El nuevo Gobierno de Moreno tendrá que pagar 27 millones de las ayudas de los ERE

La herencia del caso ERE no solo afecta al PSOE andaluz. El actual Gobierno de la Junta, recién conformado, tendrá que seguir pagando parte de las prejubilaciones que salieron del procedimiento específico por el cual se ha condenado a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo en mayo de 2019, todavía había que abonar 60,9 millones de euros en ayudas sociolaborales. Desde entonces, se han efectuado pagos por valor de 33,6 millones de euros, por lo que el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno todavía tendrá que incluir en sus presupuestos unos 27 millones de euros para esta materia.

Estos pagos son el resultado de la aprobación de un decreto ley por parte del Gobierno de José Antonio Griñán el 16 de octubre de 2012. Con esta norma, el Gobierno de PSOE e IU regularizaba los abonos para los más de 6.000 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas articuladas por el modelo fraudulento. Por eso se habla de 680 millones de euros malversados, que son los que se repartieron entre 2000 y 2009. Hay otra cantidad que todavía está en investigación en varias piezas separadas y que se adjudicó entre 2010 y 2012. El resto del dinero, hasta llegar a los más de 1.200 millones que costarán las prejubilaciones de estos trabajadores, se abonó por una fórmula legal. Como recuerdan en la actual Consejería de Empleo, el citado decreto sirvió para aumentar los controles del pago de estas ayudas.

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Es ese dinero el que pagaron los gobiernos de Susana Díaz y ahora de Juanma Moreno. Y hay que recordar que el decreto se aprobó en el Parlamento andaluz con el apoyo de PSOE e IU y la abstención del PP. Los populares, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, han seguido incluyendo partidas en sus presupuestos en los últimos tres años para hacer frente a estos pagos. Y Carolina España, la nueva consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, tendrá que hacer lo propio cuando diseñe las cuentas de 2023, un proceso que ya ha comenzado.

El primer Ejecutivo de Moreno ha tenido que hacer frente ya a 41,3 millones de euros que se distribuyen entre los 16 de 2019, los 12,97 de 2020, los 9,5 de 2021 y la mitad de los 5,8 que contempla abonar en 2022, según los datos de la Consejería de Empleo, que dirige Rocío Blanco. La inspectora de Trabajo cordobesa, pero afincada en Málaga, es la única titular que entró en la Junta de la mano de Ciudadanos y que sigue en el segundo Ejecutivo de Juanma Moreno. Su nombramiento, según ha explicado el propio presidente, es un reconocimiento a la labor desarrollada en un departamento que llevaba una década atenazado por los casos de corrupción.

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Las cantidades que la Junta ha tenido que dedicar a abonar estas ayudas han ido descendiendo de forma paulatina en los últimos años. Cuando Juanma Moreno llegó a San Telmo, en enero de 2019, se desembolsaron 1,43 millones de euros para estas prejubilaciones. En último dato desglosado por meses es el de diciembre de 2020, cuando ya eran algo más de 950.000 euros. Las reducciones, explican desde Empleo, responden a la jubilación o al fallecimiento de los trabajadores que reciben estas ayudas. En estos años, el Gobierno andaluz no ha sido capaz de cifrar el número de personas que siguen cobrando, pero sí se tiene certeza de que los pagos finalizarán en diciembre de 2025.

Esto significa que, salvo sorpresa mayúscula, Juanma Moreno será el último presidente andaluz que tenga que guardar partidas para financiar las ayudas procedentes del sistema ideado en el seno de la Consejería de Empleo y que ha acabado con dos décadas de mandatos socialistas bajo la sombra de la corrupción. No es casualidad que Moreno, en el discurso de la toma de posesión de sus nuevos consejeros, haya insistido en que la corrupción "es cosa del pasado". En el entorno del presidente, explican que no tiene intención de erosionar al PSOE por el fallo del Supremo, aunque no hay que olvidar que gran parte de la estrategia de oposición del PP durante años se sirvió de este argumento.

La imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán se conoció en la toma de posesión del primer Gobierno de Susana Díaz

Moreno ha admitido que la toma de posesión de su nuevo gabinete ha tornado en "agridulce", tras hacerse pública la decisión del Alto Tribunal. No es la primera vez que ocurre, ya que en septiembre de 2013 se vivió una situación similar. La diferencia es que entonces el Ejecutivo que se formaba era socialista, el primero de Susana Díaz. Y la imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán provocó un giro de 180 grados en el ambiente de aquella jornada, que debía ser festiva, en el Palacio de San Telmo.

La situación, casi una década después, es muy distinta. Tanto es así, que ninguna de las consejerías del nuevo Gobierno de Moreno lleva en su nombre la regeneración. Esta apuesta de Juan Marín en 2019 muere con la desaparición de Ciudadanos del tablero político andaluz. Las competencias en la materia, que incluyen las políticas de racionalización de los entes instrumentales, se irán para el departamento que dirige desde este martes José Antonio Nieto, Justicia, Administración Local y Función Pública.