Andalucía incide en el "privilegio" de Euskadi y Navarra en su lucha contra el impuesto a los ricos

El Gobierno andaluz avanza en su recurso contra el impuesto a los ricos que María Jesús Montero ha impulsado desde el Ministerio de Hacienda. Tras la entrada en vigor de la ley por la que se crea este nuevo tributo, el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno suma nuevos argumentos en su ofensiva contra este gravamen, que llevará al Tribunal Constitucional. Según la Junta, la maniobra del Gobierno central es un ejemplo de "privilegio" a las comunidades forales, que tendrán transferido el impuesto y está por ver si lo aplicarán, dado que tienen su propio impuesto al Patrimonio.

Ese será uno de los argumentos que utilizará el gabinete jurídico de la Junta para armar el recurso de inconstitucionalidad que presentará en el tribunal de garantías en las próximas semanas. La Consejería andaluza de Hacienda y adelantó la pasada semana que solicitará la suspensión cautelar de este nuevo tributo, mientras que el TC se pronuncie sobre el fondo de la norma. Para que esto ocurra, el Ejecutivo popular debe aprobar el recurso en Consejo de Gobierno, pero antes debe recibir un informe del Consejo Consultivo que avale sus posicionamientos.

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"Se trata de un impuesto ad hoc contra Andalucía. Y vamos a pelear para defendernos de este ataque", defendió el jueves la titular de Hacienda, Carolina España, que pone el foco en los "privilegios territoriales" de Navarra y Euskadi y denuncia un intento de "armonización a la carta" del impuesto al Patrimonio para "los socios de Sánchez". "Es un nuevo agravio del Gobierno central a Andalucía", defendió España.

En el Ministerio de Hacienda recuerdan que todo impuesto que afecte al régimen foral debe concertarse con los gobiernos vasco y navarro, con quienes ya han mantenido los primeros contactos. En un principio, PSE y PNV mostraron su disposición a no aplicar el impuesto, dado que en Euskadi existe un tributo al patrimonio, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía y Madrid. Galicia tiene una bonificación parcial y Murcia anunció recientemente su voluntad de sumarse a andaluces y madrileños en su reducción de este tributo.

Andalucía considera el nuevo impuesto un "ataque" en respuesta a la bonificación del impuesto al Patrimonio que aprobó en septiembre

La Junta dispone de tres meses para formalizar el recurso a partir de la publicación en el BOE y entrada en vigor del texto, lo que se produjo el miércoles, 28 de diciembre. La voluntad del Gobierno andaluz es "no perder ni un solo día". Andalucía se ha adelantado así a Madrid, que fue la primera comunidad en anunciar que iría al TC con el impuesto a los ricos de María Jesús Montero. El equipo que dirige Javier Fernández Lasquetty todavía está preparando su recurso, del que no se conocen detalles. Además, el PP contempla un segundo recurso desde su grupo parlamentario en el Congreso para redoblar la ofensiva.

La motivación del recurso

La tesis del Gobierno andaluz es que el impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas es "un ataque directo" a Andalucía, ya que Montero lo anunció solo unos días después de que Juanma Moreno desvelase su intención de acabar con el tributo al patrimonio. "Sólo pretende cortar las alas a una comunidad que empieza a despegar tras casi 40 años de lastre socialista", insiste Carolina España.

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Entre los argumentos técnicos destaca la "invasión de competencias", ya que la autonomía fiscal de las comunidades está blindada en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía, así como en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Andalucía también pondrá el tiro en la "chapuza técnica y política" que supone, en su opinión, que el impuesto se haya aprobado como una enmienda a la ley que crea los gravámenes a los beneficios extraordinarios a la banca y las eléctricas.

El recurso de la Junta también incidirá en que no se ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera ni la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía para informar de las novedades de un impuesto que afecta a las finanzas de la comunidad.

El Gobierno andaluz defiende además que la fórmula "no garantiza la seguridad jurídica", ya que se aplica "de manera inesperada e imprevista y vulnera la legítima confianza de los contribuyentes". Esto ataca frontalmente el objetivo que se marcó Juanma Moreno con la bonificación del impuesto al Patrimonio en un intento por seducir a grandes fortunas en busca de un entorno fiscal favorable, ya sean andaluces emigrados en la capital o extranjeros que residen temporalmente en la comunidad.