Cs hará cambios legales para que Vox no siga marcando agenda en violencia de género

El Gobierno andaluz ha encargado otro informe jurídico para ver si es posible cambiar el actual sistema de subcontratas externas para realizar informes y peritajes en casos de violencia de género. La apuesta del Ejecutivo de PP y Cs es que esas adjudicaciones dejen de recaer sobre empresas, cuyos profesionales Vox lleva semanas poniendo duda, y se adjudiquen directamente a través de los colegios profesionales. Sería un sistema similar a la justicia gratuita en caso de abogados del turno de oficio, que ordenan y deciden directamente los colegios de abogados. Esto permitiría, admiten desde la Junta de Andalucía, frenar que Vox siga poniendo en duda la capacitación profesional de quienes atienden a las víctimas de violencia de género en Andalucía. Colegios como el de psicólogos han considerado "un escándalo" que los profesionales que hacen esos peritajes no estén colegiados.

La vicepresidencia del Gobierno andaluz de Cs, ocupada por Juan Marín, está siendo arrastrada en buena parte de su actividad por las peticiones de información de Vox que, desde el Parlamento, está marcando la agenda en asuntos de violencia de género. Esta tesis la admiten dentro del propio Ejecutivo, y aseguran que la exigencia de Vox ha absorbido buena parte de la actividad o los recursos de la vicepresidencia andaluza, ya que ha supuesto una auditoría de todo el sistema y un inventario de recursos y profesionales en un tiempo récord.

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Además, políticamente Cs está en el punto de mira, más incluso que el PP, porque cada vez que atiende las exigencias de Vox, cumpliendo la ley que obliga a atender las peticiones de información vía Parlamento, la izquierda de PSOE y Adelante Andalucía o los sindicatos salen en tromba a denunciar que la extrema derecha está marcando la agenda y condicionando la actividad en el Gobierno del partido naranja. Susana Díaz ha comunicado que pedirá los mismos datos que han dado a Vox para que sus servicios jurídicos valoren si se ha vulnerado la ley.

Serrano lidera el discurso

La entrega de los datos solicitados por el grupo parlamentario de Vox no ha zanjado el asunto. Todo lo contrario. El mismo día en que el Gobierno entregaba la información solicitada, sin identificar y sin dar datos como el número de colegiación que pudieran permitir la identificación de trabajadores, Vox contraatacaba con una nueva solicitud. Reclamaba ampliar los datos sobre las subcontratas realizadas por la Junta con cuatro empresas para externalizar estos servicios ante la falta de recursos en las unidades de violencia de género de las distintas provincias. En concreto, las empresas adjudicatarias son Tinsa, Taxo, Adimas y Eicas. Ahí es donde Vox extiende la mancha de sospecha sobre la falta de preparación de sus profesionales.

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El diputado de Vox Francisco Serrano, juez de familia en excedencia y quien marca el paso del partido en materia de violencia de género, anunció días atrás que seguirán en este camino emprendido, con peticiones de información y propuestas de cambios legales para desmantelar lo que llaman “chiringuitos de género”. Serrano inspira las tesis de su partido en contra de la Ley de Violencia de Género y a favor de una ley de violencia intrafamiliar, que niega un problema estructural de violencia machista en España y extiende la sospecha de que todos los recursos que se ponen a disposición de las mujeres maltratadas alimentan una "ideología de género".

En este contexto, Cs ha decidido tomar la iniciativa y trata de taponar esta vía de agua. La vicepresidencia de Juan Marín informa de que los servicios jurídicos de la Junta trabajan ya en un informe legal para ver qué cambios normativos hacen falta para cambiar el actual sistema de subcontratas de empresas externas. Los datos entregados a Vox señalan que el 50% de los profesionales no está colegiado. A pesar de que los sindicatos insisten en que la colegiación no es necesaria, el Gobierno andaluz tiene en sus manos informes jurídicos desde 2015 que advierten de que, tras sentencia del Constitucional, sí que es obligatorio que los empleados públicos que desarrollen determinadas actividades, aunque sea a través de contratos a empresa externas, estén colegiados.

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En este sentido, la vicepresidencia andaluza ya ha aconsejado a sus trabajadores que se colegien. Marín insiste en que no debe ponerse en duda la capacitación profesional de estos profesionales, que pueden no estar colegiados pero sí cumplir con la titulación necesaria, recuerda. Sin embargo, consideran que es importante, explican, cumplir con la ley para que no haya más grietas por las que Vox pueda seguir poniendo en duda todo el sistema y acorralando al Gobierno andaluz con este asunto.

El Gobierno andaluz, así lo comunicó Marín en una comparecencia en la Cámara andaluza, halló algunas anomalías en las adjudicaciones a estas empresas. Por ejemplo, se pagaban diferentes precios por informe según la provincia andaluza, con una horquilla de casi el 40% aunque fuera la misma empresa adjudicataria. Los pliegos de condiciones tienen algunas lagunas, admiten desde la Junta, lo que permite que valgan igual informes de 10 o de 100 páginas.

Revisar las adjudicaciones

Según el vicepresidente de Cs, se van a revisar esos pliegos de adjudicaciones externas, además de invertir de forma inmediata 700.000 euros para ampliar el número de trabajadores en las unidades de violencia de género, pasando de 51 profesionales a 81. Aunque la intención inicial era revisar las adjudicaciones externas para imponer en todas las provincias un único pliego de prescripciones técnicas, incluyendo la obligatoriedad de que todos los trabajadores estén colegiados, ahora se valora también que sean los propios colegios profesionales quienes reciban la adjudicación de estos servicios.

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En paralelo, Marín ha dado orden a diversos responsables de su vicepresidencia de que se reúnan y tranquilicen a los trabajadores. Se han reunido, por ejemplo, con los profesionales de los institutos de medicina legal, y se ha abierto una ronda para explicar qué datos y con qué propósito se han ofrecido en el Parlamento.