Pendientes de un hilo de mensajes: la agonía de los familiares de las residencias

El protocolo del coronavirus es durísimo. Familiares que no pueden despedir a los suyos ni acompañarlos en la enfermedad. En los casos de las residencias de ancianos la angustia de las familias es desgarradora. Los centros y la Junta de Andalucía, que tiene el mando desde el pasado 1 de abril de todas las residencias públicas y privadas, apelan a que no pueden dar más información por la ley de protección de datos. "Todo se convierte en un calvario", señalan los familiares, que además de afrontar el dolor por la situación que viven, tienen que pelear cada información sobre su padre, su madre. Su último hilo con su familiar depende, literalmente, de un hilo de WhatsApp. Eso, con suerte.

Esta es la historia de una residencia concreta. La que Fundomar gestiona en el barrio sevillano de Los Bermejales y que pasó al control de la Junta tras confirmarse dos tercios de residentes con Covid-19. "El 69% de 147 residentes". Una residencia privada con plazas concertadas, con un precio medio de 2.000 euros mensuales, donde denuncian algunas de las familias que llevan muchos días de apagón informativo y sin respuestas a sus preguntas. Sobre todo a una: ¿Cuántos residentes han fallecido?

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Este periódico intentó sin éxito contactar con la residencia. Sus redes sociales defienden que "diariamente emiten un informe a todas las familias, con toda la transparencia y datos". Cuando alguien interpela a la Fundación Doña María, que gestiona la residencia, replican con que son "bulos que no se ajustan a la verdad" y se ponen a disposición de quien quiera para dar información. También comparten reportajes en televisión y prensa con noticias positivas como el alta de uno de sus residentes, con 98 años, que ha superado la enfermedad o la visita de la UME. También en la comunicación con los familiares incluyen enlaces de prensa, todos con una versión muy positiva sobre curados de la residencia o sobre la toma de control del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El precedente de San Juan

Las familias denuncian un problema de "ocultación de datos" y ahí aflora siempre lo mismo, el número de fallecidos. Nunca se ofrece. Pasó algo similar en otra residencia en San Juan de Aznalfarache. Solo tras días de angustia y denuncias públicas de los familiares el consejero de Salud, Jesús Aguirre, dijo públicamente, tras ser preguntado en rueda de prensa, que había 24 fallecidos. Antes todos los responsables implicados aseguraban que era "un bulo". En este centro privado de Sevilla pasa lo mismo. Al principio todo eran "bulos" hasta que estalló la tragedia. La ley impide difundir datos personales de pacientes pero no estadísticas sobre fallecidos.

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En Andalucía se contabilizan 1.038 residencias de mayores, tanto públicas como privadas, en las que hay 42.911 personas residentes, de los que 36.820 no presentan síntomas. Hay 3.834 residentes "con sospecha de positivo" en coronavirus y 1.080 que han sido confirmados, de los que han fallecido 177 personas, según los datos oficiales del Gobierno andaluz. Además, hay 520 trabajadores de residencias que están "bajo sospecha" de estar contagiados y 399 casos confirmados. La Junta se ha comprometido a dar "prioridad absoluta" a las personas mayores alojadas en las residencias de la comunidad autónoma a la hora de aplicar test de diagnóstico rápido.

Este periódico ha estado en contacto con algunas de las familias, que tienen un chat donde comparten sus miedos y su información. "Durante días y días pedimos datos para tener perspectiva sobre la magnitud del problema. Ya el dato de contagiados es terrorífico", señala un afectado. Todos piden anonimato aunque acreditan lo que cuentan con numerosas pruebas. "Tenemos miedo a que se tomen represalias con nuestros familiares", cuentan.

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La orden que rige para las residencias de personas mayores o dependientes se aprobó en 2007 y debería seguir en vigor adaptada al estado de alarma. Salud ha decidido no permitir a las familias, por una resolución que difundió 'ABC', que se lleven a sus mayores a casa aunque sean negativos en Covid-19 y es una demanda que ya ha hecho el sector.

Cronología de la incertidumbre

"Al principio estábamos contentos porque fueron rápidos al tomar decisiones. El día 12 de marzo ya empezaron a aislar a los residentes en sus habitaciones y crearon un hilo por WhatsApp donde dan información sin posibilidad de preguntas. Solo ellos hablan. El día 16 ya anuncian que hay un residente con síntomas que lo dirigen al Hospital Virgen del Rocío. Empieza el temor de las familias". Van subiendo los datos y cada vez más nervios.

"Las líneas están siempre saturadas". Los ancianos en la mayoría de los casos son dependientes o no están capacitados para tener comunicación directa por sus propios móviles.

Goteo de casos

A partir de ese día cada vez hay más casos. Son muchos los familiares que se dirigen al director gerente del centro para exigirles que pida ayuda, que la situación se les está yendo de las manos. "El 21 comunica que ya ha pedido ayuda de emergencia a las autoridades sanitarias y va la UME y desinfecta". El hilo sigue convertido desde entonces en un goteo de nuevos casos cada día. No hay posibilidad de comunicación porque es unidireccional. La angustia cada día va a más.

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El lunes 23 de marzo son muchos familiares que reclaman que por favor pida ayuda, que la situación ya "está fuera de control". "Ese día nos dijo algo que jamás se nos olvidará. Para mi sorpresa y pavor nos asegura: 'Me he negado a llamar a nadie. Lo envío todo por mail porque sé lo que va a pasar aquí y cuando todo esto acabe tendré perfectamente justificados los correos que he ido enviando a quien corresponde, en cada correo van hasta diez personas. Pero me he negado a hablar con nadie'". Ese día, certifican las familias, cortan la información con cifras.

Los familiares quieren tener información médica de los residentes y el número de fallecidos "para conocer la magnitud de la tragedia"

"Ese fin de semana (28 y 29 de marzo) analizan el cien por cien de los casos y hacen pruebas a todos los residentes y empleados. Ese día muchos descubrimos que nuestros familiares han dado positivo. A nosotros nos informan del positivo a última hora del sábado. El domingo informan de que dos tercios de residentes y empleados han dado positivo en Covid-19". "Hay un sistema que te llaman una vez al día, hay quien no ha tenido suerte, y te comunicas con tu familiar tres minutos, si en el mejor de los casos puede hablar. Si quieres más información médica ya no es tan fácil".

Mensajes de apoyo

Las familias empiezan a temer "una tragedia brutal". "Nos comunican que están infectados dos tercios pero no dan números. Cada vez bailan más las cifras. El hilo deja de dar datos y todo son mensajes de apoyo, muy 'light', todo fantástico, de vamos a salir juntos, todo muy feliz y además desde el centro recalcan que todos están encantados y que solo somos tres o cuatro familias las que tenemos quejas. No es verdad, directamente. Ocultan datos. Y no hemos dejado de pedir que nos los den", señalan los afectados.

"Echan balones fuera y cuando salen por la puerta de la residencia al hospital ya se desentienden y aseguran que es imposible tener un número"

"No queremos hacer un ataque al centro y menos a los trabajadores, que estamos muy agradecidos porque se están jugando la vida ellos y sus familias, pero somos adultos, traten a las familias como adultos. Hemos consultado con varios abogados y nos aseguran que alegar la ley de protección de datos es directamente una tontería. El número de fallecidos nos lo tienen que dar". "Echan balones fuera y cuando salen por la puerta de la residencia al hospital ya se desentienden y aseguran que es imposible tener un número. Ese es el argumento peregrino con el que nos responden".

En el hilo añaden y quitan gente periódicamente. "Cada vez que vemos que sale alguien nos echamos a temblar porque así es como sabemos que han fallecido o que los han mandado al hospital". En la información empiezan a añadir mensajes de condolencia a los familiares de "quienes ya desgraciadamente no están con nosotros".

Residencia medicalizada

"El 1 de abril entra la Junta y lo medicaliza. Nosotros en las manos que pusimos a nuestros familiares fue en la del centro no en la Junta. Cómo se pueden quitar así de en medio. Hay un contrato que nos vincula y una responsabilidad moral y ética", apunta un familiar.

El protocolo de medicalización consiste en que dos médicos internistas junto a dos enfermeras del Hospital Virgen del Rocío pasan consulta dos veces al día, revisan medicación y se marchan. "Pero no hay aparatos, no hay UCI, no hay respiradores, nos parece todo insuficiente. Nos aseguran que está todo saturado. A dos familias los han llamado ya para decirles que su familiar está muy grave y que no lo van a intubar ni a llevar a la UCI por las patologías previas, tiene 90 años. Si quieren les ofrecen llevarlo al hospital pero con esas condiciones".

Otra familia se entera de que se ha agravado el estado de su familiar porque se lo cuentan los médicos del Virgen del Rocío, que no dan crédito con que la residencia no dé información a los familiares. Le ofrecen el mismo escenario. La residencia manda un mensaje que dice que si hay teléfonos ocultos hay que cogerlo porque son los médicos del hospital público. "¿Están desahuciados nuestros familiares?", se preguntan con angustia.