Unas 20.000 mascarillas con fallos que compró Andalucía se usaron en los hospitales

El Gobierno andaluz va desvelando con cuentagotas más información sobre la compra fallida de mascarillas por parte del Servicio Andaluz de Salud, como avanzó este periódico. Los modelos Elite Respirator EB09.049 y el KN95 Mask fueron retirados por no cumplir con los requisitos de calidad que se exigen a las mascarillas FFP2, usadas para prevenir el contagio de covid.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, confirmó en rueda de prensa que la Junta de Andalucía había realizado esa compra de mascarillas y que habían ordenado su retirada porque “cumplen con condiciones distintas a las indicadas para los modelos FFP2”.

Estas mascarillas fueron distribuidas en la mayoría de los centros sanitarios de Cádiz, en el Hospital Regional y en la UCI del Hospital Clínico de Málaga, y en el Reina Sofía de Córdoba (las del tipo Elite Respirator EB09.049), donde se utilizaron en pruebas funcionales de Neumología en la UCI y en la unidad de covid. Un número indeterminado fue enviado a la UCI del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y otras al Hospital Torrecárdenas de Almería, donde no llegaron a utilizarse, según ha informado el sindicato CSIF Sanidad Andalucía.

TE PUEDE INTERESAR

Andalucía se ve obligada a retirar 2 modelos de mascarillas distribuidas en hospitales

A. Alamillos

La Junta ha procedido, explicó el portavoz del Gobierno andaluz, a identificar a los trabajadores sanitarios que hubieran usado este modelo de mascarillas para hacerles test rápidos o pruebas PCR, según sea conveniente, explicó. Ocurrió lo mismo con los lotes fallidos de mascarillas Garry Galaxy que en esa ocasión compró y distribuyó el Ministerio de Sanidad.

El Servicio Andaluz de Salud informó a este periódico que se había adquirido una partida de 36.000 mascarillas de los dos modelos defectuosos. De estas unidades se han podido recuperar y devolver a los almacenes un total de 16.048 mascarillas. Esto significa que unas 20.000 han podido ser usadas, aunque el SAS insiste en que es posible que algunas permanezcan en almacenes más pequeños de los centros hospitalarios y puedan recuperarse en las próximas horas. “Esa cifra posiblemente va a cambiar”, alertan.

Proveedores sevillanos

Tampoco había transparencia sobre los proveedores del material. El Gobierno eludió esa respuesta en la comparecencia pública de su portavoz y tampoco se ofreció esa información a los participantes en la mesa sectorial de salud que se celebró este miércoles. Sindicatos como Satse o CSIF habían pedido “insistentemente” ese dato y el tema de los lotes devueltos de mascarillas “se trató expresamente”, aseguran fuentes sindicales, pero el SAS no informó ni de las unidades compradas ni de los proveedores elegidos.

TE PUEDE INTERESAR

Miles de profesionales aislados y pruebas pendientes tras el fallo de las mascarillas

Isabel Morillo. Sevilla

La Consejería de Salud trasladó a este periódico que las empresas proveedoras son nacionales, en concreto, Marzal Médica SL y Grupo Queraltó SL. Ambas empresas tienen domicilio fiscal en Sevilla y se dedican habitualmente a la compra y venta de material sanitario. El SAS aclara que ha comprado otros lotes de productos con estos intermediarios y “no ha habido ningún problema”. Son empresas reconocidas en el sector y que habitualmente se dedican a esto.

Relación con un alto cargo

En la documentación remitida al Ministerio de Sanidad, que es el que comprueba de forma definitiva la calidad de las mascarillas y decide sobre si cumplen o no con los requisitos, figura como remitente del material la subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales, Nuria Queraltó, que según confirma la empresa pública es la responsable de coordinar el dispositivo que vela por el cumplimiento de la calidad del material sanitario. La respuesta del ministerio llegó el lunes 27 de abril y la Junta ordena ese mismo día la retirada. Los lotes se inmovilizan entre el martes y el miércoles.

Queraltó, según el documento oficial del ministerio, consulta sobre dos modelos de mascarillas y el ministerio concluye que dos incumplen. Sobre la relación de la subdirectora general con el Grupo Queraltó, uno de los proveedores de los productos, desde el SAS dicen que existe un parentesco “lejano” y que la alto cargo “no tiene relación alguna con esa empresa ni participó en la compra”. Nuria Queraltó no aparece en el accionariado del Grupo Queraltó SL ni tiene vínculo empresarial con sus propietarios, aunque son “familia lejana” en una relación de segundo grado. “Posiblemente sean primos, pero no hay ninguna vinculación empresarial ni un trato cercano”, señalan las fuentes oficiales a El Confidencial.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno retira miles de mascarillas con defecto de un proveedor validado por China

Víctor Romero. Valencia

La compra se realiza desde las plataformas provinciales de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, y no actúa la dirección del SAS de forma centralizada.

No desvela cuánto pagó

La Junta de Andalucía no ofrece el dato de cuánto pagó por estas mascarillas defectuosas. Aseguran que es “difícil” tener esa cifra porque una parte de la compra fue donada y la otra se abonó. Además, según ha sabido este periódico, el Gobierno andaluz ha dado orden de no desvelar los precios porque el mercado es especialmente complicado estos días y no interesa ofrecer más información.

El Portal de la Transparencia, donde habitualmente deben publicarse las compras del SAS, informa de que el decreto del estado de alarma del Gobierno de la nación suspende los plazos para el acceso a la información pública. Es una decisión nacional que afecta a la norma andaluza.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno adelantó 23,8M a un bróker por un lote con dos millones de mascarillas 'fake'

José María Olmo

El Ministerio de Sanidad se encontró en una situación similar con la compra de las mascarillas Garry Galaxy. Tras detectar que incumplían las normas UNE, ordenó su retirada. Ya habían sido distribuidas entre las comunidades autónomas. El ministro Salvador Illa comunicó días más tarde que habían rescindido el contrato con el proveedor del material defectuoso.

Según publicó El Confidencial, el Gobierno pagó por adelantado 23,8 millones de euros a un intermediario chino por las mascarillas fallidas. Según el contrato de adquisición, que fue publicado por la Dirección General de Cartera Común y Farmacia del Ministerio de Sanidad, compró 2,1 millones de mascarillas defectuosas. El Gobierno se resistió a dar información sobre el coste y el número de unidades hasta que publicó los datos del contrato, seis días después de la retirada del material. El material fue fabricado por la compañía china Garry Galaxy, pero el Ejecutivo no lo compró directamente a esa empresa, sino a un bróker de suministros sanitarios del mismo país llamado Hangzhou Ruining Trading Co Ltd.

TE PUEDE INTERESAR

En primera persona: "Ofrecí a España 50M de mascarillas de calidad pero irán a EEUU"

D. B.

Alta tasa de contagios

En Andalucía, cientos de sanitarios tuvieron que pasar por una prueba tras usar este material defectuoso que compró el ministerio. Según la información de la Consejería de Salud, a la comunidad andaluza se enviaron 68.400 mascarillas de la marca con fallos de seguridad. Se localizaron los lotes defectuosos, un total de 40.020, y se lograron retirar 29.590. Según estas cuentas, se habrían usado 10.430 mascarillas. La mitad de las que se usaron con el ministerio.

Los ánimos están caldeados entre el personal sanitario, que no descarta acudir a los tribunales. Ya el Consejo General de Enfermería (CGE) presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) decidió querellarse contra Illa y el resto de responsables de su gabinete por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores a raíz de las Garry Galaxy.

TE PUEDE INTERESAR

Andalucía avisa a los sanitarios de que no difundan las carencias de material médico

Isabel Morillo. Sevilla

En Andalucía, hay más de 2.556 profesionales afectados por covid-19 de todas las categorías en el sistema sanitario andaluz, lo que representa un 20,89% del total de infectados. Un dato que está por encima de la media del país, que ya es de las más altas de Europa, y que la Junta justifica asegurando que la mayoría de las pruebas diagnósticas en la comunidad se han dedicado al personal sanitario.

La Junta de Personal del Hospital Virgen Macarena ha pedido la dimisión del gerente del centro, Francisco Merino, por su “nefasta gestión” con el covid y el material de protección, y lo acusan de incumplir las recomendaciones. Este periódico ya avanzó que hubo un elevado número de contagios en el inicio de la pandemia en este hospital y un plante del personal de Urgencias tras infectarse más de 19 profesionales de una misma unidad por falta de medios de protección. Más de 200 profesionales se contagiaron de covid en este hospital público sevillano.