El Ayuntamiento de Málaga marca a la Junta de Andalucía el camino de una tasa turística

No era la primera vez que una hipotética tasa turística se colaba en el debate del Ayuntamiento de Málaga, pero sí en la que ha habido unanimidad de los partidos para que se estudie su aplicación. Con más o menos matices, pero con posturas en común. Porque este fue el resultado de dos de los tres puntos que se sometieron a votación tras la moción urgente presentada este jueves por Unidas Podemos por Málaga (UPporM) y en los que se instaba a la Junta de Andalucía a que explore un marco normativo para que los municipios que lo soliciten puedan aplicar este impuesto. Una medida que supone un desmarque del equipo municipal del PP, que se aleja de la tradicional oposición de su ejecutiva regional a gravar al sector en este sentido.

Los encargados de defender la moción que reabría esta polémica cuestión fueron los concejales de UPporM Paqui Macías y Nicolás Sguilia. Ambos insistieron en argumentos que sustanciaron anteriores intentos de que el consistorio estimara esta propuesta. Macías recordó en el salón de plenos que es un gravamen que aplican “hasta 37 importantes destinos turísticos europeos —Lisboa, París, Ginebra, Ámsterdam, Berlín, Praga...— sin que hayan sufrido una merma de visitantes”.

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Con base en los 2,5 millones de personas que visitaron la ciudad en 2019, y teniendo en cuenta que pernoctaron en ella una media cercana a las dos noches, la edil calculó el beneficio económico del impuesto dependiendo de su importe. “Si fuese un euro, se recaudarían cinco millones; si subiese a uno y medio, siete millones y medio, y si alcanzase dos, dejaría 10 millones en las arcas públicas”, apuntó Paqui Macías, que recordó que en las ciudades señaladas se han hecho estudios que demuestran que el turista está de acuerdo con pagar estas cantidades, “siempre y cuando el dinero vaya en mejoras de la calidad”.

Enumeró actuaciones en materia de patrimonio, sostenibilidad o generación de zonas verdes que se podrían hacer con esos fondos, antes de recordar que la actividad turística también genera gastos a la ciudad en temas como limpieza, seguridad o saneamiento.

Unidas Podemos estima que si cada turista pagara dos euros, se recaudarían 10 millones

La edil de Ciudadanos y responsable del área de Cultura y Deporte, Noelia Losada, fue la primera en dar la réplica y calificó la tasa turística como una “tentación peligrosa”. “No se pueden tomar decisiones a la ligera en industrias tan cruciales”, recomendó, para añadir que no compartía la iniciativa de Unidas Podemos. “Cosa diferente es que a los propietarios de pisos turísticos, por ejemplo, se les deba aplicar una tasa por la prestación de servicios como la recogida de basura”.

Más sorprendente fue el movimiento de su socio de gobierno. Salvo algún coqueteo del alcalde, Francisco de la Torre, el equipo municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga, tradicionalmente, siempre había mantenido una postura contraria a este tipo de tasas. Era algo fijado por la dirección regional y se asumía con convencimiento. Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Juanma Moreno, en sus distintas etapas al frente del partido, han expresado reiteradamente que una medida impositiva así ahuyentaba a los visitantes y se posicionaban al lado del primer sector económico de la comunidad. Pero esta postura también se justificaba por antagonismo ideológico. Porque hay que recordar que dos de los sitios del país donde se aprobó este impuesto fueron Barcelona —o lo que es lo mismo, Ada Colau (En Comú Podem)— y Baleares —Francina Armengol (PSOE)—.

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Los populares, a través del edil de Turismo, Jacobo Florido, mostraron su predisposición a explorar esta vía impositiva, siempre y cuando se aceptase una enmienda a uno de los puntos del texto propuesto por Unidas Podemos por Málaga. Era el segundo, en el que se pedía al consistorio que instase a la Junta de Andalucía a “realizar los informes pertinentes y tomar las medidas oportunas para elaborar un marco normativo que permita a los municipios que así lo decidan la implementación de una tasa turística que grave las pernoctaciones tanto en establecimientos hoteleros como en viviendas y apartamentos turísticos”.

Florido, que lamentó que de las palabras de la oposición se desprendiese la imagen de que el sector turístico es un “evasor” de impuestos, declaró que “amamos la libertad” y “no podemos estar en contra de las cosas consensuadas”, por eso condicionó el apoyo de su grupo a que se dejase claro que los ayuntamientos tendrían la potestad de decidir si cobrar o no este impuesto. Finalmente, se estimó y la propuesta se acordó por unanimidad.

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También obtuvo el consenso de todo el pleno el tercer punto, en el que se solicitaba al Gobierno central que iniciase un diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para “evaluar una posible modificación de la Ley de Haciendas Locales que permita incorporar la tasa turística entre los instrumentos fiscales gestionados por las administraciones locales”. La iniciativa rechazada, por 16 a 14 votos, fue la que pedía al consistorio que abriese un “proceso de diálogo y debate” con los principales agentes del sector, ciudadanos y turistas sobre este asunto. Una decisión que UPporM consideró “inexplicable”.

Aunque el PP no fue el único en modificar su posicionamiento en este asunto. El PSOE, que en sus años al frente de la Junta de Andalucía también era reacio a este gravamen, viró para adaptarse a los postulados de su nuevo secretario general andaluz, Juan Espadas, quien en su antigua etapa como alcalde de Sevilla apostaba por la tasa turística.

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El paso dado este jueves por el pleno del Ayuntamiento de Málaga abre la puerta a que el Ejecutivo andaluz sopese adoptar este pequeño impuesto. Una medida que no aprobó ni Izquierda Unida cuando estuvo al frente de la Consejería de Turismo en la persona de Rafael Rodríguez. Hay serias dudas de que Moreno lo haga.