La Junta no aprobará antes de 2023 la renta para la infancia que prometió Moreno

El Gobierno de Juanma Moreno no aprobará antes de 2023 el Ingreso por la Infancia y la Inclusión, tal y como se comprometió el presidente en su discurso de investidura. Esta iniciativa estaba llamada a actualizar la renta mínima de inserción social para compaginarla con el ingreso mínimo vital (IMV), pero en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad admiten que no hay plazo para sacar adelante la reforma de esta subvención.

Lo que está claro es que la nueva ayuda no estará centrada en los menores, como inicialmente planeó Rocío Ruiz, la responsable de estas políticas en el primer mandato de Juanma Moreno, que formaba parte de la cuota de Ciudadanos y ahora es miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía a propuesta del PP. Así lo admiten desde el equipo de la nueva consejera, la popular Loles López, donde explican que están “trabajando” para mejorar la compatibilidad de la ayuda estatal y la autonómica.

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En Inclusión Social, detallan que el IMV inicialmente no tenía complemento específico para infancia, pero después de varias modificaciones, sí atiende a los menores de 18 años. A finales de 2021, el Gobierno central remodeló su prestación para incluir un plus por cada menor que viva en el hogar y que puede variar entre los 50 y los 100 euros mensuales en función a la edad del niño.

Proyecto de Rocío Ruiz

Esta novedad entró en vigor a principios de año, antes de que la exconsejera Rocío Ruiz anunciase que el Ingreso por la Infancia y la Inclusión se aprobaría en mayo. La exdirigente naranja aseguró incluso que tenía atados los apoyos en el Parlamento, algo que confirman desde el PSOE y Por Andalucía (entonces Unidas Podemos). Ruiz llegó a remitir a ambos partidos un borrador del decreto, consciente de la dificultad que tenía entonces el Gobierno de Juanma Moreno para sacar adelante sus políticas tras la ruptura con Vox.

Moreno retomó este compromiso en el discurso de investidura que pronunció a finales de julio en el Parlamento y aseguró que el "proyecto de ley" llegaría a la Cámara en el periodo de sesiones que va de septiembre a diciembre. Esto ya no ocurrirá en ningún caso, aunque en el departamento de Loles López siguen enfrascados en la adaptación de la renta mínima de inserción social al IMV, una tarea que comenzó a principios de 2021 y que sigue atascada. Desde Inclusión Social, achacan la dificultad a los numerosos cambios, hasta seis, que ha sufrido la ayuda estatal en su regulación.

La historia de las rentas mínimas en Andalucía está plagada de altibajos desde que existía el llamado salario social, puesto en marcha bajo gestión socialista y que fracasó por el largo trámite que tenía asociado. En 2017, Susana Díaz intentó darle la vuelta a la situación creando la renta mínima de inserción social de Andalucía (RMISA), que iría asociada a un itinerario de inserción laboral y tendría menos burocracia. Pero esta ayuda chocó con el mismo muro burocrático.

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En sus primeros compases, el Gobierno de Juanma Moreno dio un impulso a la RMISA. En 2019, el primer año con PP y Ciudadanos al frente, ejecutó 107 millones en esta ayuda, casi el doble del último año con el PSOE en la Junta, cuando fueron 57 millones de euros. El presupuesto de 2020 se elevó hasta los 135 millones, pero ya en 2021 cayó hasta los 115 y en 2022, con el presupuesto prorrogado, se quedó en 78,5 millones. En las cuentas de 2023 que se están tramitando en el Parlamento hay 73,5 millones para la ayuda ideada por Susana Díaz.

La caída paulatina desde 2020, explican desde la Junta, responde a la creación del ingreso mínimo vital, que absorbe la mayor parte de las peticiones de ayudas para personas vulnerables. El último dato ofrecido por el Gobierno cifra en 157.425 el número de hogares de la comunidad que cobran esta prestación, que llega a 455.421 andaluces. El 42,1% de esos beneficiarios (191.747) son menores y 91.298 familias (el 57%) reciben el citado complemento de ayuda a la infancia. En 2020, el año en el que la renta mínima de inserción social autonómica tuvo un mayor presupuesto, llegó a 79.640 andaluces.

Unicef y Save the Children avalaron el ingreso por la infancia, que tuvo un borrador que incluso fue remitido a los partidos de la oposición

Las organizaciones que trabajan con menores y que celebran este domingo el Día Mundial de la Infancia, Save the Children y el comité andaluz de Unicef, apoyaban la puesta en marcha de este ingreso por la infancia y la inclusión. En el caso de la agencia de las Naciones Unidas, incluso hizo aportaciones al borrador del decreto que el equipo de Rocío Ruiz compartió con los grupos de la oposición.

"Allí donde no llegan el IMV ni las prestaciones y subsidios de desempleo, las rentas autonómicas pueden intervenir", apuntan desde Unicef, donde recuerdan que el 43,7% de los menores andaluces vive en riesgo de pobreza y exclusión, según la última edición de la Encuesta de condiciones de vida. Save the Children, por su parte, propone una ayuda universal de 100 euros mensuales y que la adaptación de la RMISA sirva como prestación complementaria del ingreso estatal.