Doñana desaparece de la campaña y Moreno retomará la ley de regadíos en septiembre

La ley de ordenación de los regadíos del entorno de Doñana descansará en periodo estival. La norma más polémica de la etapa de Juanma Moreno volverá en septiembre después de protagonizar gran parte de la legislatura y provocar una sonora pugna entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. La previsión inicial del PP y Vox, que impulsan el texto, era llegar al final del periodo de sesiones con la norma aprobada, pero los tiempos ya lo hacen imposible. Después de recibir todos los focos en la campaña de las andaluzas de 2022 y las municipales del pasado 28-M, el ruido sobre el espacio protegido sale de la recta final de la campaña de las generales del 23 de julio.

Es el PP quien tiene la mayoría y, por lo tanto, quien puede manejar los plazos de una ley que se tramita por la vía de urgencia porque así lo decidieron los populares y sus socios de Vox. Toni Martín, portavoz parlamentario del PP, siempre habló de julio o septiembre, pero el texto ha sufrido varios parones que ya hacen imposible cerrar el curso político con la aprobación de la norma que abre la puerta a regularizar unas 750 hectáreas de regadíos en los pueblos de Moguer, Bonares, Almonte, Lucena del Puerto y Rociana del Condado. La condición que impone la ley es que el agua que sirva para regar estos cultivos sea en superficie y no proceda del acuífero que hay bajo Doñana y por cuyo mal estado el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España.

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Los populares ya bajaron el diapasón antes de las municipales y no cerraron la lista de agentes sociales hasta el día después del 28-M. Apagaron así la polémica por la exclusión inicial de Miguel Delibes de Castro de estas comparecencias. El biólogo acabó compareciendo después de que el PP rectificase su decisión inicial para incluir al presidente del Comité de Participación de Doñana. Y en su intervención pidió a PP y Vox la retirada del texto para buscar un acuerdo que garantice la supervivencia del espacio protegido.

Desde entonces, apenas ha habido avances en la tramitación. Quedó abierto el plazo de enmiendas para los agentes sociales y los grupos parlamentarios, pero todavía deben calificarse esas enmiendas. Después seguirá la elaboración del dictamen, la ponencia y, por último la posibilidad de mantener enmiendas hasta el mismo día en que se celebre el pleno de aprobación del texto. Para todos esos trámites sería necesario un plazo de tres semanas, explican fuentes populares. Y sólo falta una semana para la celebración de la Mesa del Parlamento que ordenará la última sesión plenaria del curso, prevista para los días 26 y 27 de julio.

Según el PP, harían falta, al menos, tres semanas para culminar los trámites y el curso político acaba en dos

Juanma Moreno se ahorrará un debate sobre la ley que más dolores de cabeza le ha provocado solo unos días después de las elecciones generales del 23 de julio. En el PP recuerdan que hay leyes por la vía de urgencia que han tardado más en aprobarse, mientras que la oposición critica los “frenazos y acelerones” que ha sufrido la tramitación de esta norma al calor de los procesos electorales. Hay que recordar que es la segunda vez que la norma llega al Parlamento, ya que en la anterior legislatura hubo una iniciativa casi gemela impulsada por PP, Cs y Vox y que también recibió el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez y de la UE.

En el segundo intento la polémica llegó más lejos que en la primera. La implicación de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera y del propio Pedro Sánchez elevó en varios tonos el ruido del conflicto. La reacción de Bruselas fue casi la misma, a pesar de las explicaciones que ofreció el Gobierno andaluz, con visita del consejero de Medio Ambiente al comisario Virginijus Sinkevicius incluida. Esa pugna llevó a pensar en San Telmo que Sánchez sacaría a la palestra el asunto durante el cara a cara que lo enfrentó a Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes. Pero no ocurrió. “Apenas hubo menciones a Andalucía”, recuerda un miembro del Ejecutivo andaluz.

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Carlos Rocha. Sevilla

La imposibilidad de la aprobación del texto por los plazos es en realidad la confirmación de esa segunda congelación de la tramitación que ya deslizó Juanma Moreno hace unas semanas. Fue en la carta por la cual respondió a la oferta de Juan Espadas, que quería reunirse con el presidente para plantearle una solución. El líder socialista recibió un sonoro portazo en la respuesta del líder popular, que defendió la necesidad de sacar la negociación sobre esta ley del combate político que es inseparable de una campaña electoral. Además, lo instó a proponer enmiendas al texto por la vía habitual, algo que el PSOE y el resto de fuerzas de izquierda han rechazado como protesta a la actitud del PP con esta norma. "Queda la posibilidad de las enmiendas in voce", apunta una fuente de San Telmo, aunque los socialitas, Por Andalucía y Adelante Andalucía no tienen previsto dar marcha atrás en su boicot.