El Supremo eleva las penas por la trama de corrupción en las obras del puerto de Málaga

Capítulo final en la trama de corrupción tejida en torno a la construcción de un nuevo muelle para cruceros en el puerto de Málaga, y que afloró dos años después del accidente de un buque durante un temporal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha estimado los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para sumar el delito de malversación a los tres condenados en instancia previa, y considera probado el "acuerdo ilícito" entre dos altos funcionarios de la Autoridad Portuaria malagueña y la compañía adjudicataria de los trabajos, Sando S.A., que supuso un quebranto de fondos públicos.

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Andrés Martínez Arrieta, considera que Juan Pablo G. F. y José F. D., que ostentaron los cargos de director de infraestructuras y jefe de obras en el recinto portuario, respectivamente, además del delito simple de falsedad en documento oficial, cometieron malversación de caudales públicos. Y eleva las penas impuestas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a dos años y 11 meses de cárcel, en el caso del primero, y dos años y tres meses, para el segundo.

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El tercer acusado, Carlos M. P., empleado de la constructora, ha sido condenado como cómplice de los dos delitos citados a una pena de seis meses de prisión y de 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público.

Los magistrados consideran probado que se inflaron los trabajos para quedarse con dinero público. "A consecuencia de unas actuaciones mendaces que sobrevaloraron lo construido, aumentando el gasto de la administración, de forma indebida, y merced a la actuación falsaria de dos funcionarios, se libraron fondos económicos indebidos", resumen.

En el fallo se alude a las "muy estrechas relaciones comerciales" del jefe de infraestructuras con la empresa adjudicataria

La investigación gravita sobre las irregularidades en las obras de construcción de un nuevo muelle para cruceros en el morro del atraque sur del puerto de Málaga y la connivencia entre los tres procesados para sellar un "acuerdo ilícito, aparentemente, sólo beneficioso para Sando S.A.". "Un pacto verbal formalizado entre el referido jefe de infraestructuras de la Autoridad Portuaria y un representante o representantes de la constructora, cuya identidad concreta no ha quedado suficientemente esclarecida", se plasma en la sentencia, en la que se indaga en las "muy estrechas relaciones comerciales, con sus consiguientes intereses recíprocos, que desde el año 2003 venía manteniendo Juan Pablo G.F. con Sando S.A.".

El hilo conductor que establecen los magistrados es la empresa familiar del director de Infraestructuras, GF Ingeniería Aplicada S.L., que constituyó junto con tres hermanos en 1990 y de la que fue presidente hasta 1993. Después de esta fecha, y "a pesar de dejar de ostentar cargo en la misma, siguió ligado económicamente a ella, fundamentalmente, a través de su esposa, que sucesivamente pasó a desempeñar los cargos de apoderada, secretaria y administradora única".

El alto tribunal considera probado que el funcionario, junto al jefe de obras —que mostró su "total disposición" a participar en la trama— y el encargado de la constructora, actuaron de mutuo acuerdo y participaron en un pacto para confeccionar una documentación mendaz que fue entregada al presidente y al director de la Autoridad Portuaria malagueña, así como al Consejo de Administración, con el fin de que ordenaran los pagos correspondientes. Y aclara que, aunque las órdenes de pago no eran dispuestas por los funcionarios que habían falsificado las mediciones, sí que eran el precedente necesario para su libramiento por parte de las personas autorizadas. "Eran, consecuentemente, detentadores de facto del dinero, pues su firma en las liquidaciones suponía, de hecho, el libramiento de los fondos", explica para razonar la imputación del cargo de malversación.

El episodio que desencadenaría las indagaciones se produjo el 13 de febrero de 2008, cuatro años después del comienzo de las obras, cuando el buque Stolt Capability colisionó contra un pilote del atracadero sur. El accidente no es conocido por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria hasta dos años después. Aunque no fue la única revelación. Los trabajos de reparación constarían que la longitud de los pilotes de ese atraque sur era muy inferior a la que se había certificado y liquidado en el expediente administrativo. Por lo que los indicios de irregularidades comenzaron a aflorar.

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El 22 de junio de 2010 fue el entonces director del recinto portuario, José Antonio Caffarena, quien realizó una "denuncia interna" al presidente del mismo, el histórico dirigente socialista Enrique Linde, quien en el juicio reconoció su malestar por no haber tenido conocimiento previo de este paso. El 20 de octubre de ese año se conoce la auditoría interna de Puertos del Estado en la que se refleja que se han detectado irregularidades que habían derivado en un "enriquecimiento injusto para la empresa contratista". El 2 de noviembre, después de un documento preliminar del 27 de julio, se realiza el cálculo definitivo de los perjuicios patrimoniales, y que se cifra en 1.609.443,67 euros.

Linde pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía el 22 de diciembre de 2011, y el Juzgado de Instrucción Número 5 de Málaga instruyó una causa por falsedad en documento oficial, malversación y fraude que 11 años después ha llegado a su fin con el dictamen del TS. Una resolución en la que se confirma el pago solidario de una indemnización de 781.204 euros a la Autoridad Portuaria de Málaga y en la que se declara la responsabilidad civil subsidiaria de Sando S.A.