auditoría sobre la Faffe. Detectó entre 2009 y 2010 subvenciones sin justificación por valor de 49 millones de euros. El informe de este órgano de extracción parlamentaria es muy claro y alerta de numerosas irregularidades. El Gobierno contraactacó con una auditoría privada en la que se descartaron esas incidencias. También el Tribunal de Cuentas descartó menoscabo en los fondos públicos en los cursos de formación.

¿Hizo bien el consejero de Empleo?

El consejero de Empleo, Javier Carnero, aseguró en el Parlamento, tras destapar el PP el pago en un prostíbulo con una tarjeta de la Junta, que se habían cargado 1.562 euros en tres años, 2008, 2009 y 2010. Quitó importancia al asunto. El 1 de junio depositó en los juzgados los extractos de la tarjeta bancaria. Eran 14.737 euros en un prostitutas y copas. El titular de Empleo volvió al Parlamento el 12 de junio, conociendo ya esa información, pero no la ofreció, se la guardó. Cuando se descubrió que no había contado toda la verdad en la Cámara alegó que cumplía con la ley de enjuiciamiento criminal, que impide dar información en un sumario. La Junta después desveló que hay otros 23.000 euros no justificados y pidió al juzgado que vuelva a pedir a Villén que declare y lo investigue por prevaricación. Esta citado el 11 de octubre.