Andalucía y Madrid dudan de la vuelta al cole que propone Celaá: "Es irrealizable"

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado que las propuestas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, encabezado por Isabel Celáa, para el curso 2020/21 "son irrealizables".

"Las propuestas que ha ido lanzando el Ministerio a la opinión pública durante las últimas semanas son irrealizables, porque en dos meses no podemos modificar los espacios de los centros educativos y porque el gasto en el profesorado sería enorme", ha señalado Ossorio, según una nota de prensa de la Consejería. En el mismo sentido, ha advertido de que la redacción del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio llevaría a "convulsionar el sistema educativo en el inicio del curso 2020/21, probablemente sin necesidad".

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"El escenario al que nos lleva el Real Decreto Ley es inviable desde el punto de vista de los espacios y del profesorado, además de que el fondo de 2.000 millones de euros a repartir que propone el Gobierno sería totalmente insuficiente", ha destacado Ossorio.

La Comunidad de Madrid ha propuesto una redacción diferente del artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, para permitir que las autoridades sanitarias y educativas de las comunidades autónomas puedan establecer una distancia de seguridad diferente al inicio del curso en función de las circunstancias sanitarias, y que la citada normativa establece en 1,5 metros.

"Las autoridades educativas debemos tener preparadas las diferentes posibilidades para la vuelta al curso en función de las circunstancias sanitarias, pero la principal y preferible es la vuelta a la normalidad con medidas de higiene, no un cambio radical del sistema educativo, que es por lo que opta el Real Decreto Ley", ha añadido el 'popular' Ossorio.

En este sentido, el Gobierno regional aboga por una vuelta a las aulas que sea "lo más normal posible", porque "bastante han sufrido los alumnos, los docentes y las familias durante los meses anteriores para alterar en profundidad el sistema educativo", ha indicado Ossorio, quien ha incidido en que "una vuelta muy distinta a la habitual solo podría suceder si es absolutamente necesario por motivos sanitarios. Solo eso justificaría perjudicar a toda la comunidad educativa".

Asimismo, en alusión a las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al covid-19 para los centros educativos en el curso 2020/21 propuestas por el Gobierno central, ha señalado que "plantean una serie de buenas prácticas que todas las Consejerías de Educación ya pensaban aplicar porque son completamente evidentes", pero "no resuelven el problema de los espacios, el número de alumnos por aula o el incremento del profesorado necesario para atender a la nueva situación".

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Según ha explicado el titular de Educación madrileño, esta propuesta de acuerdo "no contiene la obligatoria colaboración del Ministerio a la hora de flexibilizar numerosas normas sobre adaptación de las programaciones didácticas o los horarios, algo que es absolutamente necesario para el curso 2020/21, dada la forma en que el Ministerio plantea el nuevo curso".

Ossorio trasladará estas y otras cuestiones a los responsables del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del resto de comunidades autónomas durante el desarrollo de la Conferencia Sectorial de Educación que tendrá lugar mañana jueves.

Dudan de la presencialidad

Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte andaluza ha expuesto en la Mesa Sectorial, reunida este miércoles en Sevilla, el borrador de las primeras instrucciones para la organización del próximo curso 2020-2021, que incluye medidas para "anticiparse" a otra hipotética situación de suspensión de la actividad lectiva presencial, a pesar de que la ministra Celáa confía en un curso "bien planificado cuyo principio sea la presencialidad".

Los sindicatos tienen hasta el viernes para realizar aportaciones al documento de la Consejería, que plantea que las programaciones de los centros, así como las medidas organizativas de los mismos, "prevean y se anticipen" a un hipotético escenario de no presencialidad en el curso próximo por un rebrote de la pandemia.

La Junta pide a los colegios que "prevean y se anticipen" a un hipotético escenario de no presencialidad en el curso próximo por un rebrote

La Junta subraya, asimismo, que el texto incorpora la posibilidad de desarrollar un plan de actuación digital, que aborde la mejora en la organización y gestión del centro en la información y comunicación, así como en los procesos de enseñanza-aprendizaje. "También se amplía el programa de acogida del alumnado para que los primeros días de curso se recojan actuaciones no solo con el alumnado que se incorpora al centro por primera vez, sino también para el resto de cursos, atendiendo entre otros aspectos, a los emocionales y sociales", añaden.

En próximas fechas la Consejería trasladará otras instrucciones, previo paso por la Mesa Sectorial, centradas en las modificaciones de los aspectos organizativos para afrontar el nuevo curso 2020-2021 "con todas las garantías".

Críticas de los sindicatos

Varios sindicatos de la enseñanza han pedido aumentar las plantillas de docentes para poder implantarse las medidas anunciadas por Celaá y algunos han criticado que haya habido cambios de criterios en las últimas semanas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado los cambios de criterios sobre la vuelta al colegio y ha pedido una "vuelta negociada" a las aulas. Ha respondido CSIF así al anuncio hecho por Celaá, sobre que el curso será presencial, con un máximo de 20 alumnos por aula y que los estudiantes de hasta 10 años podrán formar grupos estables en su aula para no tener que guardar la distancia de 1,5 metros ni llevar mascarilla.

En un comunicado, ha recordado que antes "se habló de mezclar clases presenciales y online", un límite de 15 alumnos por aula o dar clases en gimnasios y, ahora, se planea "una vuelta normal, como si nada hubiera pasado".

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"Exigimos una reunión urgente con los sindicatos para abordar de manera negociada la apertura de centros en septiembre, con medidas sanitarias y curriculares efectivas, acordes a la nueva realidad", ha señalado CSIF.

"No nos parece serio ni coherente" el cambio de parecer, ha comentado Mario Gutiérrez, presidente del sector de Educación de CSIF, que ha reclamado para 40.000 docentes más para los próximos cinco años y una inversión mínima por alumno de unos 5.800 euros anuales.

Desde Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, también ha criticado que ha antes se hablara de una ratio de 15 y ahora, de 20. O que la distancia interpersonal haya pasado de 2 a 1,5 metros. Ha opinado que algunas comunidades deben estar "presionando" para que no se encarezca la vuelta al cole y que se debería explicar por qué se han flexibilizado las medidas.

CCOO critica que ha antes se hablara de una ratio de 15 y ahora, de 20. O que la distancia interpersonal haya pasado de 2 a 1,5 metros

Además, a CCOO le "choca" que Celaá pida que cada centro tenga que hacer un plan y contar con un responsable sobre coronavirus cuando los temas de seguridad son competencia de las administraciones. También García ha mostrado su rechazo a que se diga que hay que limpiar al menos una vez los centros porque eso ya se hace y debería contemplarse que se hiciera más, así como la limpieza de los baños, que ven insuficiente hacerlo solo tres veces al día para cientos de alumnos.

Maribel Loranca (UGT) ha valorado por su parte que se bajen las ratios, las medidas de desinfección de los centros anunciadas o la creación de un coordinador para la covid-19, pero ha pedido que esta figura sea del ámbito sanitario. UGT ve "imprescindible" la apuesta por la educación presencial, sobre todo en Infantil y Primaria, pero echa de menos que no se haya hablado de la Formación Profesional. "Las medidas anunciadas exigen presupuesto propio para su implantación y refuerzo de las plantillas docentes", ha añadido Loranca.

FSIE ha pedido al Gobierno que a los centros concertados lleguen "en igualdad de condiciones a las ayudas destinadas a educación" de los 2.000 millones anunciados para este fin, pues "la legislación vigente establece que la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados".

Por su lado, ANPE-Madrid ha reconocido ser consciente de que aún se desconoce el escenario que encontrarán en el mes de septiembre, pero ha instado a "empezar a trabajar ya en todas las posibilidades, con el fin de iniciar el curso con las mayores garantías" para el alumnado, el profesorado y las familias.