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La Fiscalía investiga los contratos exprés de la Junta en la pasada legislatura
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Anulados por el TSJA

La Fiscalía investiga los contratos exprés de la Junta en la pasada legislatura

El Ministerio Público amplió las diligencias hace unas semanas por un periodo de seis meses, pero no hay ninguna investigación sobre un particular

Foto: Un grupo de auxiliares de playa de Almería, que entraron en la Administración por el método exprés después anulado. (EFE / Carlos Barba)
Un grupo de auxiliares de playa de Almería, que entraron en la Administración por el método exprés después anulado. (EFE / Carlos Barba)

La Fiscalía Anticorrupción está investigando a la Junta de Andalucía por los contratos exprés para incorporar personal en los años de la pandemia que fueron impulsados por la Consejería de Presidencia durante la etapa de Elías Bendodo. Esta fórmula quedó anulada despues de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad la declarase ilegal en varias sentencias. Después, el Ejecutivo autonómico suprimió el procedimiento.

Según adelantó ElPlural.com la Fiscalía Anticorrupción decidió hace unas semanas ampliar las diligencias que se habían iniciado por la vía penal inicialmente. Fuentes del Ministerio Público han confirmado este dato y explican que se trata de una investigación de los contratos que, por el momento, no se ha dirigido contra ningún particular. Estas diligencias están asignadas a la delegación de Anticorrupción en Sevilla y se han prorrogado durante seis meses. Hay que recordar que las denuncias acabaron archivadas por la vía de lo Contencioso-Administrativo, pero la Fiscalía reactivó las indagaciones, ahora por la vía penal, a denuncia de los partidos de la izquierda.

Foto: Playa urbana de Marbella. (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en 2021 las contrataciones exprés de la Junta para hacer frente a la pandemia y esgrimió entonces que la "excepcional situación” no puede llevar "a la absoluta supresión" de los derechos constitucionales ni a la "completa ausencia" de un mínimo procedimiento selectivo.

Las críticas del TSJA se centraron en que las plazas fuesen adjudicadas "por riguroso orden de entrada” de la solicitud en una determinada dirección de correo electrónico y el Alto Tribunal andaluz señaló que "la convocatoria impugnada contiene incluso una mención añadida a que no resulta necesario aportar currículum vitae ni ninguna otra documentación". Por ello, apreció la nulidad de la convocatoria de "manera clara y manifiesta, por desconocimiento de las previsiones constitucionales”.

La Junta señala al PSOE

El Gobierno andaluz ha restado este martes importancia a las diligencias, que, según ha dicho el portavoz de la Junta, corresponden a una "investigación paralizada" que ha achacado al PSOE andaluz. Ramón Fernández-Pacheco ha recordado que no se invesitiga a Bendodo a título particular y ha defendido que se trata de un asunto aireado por los socialistas "con el objetivo de embarrar el escenario".

El sistema de contratación causó en su día una gran polémica tanto judicial como política ya que las ofertas se publicaban en la web de la Junta y los candidatos, en 24 horas, debían remitir un correo electrónico aportando titulación y declaración responsable, con lo que la administración autonómica otorgaba las plazas interinas. Los primeros en enterarse y los más rápidos en inscribirse lograban esta plaza en apenas 24 horas, en concreto más de 3.400 plazas, según los partidos y sindicatos que llevaron la contratación al TSJA. La mayor parte fueron los llamados auxiliares de playa, encargados de velar por el cumplimiento de las medidas de control del covid en los arenales andaluces durante el verano de 2020.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando a la Junta de Andalucía por los contratos exprés para incorporar personal en los años de la pandemia que fueron impulsados por la Consejería de Presidencia durante la etapa de Elías Bendodo. Esta fórmula quedó anulada despues de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad la declarase ilegal en varias sentencias. Después, el Ejecutivo autonómico suprimió el procedimiento.

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