¿Saben Feijóo y Sánchez cómo se utiliza el DNI electrónico?

La entrevista que Pedro Sánchez concedió a Jordi Évole en su gira televisiva dio pistas sobre la distancia de los políticos con la calle. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección admitió no saber que fue David Bisbal quien dijo aquello de "los máquinas" antes de sacarse una foto. Años antes, a José Luis Rodríguez Zapatero le ocurrió algo similar cuando le preguntaron el precio de un café y no acertó ni de lejos. Pero ni un meme sobre Bisbal y el 1,40 que cuesta, como mínimo, un café en España son tan importantes como esos trámites que requieren, por ejemplo, usar el certificado digital o el DNI electrónico. ¿Sabrán Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo cuántos trámites hay que hacer para solicitar el primero y cómo utilizar el segundo? Si están dentro de la media del país, lo más probable es que no. Y por ese motivo hay en marcha una iniciativa para que los políticos, en esta fecha electoral, se comprometan con el "derecho a entender".

"Los españoles, a veces, creemos que tenemos la obligación de saber cómo hacer este tipo de trámites; en la cultura anglosajona, eso se ve como un derecho", explica Mario Tascón, periodista y promotor de la iniciativa. Esto es un problema, sobre todo, si se tiene en cuenta que el 83% de los españoles deja a medias los trámites una vez que los ha empezado por lo farragosos que pueden llegar a ser. Así se deduce de un informe elaborado por Prodigioso Volcán, que lleva ya varios años indagando en esta problemática.

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Carlos Rocha. Sevilla Fotografía: Aníbal González

El objetivo es aprovechar la cercanía de las elecciones para arrancar un compromiso a los principales partidos de implantar la “comunicación clara”. De forma indirecta, el popular Alberto Núñez Feijóo ya lo ha hecho y pocos días antes del inicio de la campaña habló de “sacar España del colapso administrativo” y de poner en el centro “la atención al ciudadano”. “Los políticos son sensibles, a priori, pero luego no concretan nada”, apunta Tascón. Pero lo cierto es que el propio Estado es consciente del problema, como demuestra el Plan de Digitalización de las Administraciones 2020-2025. Esta iniciativa, que depende del Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, admite que la relación digital con la ciudadanía “dificulta el acceso a las políticas, ayudas y servicios públicos de las administraciones por parte de los colectivos, especialmente aquellos más vulnerables”.

En el informe sobre el “derecho a entender” de Prodigioso Volcán, hay datos sobre este problema —que es especialmente complejo para la población de más edad o con menos recursos económicos—. Siete de cada 19 (72%) personas que pertenecen a este colectivo desisten en su intento de solicitar ayudas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital (IMV). “Pero esto no se circunscribe a las personas mayores o vulnerables”, asegura Mario Tascón, que alude al caso de Carlos San Juan, el hombre que echó un pulso a los bancos al reclamar la atención personalizada a personas mayores. “Es un hombre con formación, pero a medida que la vida se ha digitalizado, se ha creado una brecha por la falta de capacidades digitales de parte de la población”, insiste el periodista.

Siete de cada 10 personas vulnerables no llegan a empezar los trámites para solicitar ayudas

Entre los ejemplos incluidos en el estudio, se analiza la claridad de la solicitud del IMV, pero también de la petición de becas o el registro de un recién nacido. “Ese es el problema que hay con la Administración. En el ámbito privado puedes cambiar de banco, pero con el Estado no hay alternativa”, abunda Tascón, que señala al Gobierno de Aragón o al Ministerio de Igualdad como las administraciones que en España han avanzado más en esta materia.

En el ámbito anglosajón, hay más camino recorrido. De hecho, en todas la secretarías de Estado del Gobierno de EEUU hay un responsable de comunicación clara desde el mandato de Barack Obama. En Reino Unido, fue el Ejecutivo del conservador David Cameron quien aplicó los mayores avances en la materia tras activar un plan nacional. La iniciativa comenzó con algo más de medio centenar de funcionarios dedicado a esta materia. Ahora son en torno a un millar. “Comenzaron por los trámites más habituales y luego han ido poco a poco”, detalla Mario Tascón, que asegura que son precisamente los trabajadores públicos los más interesados en que la relación digital entre la ciudadanía y el Estado sea más fluida.

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María del Pilar Díaz

El estudio realizado por esta agencia parte del análisis de 760 textos administrativos procedentes de 14 ministerios, 12 comunidades autónomas, cuatro organismos estatales como el SEPE, ocho ayuntamientos y seis universidades. Pero también cuenta con la opinión de 20 técnicos de la Administración. Y estas entrevistas desvelan datos llamativos, como que 14 de esos empleados públicos aseguran que las páginas web de las entidades en las que trabajan no son “fáciles de entender”. O que más de la mitad de este equipo considera que las webs no son “atractivas” y tienen “pocos recursos gráficos”.

Esta problemática es todavía más grave si se tiene en cuenta que el corpus legislativo español tiene varias leyes que exigen esta claridad en la comunicación. Es lo que ocurre con la ley General de Sanidad, que blinda el derecho a que los ciudadanos reciban información sobre su situación médica en términos “comprensibles”. Lo mismo ocurre con el reglamento de protección de datos, que exige un lenguaje “claro y sencillo” en las solicitudes de consentimiento de uso de datos personales.
La guinda de este pastel es la directriz estatal técnica normativa de 2005, que en su artículo 101 asegura que las normas jurídicas deben redactarse “en un nivel de lenguaje culto, pero accesible”.