Los expresidentes autonómicos, 'jarrones chinos' con un estatus desigual

"Hay que ver lo difícil que es ser un expresidente del Gobierno, nadie sabe cómo tratarte", la frase se la dijo Adolfo Suárez al periodista Fernando Jáuregui e hizo tanta fortuna como aquella otra de Felipe González sobre los "jarrones chinos", "extremadamente valiosos" pero "tremendamente molestos". Pero si en España durante mucho tiempo los expresidentes han admitido que su papel no está bien definido, en el ámbito autonómico el agujero es mucho mayor.

La polémica se ha adueñado esta semana de la negociación que habían emprendido PP y PSOE en Andalucía para dar un sueldo a los expresidentes de la Junta. El Gobierno asegura que no ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa y que se limitó a aceptar una sugerencia de los socialistas. Estos, sin embargo, aseguran que fue la Junta quien encargó la propuesta de reforma legal. La iniciativa ha muerto antes de llegar a nada. Lo que se proponía en Andalucía, un asiento en el Consejo Consultivo con una remuneración sin límite de edad, existe en otras comunidades. En el caso andaluz, ahora mismo son miembros natos del órgano, pero sin salario: solo cobran dietas si acuden al pleno.

La disparidad manda en el trato que las comunidades brindan a sus exmandatarios. Solo Cataluña y País Vasco dan pensiones vitalicias a sus expresidentes cuando cumplen los 65 años. Son las que, de lejos, mejor los tratan en términos económicos, con un retirado dorado, más todavía para los catalanes, con el sueldo más elevado. Otras (Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra) regulan un sueldo de forma indirecta para estas figuras a través de un asiento remunerado en el Consejo Consultivo, justo lo que pretendía Andalucía.

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Hay autonomías que tenían esa misma fórmula, pero la han suprimido en los últimos años, tras el estallido de la crisis de 2008, que llevó a recortar lo que partidos como Podemos o Cs tildan de privilegios. Cada vez es más impopular regular este tipo de asignaciones que en otros países europeos es absolutamente normal. En Alemania, los excancilleres reciben una cantidad, en función del tiempo en el cargo, que equivale al 70-75% del salario que recibían, Los ex primeros ministros británicos tienen una pensión vitalicia, incluso título nobiliario y asiento en la Cámara de los Lores. En Italia, son nombrados senadores vitalicios. En Francia quedan como miembros de pleno derecho del Consejo Constitucional.

Nueve CCAA, sin asignación

Ahora mismo, según la información recopilada por este periódico, nueve comunidades no regulan ninguna indemnización ni pensión para sus expresidentes: Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, Madrid, La Rioja o Murcia. En algunos casos sí se contempla la dotación de una oficina, con secretaria, asesor o chófer, además del trato protocolario o el pago de dietas para acudir a actos como expresidente.

Las distintas autonomías han ensayado en los últimos años varias fórmulas, en la mayoría de los casos envueltas en una gran bronca política, para dar un papel a los expresidentes autonómicos tras años de desregulación de esta figura. El precedente fue la regulación estatal de la figura de los presidentes del Gobierno. Un decreto en 1983 fijó por primera vez medios y prerrogativas para los cuatro años posteriores a salir del cargo. Finalmente en 1992, con Felipe González, se aprobó un decreto, aún vigente, que pone a disposición de los expresidentes una oficina con dos funcionarios, una dotación para gastos de oficina, conductor y seguridad. En los Presupuestos de 2021 esa partida supone 298.320 euros.

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Durante los dos años posteriores al cargo se puede cobrar una indemnización mensual del 80% del salario, igual que los exministros. No hay una pensión vitalicia fijada, pero sí la posibilidad de que los expresidentes se incorporen al Consejo de Estado como miembros natos con un salario de 103.204 euros anuales. Estuvo José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, pero ambos salieron. Ahora mismo ningún expresidente es consejero de Estado, lo que conlleva un duro régimen de incompatibilidades que posiblemente haga más lucrativo dedicarse a otros 'negocios' privados.

Salario por dos años

Las comunidades autónomas han ido regulando el trato a sus expresidentes en diferentes leyes, en la mayoría de los casos decreto-ley, que fijan asignaciones o su tratamiento protocolario, aunque no establecen qué papel debe desempeñar quien estuvo al frente de una comunidad. Fue Navarra la primera que en 1983 aprobó un Estatuto para regular esta figura, que sirvió incluso de inspiración estatal ("Los Expresidentes autonómicos frente a su inexcusable labor institucional", María Josefa Ridaura, Universidad de Valencia). El resto legislaron de forma mucho más tardía. La comunidad foral fue pionera al fijar una indemnización tras dejar el cargo, que copiaron después otras, y que en líneas generales fija el derecho a recibir parte del salario (entre el 80 y el 60%) en función del tiempo que se haya ocupado el cargo y por un tiempo máximo de dos años.

Lo que se repite es que la regulación de las figuras de los expresidentes se convierte siempre en motivo de bronca política entre los partidos del Gobierno y la oposición. No falla. Es un clásico que conlleva que en varias comunidades, donde existía la posibilidad de que los expresidentes cobraran un salario, se haya suprimido. Acabó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes con el Consejo Consultivo, en 2015, que daba asiento y salario a sus antecesores. Suprimió Andalucía en 2011, con José Antonio Griñán al frente de la Junta, la posibilidad de que cobraran un complemento a su pensión o un 60% del salario fijado para la presidencia si no tuviera pensión.

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En Andalucía, cualquier fórmula dejaría fuera ahora mismo a los socialistas Manuel Chaves y a Griñán, inhabilitados por la condena de los ERE y a la espera del Supremo. Ningún presidente andaluz cobra ahora mismo una asignación ni disfruta de oficina. Rafael Escuredo sí fue nombrado consejero electivo del Consultivo con salario (68.149,92 euros), pero su mandato caduca después de diez años, dos mandatos, en ese sillón.

Euskadi y Cataluña, retiro dorado

Desde 1988, la ley de retribuciones de altos cargos fija prestaciones económicas para los exlendakaris vascos. Tienen una pensión de retiro equivalente a lo que cobran los parlamentarios que es incompatible con otra actividad profesional o remuneración. Los dos lendakaris 'pensionistas' son Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, porque sus sucesores, Juan José Ibarretxe y Patxi López, no han cumplido aún los 65 años. Todos tienen derecho a una oficina, personal de apoyo y coche oficial. A los jubilados se les otorga un complemento para elevar sus ingresos a los 52.913 euros brutos anuales, la mitad de lo que percibió el actual jefe del Ejecutivo.

En Cataluña, se reguló en 2003 un estatuto para los expresidentes que salió adelante por unanimidad. Fue Jordi Pujol, tras 23 años en el cargo y a punto de abandonarlo, quien reguló una pensión vitalicia a partir de los 65 años de un 60% del sueldo percibido por el presidente de la Generalitat, el más elevado de todos los presidentes. También, al dejar el cargo, cabe una indemnización del 80% del salario por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que se haya sido presidente. Ambas prestaciones son incompatibles. La pensión se puede extender incluso a las parejas de hecho o hijos hasta la mayoría de edad en caso de defunción del expresidente. Además, Quim Torra cobra la asignación, no aún la pensión, pese a estar inhabilitado por condena judicial. Artur Mas cobra pensión desde que el pasado enero cumplió la edad de jubilación.

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En Extremadura también se fijó, en 2007, una pensión vitalicia para los expresidentes a partir de los 65 años. Lo aprobó el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras 24 años de gobierno. Esa pensión, como en el caso de Cataluña, incluso podía beneficiar al cónyuge en caso de enviudar. Salió con el pacto de PSOE y PP, pero en 2014 el popular José Antonio Monago, recogiendo el guante de IU, suprimió esa pensión vitalicia. Se mantienen prerrogativas como la oficina para el expresidente, dotada con medios humanos y materiales.

Un sueldo en el Consultivo

En Galicia, los expresidentes pueden cobrar una indemnización al dejar el cargo, sin carácter vitalicio, condición que solo rige para el tratamiento protocolario. Eso sí, pueden formar parte del Consultivo con un sueldo de 66.000 euros hasta los 75 años.

En Castilla-La Mancha pueden disponer de una serie de medios materiales y personales por un periodo limitado, el tiempo que hayan desempeñado el cargo. El mismo tiempo que podrán sentarse en el Consejo Consultivo cobrando un sueldo igual que el resto de consejeros y según fijen los presupuestos autonómicos. El expresidente José Bono (PSOE) ha disfrutado en algunos momentos de algunas de estas prestaciones.

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En la Comunidad Valenciana, sus expresidentes además de tener derecho a oficina, secretaria y chófer, pueden sentarse en el Consejo Jurídico Consultivo con un salario que ronda los 60.000 euros anuales. Disfruta ahora mismo de esa prerrogativa Francisco Camps (PP).

En Castilla y León los expresidentes pueden tener asiento con sueldo en el Consultivo hasta los 70 años, con una remuneración incompatible con otra actividad y que se puede prorrogar más allá de la edad de jubilación, que ronda los 78.000 euros anuales, según los últimos datos publicados. Hace solo dos años, en 2019, se incorporó a ese puesto el expresidente Juan Vicente Herrera (PP).