Una bronca entre Igualdad y la Junta pone en riesgo a 20 expertos en violencia de género

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actualizó el lunes los datos que dimensionan esta lacra. Durante el tercer trimestre de este año, los órganos judiciales de toda Andalucía registraron un total de 10.541 denuncias, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2021. Una tendencia alcista que contrasta con una sorprendente situación: una veintena de empleados públicos y especialistas en la atención a las víctimas de la violencia machista, adscritos a órganos judiciales andaluces, están a dos semanas de cesar supuestamente arrastrados por diferencias entre el Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Igualdad sobre renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha alertado de esta circunstancia, destacando el caso de Málaga, donde una psicóloga y una trabajadora social que conforman uno de los cuatro equipos adscritos al Instituto de Medicina Legal (IML) dejarán de trabajar el próximo 31 de diciembre. Aunque las bajas —si nadie lo evita— se extienden por partidos judiciales de todo el territorio. En Fuengirola, por ejemplo, se perderán dos interinos de refuerzo de los juzgados de Violencia contra la Mujer, mientras que en Algeciras la cifra es de tres.

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El STAJ ha precisado que los ceses son consecuencia de que “no han llegado” las partidas que debían librarse por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El anuncio que confirmaba su prórroga se realizó hace aproximadamente un año, aunque no fue hasta el pasado mes de octubre cuando todos los partidos políticos —menos Vox— consensuaban la creación de una subcomisión que debía actualizar las necesidades.

“En la última mesa sectorial, que celebramos la semana pasada, se nos comunicó que el dinero no había llegado”, insistieron las fuentes sindicales consultadas por El Confidencial, que no se explican la “poca previsión” de las administraciones ante una situación que consideran que va a mermar notablemente la asistencia a las víctimas de maltrato. En el caso de Málaga, y siempre y cuando se cumpla el plazo de tres meses estimado para que el cuarto equipo vuelva a estar operativo, se calcula que aproximadamente 130 casos podrían sufrir importantes retrasos porque la valoración recaerá en los otros grupos. Y, como es comprensible, esto afecta negativamente en las instrucciones de los distintos casos.

La Admiministración andaluza sostiene que el Ejecutivo central “ha llegado tarde”

“Resultaría lamentable que el primer regalo de año nuevo a la Administración de Justicia en Málaga sea perder el 25% de la plantilla de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Genero”, señalaba el STAJ sobre este caso concreto, para después afirmar que Andalucía “no merece perder 19 puestos de refuerzo que apoyan la lucha contra la violencia de género en diferentes órganos judiciales de la región”.

La misma explicación dada por las organizaciones sindicales se traslada desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, cuyas fuentes señalaron al Gobierno central como responsable de esta situación. “El problema es que el Pacto no está renovado; se ha anunciado, pero no está renovado”, manifestaron, para añadir que el Ejecutivo central “ha llegado tarde” porque “no previó que no hubiese un espacio de tiempo entre uno y otro”.

“Sin los fondos no se puede hacer la renovación y mantener la continuidad, que es lo que desde la Consejería se quiere”, pero se estudia alguna fórmula “para dar una solución a la situación hasta que lleguen los del Gobierno”.

“Es su decisión”

Estas acusaciones fueron rechazadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que a preguntas de este periódico se desmarcó de la polémica asegurando que, “con normalidad”, transfirió 16,5 millones de euros a la Junta de Andalucía, “tal y como quedó establecido en la conferencia sectorial del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 1 de marzo”.

Fuentes del Ministerio de Igualdad responsabilizaron de la situación de los trabajadores de refuerzo al Ejecutivo autonómico y le reprocharon su decisión de pagarles “con recursos que le vienen” del acuerdo estatal. “La mayoría de las comunidades autónomas que tienen Unidad de Valoración Integral de Violencia de Genero la mantienen con fondos propios porque se trata de su ámbito competencial”, censuraron, antes de añadir que “el dinero del Pacto Estatal contra la Violencia de Género va a sufragar las actuaciones adicionales” en esta materia.

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“Es su decisión dedicar lo que reciben a este u otro servicio. Si carece de recursos propios para mantenerlo, el problema es de insuficiencia presupuestaria de Andalucía”, reprochan desde el departamento ministerial. El Gobierno andaluz insiste en que esos 16,5 millones forman parte del anterior Pacto de Estado y que “el problema se producirá en 2023” porque aún no se ha rubricado el nuevo que debe liberar nuevas partidas.

Los trabajadores ahora afectados se incorporaron a sus puestos después de que el 3 de agosto de 2018 se aprobase un Real Decreto para el desarrollo de este acuerdo clave para atajar el problema de la violencia machista y en el que también se desgranaban las ayudas. Las dos expertas de Málaga, por ejemplo, se incorporaron al IML en esas fechas, por lo que han adquirido una amplia experiencia en “un campo muy específico de la violencia”, destacaron las fuentes consultadas, que lamentaron que cuando se convoquen las plazas —“allá por marzo”— se “tirará de la bolsa”. “Y entonces habrá que formar a las personas que se incorporen”, así que existirá un periodo en el que el trabajo se ralentizará.

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Esta psicóloga y la trabajadora social trabajan habitualmente casos del ámbito Civil y sus dictámenes son necesarios para los procesos derivados de divorcios problemáticos, conflictos en las custodias y otros contenciosos. Así que su ausencia prolongada puede ralentizar toda la maquinaria judicial al colapsar el trabajo del Instituto de Medicina Legal y retrasar las instrucciones de los casos al no disponer las autoridades judiciales de los informes de valoración de los implicados.

Los sindicatos lamentan el “daño” que pueden causar las “barreras burocráticas” en “un tema tan sensible para nuestra sociedad”. A pesar “de la publicidad institucional, de las buenas palabras de los políticos de turno, no debemos permitir que nadie juegue con el futuro de las mujeres y menores”, señalaron.