La fiscal se opone a tumbar la candidatura de Olona para el 19-J: "El daño sería irreparable"

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a suspender de forma cautelar la candidatura de Macarena Olona para las elecciones andaluzas. El Juzgado de Primera Instancia Número 82 de Madrid ha celebrado este martes una vista para abordar la demanda en la que el abogado Pedro Francisco Muñoz pide la "suspensión cautelar de nombramientos de candidatos [de Vox] para las elecciones al Parlamento andaluz de junio de 2022", pero finalizada la misma, la representante del Ministerio Público se ha posicionado en contra: "El daño sería irreparable", ha sostenido ante el juez. "La medida no está encaminada a garantizar la tutela judicial efectiva".

El abogado ha presentado la demanda en la jurisdicción civil y, por tanto, la admisión de la misma es automática: con solo solicitar amparo judicial, se da pie al inicio del proceso, acordando el secretario judicial por medio de decreto dar traslado al demandado para que conteste en el plazo de 20 días. De forma paralela, cabe acordar la celebración de una vista para responder a las medidas cautelares solicitadas, tal y como ha ocurrido este martes. Este procedimiento no indica que existan indicios de irregularidades y es un mero trámite, pero él ha insistido en sus argumentos ante el juez, hasta el punto de equiparar los estatutos de Vox a las "leyes franquistas".

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En su demanda, el abogado pide anular "determinados artículos de los estatutos de Vox por ser contrarios al ordenamiento jurídico vigente". Entre otros aspectos, cuestiona la legalidad del sistema de avales internos que rige en la formación al considerar que incumple “las necesarias garantías que prevé nuestra Constitución Española, que no son otras que la democracia que se exige en el seno de los partidos políticos, haciendo que de ese modo se evitase un perjuicio colectivo”.

La abogada de Vox, Marta Castro, ha insistido por su parte en la "falta de legitimación" del propio demandante. Según ha explicado, este se afilió tanto a su partido como a Izquierda Unida el 8 de mayo y, dos días después, demandó a ambas formaciones. "Demanda a todos los partidos y por cuestiones parecidas", ha criticado. "O bien afán de notoriedad personal (...), o hay un interés partidista que no sabemos a qué puede responder". "Me parece grave y de mala fe la utilización de la Justicia en estos términos".

Finalizados los turnos de ambas partes, la fiscal ha concluido que el objetivo de la medida cautelar no es otro que "adelantar el fallo" definitivo sobre los estatutos de Vox, por lo que no cabe atenderla: "Debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante unos estatutos de 2019, por los que ya se han elegido cargos y no ha habido impugnación".

La demanda

El abogado carga contra los estatutos de Vox y, en concreto, contra los artículos 23 y 24, en los que se regula el "procedimiento de elección de cargos orgánicos" y el "procedimiento para la designación de candidatos a cargos públicos electos". En su demanda sostiene que, a la vista de su redacción, este tipo de elección queda reducida a "la decisión personal de Don Santiago Abascal Conde".

El abogado también pone el foco en el artículo 11 del Reglamento Interno de Procedimiento Electoral de Vox, que hace referencia al "número mínimo de avales necesarios (...), así como a la forma de prestar los mismos, para poder concurrir una candidatura en cada proceso electoral". A partir de ahí, eleva el tono contra el líder del partido, al que presenta como "padre del Abascalismo", un "pseudo régimen que quiere dirigir de nuevo los destinos de España durante 40 años o hasta que se encuentre con el Creador".

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“No se puede consentir que esta fuerza política se convierta en una camarilla de amiguetes, se verían completamente afectadas de no encontrarnos en un sistema en el que la organización interna del mencionado partido no se ajuste a criterios democráticos, sino simplemente a cúpulas de poder, que no garantizan en modo alguno la correcta adecuación de aquellos que se incardinan al mando”, denuncia.

La demanda pide "declarar la nulidad de pleno derecho" de los tres artículos y condenar a Vox a que modifique los mismos. "Considerando necesarias para la efectividad de la tutela de los derechos que asisten a mi mandante, solicitamos suspenda cautelarmente del acuerdo por el que se determinen los nombramientos de los candidatos para las próximas elecciones andaluzas de junio de 2022", añade. Una vez escuchadas a las partes y con la Fiscalía posicionándose en contra, la decisión queda en manos del juez.