Andalucía entierra definitivamente la privatización de la atención primaria

El Gobierno andaluz ha consumado su paso atrás para enterrar la privatización de la atención primaria. Una nueva orden emitida este martes inicia el procedimiento para modificar el proyecto anterior, que por primera vez ponía un precio a la derivación de pacientes de centros de salud públicos a la sanidad privada. El nuevo texto eliminará estas tarifas, descartadas sobre el papel incluso en “momentos críticos”. De esta forma, se cumplirá lo acordado con los sindicatos en mayo, cuando la Junta de Andalucía quiso frenar el malestar creciente con la atención sanitaria, reflejado en manifestaciones multitudinarias como las de Madrid y que también movilizó a miles de personas en ciudades andaluzas como Sevilla.

La Consejería de Salud ha abierto un proceso de información pública para suprimir las menciones a la atención primaria en el proyecto, que contemplaba un pago de 65 euros por consulta. Ahora se tendrán en cuenta las aportaciones de los sindicatos y de la ciudadanía en general para modificar la orden, tal y como reflejaba el pacto firmado suscrito por CCOO, UGT, CSIF y Satse a pocos días de las elecciones municipales. Entonces, el Ejecutivo andaluz logró frenar unas movilizaciones previas al ciclo electoral que, a la postre, ha acabado consolidando al PP como partido hegemónico en Andalucía.

TE PUEDE INTERESAR

Andalucía se apoya en las mutuas y reactiva el conflicto por la atención sanitaria

Fran M. Galbarro

La orden de tarificación fue aprobada en febrero de este año, cuando el covid apenas tenía efectos en los centros de salud andaluces. No obstante, la Junta ha aprovechado el “fin de la pandemia” para justificar su rectificación. Según recoge la nueva orden, el proyecto inicial fue elaborado en "la situación excepcional de pandemia mundial", aunque el fin de la emergencia internacional decretado en mayo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace que algunos aspectos de la norma "ya no encuentren encaje preciso en la normativa sanitaria".

El texto ha provocado reacciones dispares entre los sindicatos. UGT cree que, con esa argumentación, la Junta pretende "justificar lo injustificable y negar la evidencia", en referencia a lo que consideran un intento de privatización frenado con movilizaciones. Desde el sindicato, echan en falta una mención más explícita a lo acordado en mayo. El Sindicato de Enfermería (Satse), por su parte, celebra que "al fin" se hayan iniciado los trámites para sacar la atención primaria de la privatización. "Estaremos vigilantes para que se cumpla todo lo negociado", afirman.

Salud ratifica su compromiso de "eliminar" los precios para evitar "malas intenciones"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha destacado que la orden permitirá cumplir su compromiso de "eliminar" los precios de las consultas de atención primaria para que "no haya malos entendidos ni malas intenciones". Además, mostró su rechazo a la privatización, que, en cualquier caso, la Junta siempre ha negado.

Salud siempre se resistió al cambio, sosteniendo que la norma únicamente desarrollaba un sistema de presupuestación. Durante la tramitación, aceptó una primera rectificación al incluir en el texto que la concertación en atención primaria solo podría darse en momentos de exceso de demanda del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En “momentos críticos”. Sin embargo, la amenaza de movilizaciones acabó forzando un acuerdo para sacar cualquier mención a la atención privada de la norma. El conflicto había generado incomodidad en el Gobierno de Juanma Moreno, consciente de la importancia de colaborar con los sindicatos.

La firma del pacto por la atención primaria incluyó 20 bloques de medidas y una inversión total de 180 millones. Tras el compromiso preelectoral, los sindicatos exigían la puesta en marcha de los compromisos, especialmente la rectificación de la orden de tarificación. La Junta no dispone de un plazo para la aprobación definitiva de la norma, que dependerá de las aportaciones realizadas hasta el 12 de septiembre. Lo que sí ha garantizado es que la orden seguirá recogiendo la tarificación de las hospitalizaciones, urgencias o diálisis, teniendo en cuenta que la derivación de pacientes sí es habitual en algunas operaciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas.