El PP congela la ley de regadíos de Doñana hasta después de las elecciones municipales

El trámite de la ley de ordenación de los regadíos de Doñana tendrá un pequeño frenazo durante las próximas semanas. Al menos hasta que pasen las elecciones municipales del 28 de mayo. A pesar de que el texto avanza en su camino parlamentario por la vía de urgencia, tal y como lo decidieron PP y Vox, el próximo paso será después de las urnas. En cualquier caso, la previsión es que esta polémica norma se apruebe a final de julio, después de volver a protagonizar el Pleno en la Cámara autonómica, con un nuevo choque entre Juanma Moreno y el líder de la oposición, Juan Espadas.

Esta decisión, esbozada hace unos días por el PP en la Cámara, supone retrasar unos días el ritmo de tramitación que se produjo en la pasada legislatura. Una vez que los grupos presentaron sus enmiendas, la comisión se tomó 20 días hasta fijar la lista de declarantes, entre las que estaban los alcaldes de los pueblos afectados, ecologistas, regantes, agricultores y científicos como Miguel Delibes de Castro. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, crítico con la proposición de ley, está en las propuestas de partidos como Por Andalucía y el PSOE, no así el PP.

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El listado definitivo se conocerá después en mayo, aunque en el PP no dan fecha. Hay que tener en cuenta que los populares, con su mayoría absoluta en la Cámara, podrían convocar antes la Comisión de Fomento para cerrar esta comisión de expertos. Y después de ese paso todavía tardarán unos 10 días en acudir a la Cámara para dar su posicionamiento sobre este nuevo texto, que tiene algunas diferencias con el que se registró en la pasada legislatura y decayó con el adelanto electoral del pasado año. En cualquier caso, desde San Telmo explican que este leve retraso no supone un obstáculo para el objetivo final del PP, que es que el texto quede aprobado al final de este periodo de sesiones.

El Gobierno andaluz no ha cambiado de planes. En ningún caso las comparecencias de los expertos, que pueden erosionar al Ejecutivo de Moreno, se podrían haber celebrado antes del 28-M. Pero si supone una matización. El propio presidente andaluz ha admitido en el Pleno de la Cámara que está dispuesto a retirar la norma si el Ejecutivo central o el PSOE le presentan "alternativas". Moreno ya admitió públicamente en una comparecencia en Madrid que está dispuesto a modificar la proposición de ley atendiendo a las peticiones de Bruselas, aunque sin cambiar lo "sustancial".

En el Gobierno andaluz están moderadamente satisfechos con la reunión que se celebró el pasado 24 de abril en la capital comunitaria entre el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, y el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. Fuentes de San Telmo explican que el responsable europeo se comprometió a analizar las explicaciones que les hizo el dirigente popular sobre la norma. Pero eso no es incompatible con que la situación siga bloqueada en las conversaciones con el Ejecutivo central.

El mensaje de Moreno en el Pleno sobre la búsqueda de alternativas es un guiño al Gobierno de Pedro Sánchez, pero la situación está bloqueada porque ninguna de las dos partes está dispuesta a dar su brazo a torcer. La Junta no va a retirar el texto hasta que Moncloa se siente a negociar y en Moncloa reclaman que el texto decaiga antes de sentarse. De fondo está la posibilidad de que se convoque la comisión entre las dos administraciones que figura en el Estatuto de Andalucía. Pero en San Telmo consideran que Pedro Sánchez y Teresa Ribera no tienen intención de sentarse a negociar antes del 28-M por sus cálculos electorales y es a eso a lo que achacan esta ralentización de la norma. Los socialistas andaluces, por su parte, repiten la consigna de Madrid y aseguran, en privado, que no se puede negociar con "terroristas" que están impulsando una norma "ilegal".

Las comparecencias de los agentes sociales, algunos muy críticos con la ley, serán después de las elecciones en cualquier caso

Hay consenso en los dos grandes partidos en que esta polémica no tendrá un gran impacto en votos en las próximas municipales, más allá de lo que pueda ocurrir en el condado de Huelva, en los cinco pueblos afectados por la ley. Son Almonte, Bonares, Rociana del Condado, Lucena del Puerto y Moguer. Pero de fondo hay reminiscencias de la batalla que PP y Vox mantienen en los últimos años por el voto asociado al mundo agrario. No es casualidad que el PP haya puesto el foco en la situación de los agricultores, en la sequía y que señalen a Pedro Sánchez por esa situación. "Pedro Sánchez es el enemigo de los agricultores"; "A Andalucía, ni agua, ese es lema de Pedro Sánchez", se ha escuchado este jueves desde los escaños de la bancada popular.

Tirón de orejas de la JEC a Canal Sur

Esta novedad en la situación de la tramitación de la ley se produce el mismo día que se conoce una resolución de la Junta Electoral Central que supone un tirón de orejas para la cobertura que Canal Sur ha hecho sobre esta polémica. La radiotelevisión pública andaluza difundió una información en la que buscaba desmentir fake news sobre la norma. En un informativo, mostró varios postulados sobre la norma y los calificó como falsos en una suerte de noticia de estilo fact check que coincidía con las posturas que defiende el PP sobre este asunto. El PSOE denunció esta información ante la Junta Electoral Provinical, que desestimó la apelación de los socialistas, pero la JEC sí ha atendido el recurso del PSOE andaluz y ha apercibido a la televisión pública andaluza.