El campo andaluz se levanta contra el ministro Planas por las ayudas europeas

El campo andaluz retomará las movilizaciones que llevó a cabo el pasado año, y que fueron paralizadas por la pandemia, debido a una nueva polémica que tiene su origen en la decisión del ministro de Agricultura, el cordobés Luis Planas, de implantar este mismo año un cambio en el reparto de los fondos europeos que supondrá un nuevo golpe para este sector en esta comunidad.

El Consejo de Ministros de ayer aprobó un real decreto que adelanta a este año la denominada convergencia de las ayudas europeas de la PAC —que debía entrar en vigor en 2023—, que supone una redistribución de fondos que perjudicará especialmente a Andalucía, la principal comunidad agrícola española —con un 34% de los agricultores españoles o un 40% de las exportaciones españolas—.

En concreto, esta redistribución hacia las ayudas más vinculadas a la superficie -pago único- que a las ayudas históricas a la producción que regulará los años 2021 y 2022, unida a otras medidas, puede suponer “pérdidas de casi el 50% para la agricultura andaluza”, según explicó el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra. Es decir, algo menos de 600 de los 1.500 millones de euros que reciben los agricultores y ganaderos de la comunidad en ayudas directas de la PAC.

Hasta ahora, Andalucía recibía algo más que la media de España por hectárea (226 euros frente a los 144 euros de la media nacional) gracias a su productividad y competitividad, conseguidas tras sus inversiones para renovar el sector. Sin embargo, eso no se ha traducido realmente en un mayor ingreso por agricultor que, según los datos de la Junta, se sitúa en 5.000 euros en Andalucía, frente a una media nacional de 6.500 euros por agricultor —en algunas comunidades, llega hasta 10.000 euros—.

Esto es debido en buena parte a la pequeña dimensión de las explotaciones andaluzas, con una media de 17,5 hectáreas frente a las casi 50 hectáreas de la media nacional. “El sistema productivo del campo andaluz tiene un modelo mucho más familiar y social, que crea empleo, que fija población y que además está demostrando su calidad”, explica el secretario general de COAG, Miguel López.

La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, lamentó ayer la aprobación de un decreto que considera que “castiga al buen agricultor, a los que han invertido en innovación y en hacer sostenibles sus producciones”. La representante andaluza insiste en que la UE no está demandando una convergencia brusca de la política agraria común (PAC) como la que está impulsando el ministro Planas, y subraya la apuesta unánime del sector agrario y de la Junta por una convergencia "más lenta y gradual" que permita a agricultores y ganaderos adaptarse al nuevo marco en un par de años.

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La Mesa de Interlocución Agraria Andaluza, formada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, envió hace unos días una carta en la que demanda de forma unánime continuar aplicando el actual modelo de convergencia y se rechaza de manera contundente la decisión unilateral del ministerio de acelerar el proceso actual, “rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC”. El Gobierno andaluz ha lamentado que se trate de imponer una tasa plana encubierta, a través de un proceso acelerado de convergencia.

En este sentido, Crespo ha señalado que, si bien el ministerio reconoce ahora que el 1% de los agricultores perderá más de un 20% de las ayudas directas a las rentas en el primer año, no dice nada sobre las pérdidas que sufrirán en el segundo año o sobre los que dejarán de ingresar el 15%, el 17% o el 19%. "Esta convergencia brusca va a provocar un trasvase de fondos entre agricultores con el que no estamos de acuerdo", ha recalcado.

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Carlos Pizá. Sevilla

Las organizaciones agrarias y las cooperativas denuncian que esta norma, “muy dañina para el modelo social y profesional de la agricultura, se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato”. Por ello, anuncian “contundentes movilizaciones en cuanto el covid lo permita, dispuestos a revertir esta situación”.

Para el sector agrario andaluz, la aprobación de esta norma supone “un grave perjuicio para el modelo social y profesional de la agricultura, que es clave para la economía andaluza, y va a generar un daño irreversible a un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario, gestiona el territorio y es el que fija población en nuestra región”.