"Hay una bala con el nombre de tu hija", de víctima de trata a testigo protegido
Andalucía concentra el 52% de los casos tráfico de personas con fines de explotación sexual destapados en un año en España
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F792%2F571%2Fc66%2F792571c66d9f1bb3d45737852357c9fb.jpg)
A más de 9.000 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo al sureste de Paraguay, ubicado en el departamento Alto Panamá, una joven de 28 años trata de dar cerrojazo emocional a la trampa que la arrastró a una red de tráfico de seres humanos. Bajo su dominio tuvo que ejercer la prostitución más de diez horas al día en España durante meses. La joven es testigo protegido (TP1) en una causa investigada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional de Huelva, que sentó en el banquillo a los miembros del grupo criminal que presuntamente urdió el engaño y la estuvo explotando todo ese tiempo, encerrada en habitaciones de hotel y pisos clandestinos de las provincias de Sevilla y Huelva.
Una madame y la pareja (él, español; ella, paraguaya) que movía los hilos en territorio español han sido condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva por trata de seres humanos, en concurso con determinación coactiva a la prostitución, y por favorecimiento de la inmigración irregular. Se trata de la segunda sentencia condenatoria por tráfico de personas dictadas por los órganos judiciales onubenses.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F07f%2Fb9c%2F414%2F07fb9c41496837dcfacff5cad7fe3c81.jpg)
A la TP1 la captaron en su localidad natal con la misma falsa promesa en la que siguen cayendo las víctimas de las organizaciones que se dedican a la trata con fines de explotación sexual. Fue una persona conocida, una vecina, la que la atrajo con una inventada oferta de trabajo: de camarera en un restaurante, que era propiedad de otra compatriota –una de las condenadas, también presente en aquella cita–, con buen horario y un sueldo de 1.100 euros mensuales. “Estas redes se aprovechan del estado de necesidad y vulnerabilidad de sus potenciales víctimas”, apunta el jefe de la UCRIF de Huelva.
El lazo estaba echado y la TP1 cayó en el cebo. La chica, que entonces tenía 23 años, llegó a solicitar un préstamo para gastos de trámites, mientras la captadora se hizo cargo de organizar la documentación, incluido un visado de turista para entrar en España. El viaje fue largo, primero por carretera, desde su pueblo hasta Sao Paulo (Brasil), para tomar aquí un vuelo a Lisboa (Portugal), donde fueron recogidas por el cabecilla –eran seis mujeres incluida la testigo– y trasladarlas en coche hasta Sevilla. En medio, le pusieron en mano 3.000 euros para aparentar capacidad económica, dinero que le quitaron nada más cruzar los controles de aduana.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Faed%2Ffb8%2F8ee%2Faedfb88eeb8cc60bd08f4108160d8f19.jpg)
En Sevilla descubrió el engaño: tenía que dar masajes y practicar sexo con los clientes, de 10 de la mañana hasta entrada la noche. Fue instruida en los servicios a ofrecer y sobre las tarifas. Le sacaron fotos en ropa interior para publicarlas en una web de contactos. Primero, la llevaron a un hotel en Sevilla; después, a un piso en una localidad costera de Huelva, siempre bajo la amenaza de denunciarla a la Policía para su expulsión del país o de ejercer violencia y causar daño a sus familiares en Paraguay, donde había dejado a una hija de corta edad a cargo de sus padres. Arrastraba además una deuda con el grupo que llegaba a los 5.000 euros, por los gastos del viaje.
La madame se encargaba de cobrar el dinero de los servicios sexuales –entre 80 y 120 euros–, controlar la duración de las estancias de los clientes y mantener informados a los cabecillas, que por la noche llevaban agua y comida o recogían las ganancias, sostiene la sentencia. La TP1 no veía un solo euro, su parte se le iba restando supuestamente de la deuda. En el tiempo que estuvieron en el piso en la costa onubense, la víctima conoció a un hombre con quien mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero, como un cliente más. Después, entablaron una relación de amistad. Este hombre es también testigo protegido en la causa (TP2).
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F2b3%2F477%2F6f1%2F2b34776f1aa8c64fc87f8e4ca40878ad.jpg)
A finales del verano de 2018, la chica pudo escapar con el TP2 –que le había ofrecido ayuda– durante un par de meses, recibiendo ese tiempo constantes amenazas del grupo, según el relato de hechos de la resolución judicial. Después de realizar un viaje a Paraguay para ver a su hijo, regresó a España y se personó ante la UCRIF de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Huelva para denunciar su caso. Tres días antes de ratificar su denuncia en sede judicial, las amenazas se cumplieron. Dos mujeres se personaron en Paraguay en la vivienda de los padres de la TP1.
“Hay una bala con el nombre de su hija”, les avisaron. La UCRIF y la Fiscalía contra la Trata de Seres Humanos y Extranjería de Huelva trasladaron información a las autoridades de Paraguay, a la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual para dar protección a los familiares de origen y, en paralelo, depurar las posibles responsabilidades penales. Se practicaron detenciones al otro lado del Atlántico y hay diligencias abiertas en Paraguay, en las que está imputada la presunta reclutadora que vertió las amenazas.
Entraron en el domicilio de sus padres, en Paraguay, y amenazaron a su familia
La sentencia, pendiente del recurso presentado por la defensa, impone una condena conjunta para los jefes de la red de diez años y medio de prisión, y de dos años y medio para la cómplice, y recoge una indemnización de 15.000 euros por el daño moral infligido a la víctima al haber sido explotada sexualmente mediante engaño, con atentado a su dignidad. A los jefes del grupo no se les conoce actividad laboral y son titulares de tres viviendas en Sevilla y provincia, cuatro coches, dos motos y una embarcación valorada en 100.000 euros.
El equipo de la UCRIF mantiene el contacto con la TP1, que regresó a Paraguay después de haber regularizado su situación en España, ha vuelto a ser madre y ha recuperado su vida. “Es muy importante el testimonio que esta mujer llegue a dar en su entorno, en su zona de origen, por lo que puede ayudar con su experiencia a otras posibles víctimas”, destaca el portavoz policial. La Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad de la Policía Nacional incide en la dificultad para sacar a la luz casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, ya que las víctimas no se atreven a denunciar “por miedo a los tratantes” y a ser expulsadas de España en aquellos casos que no tienen su situación regularizada.
El silencio de las víctimas
En ocasiones, el dinero puede comprar el silencio de las víctimas, añade. Además, se asiste a un cambio en los lugares de ejercicio de la prostitución tras la pandemia, que se ha trasladado desde los clubes a viviendas particulares, que en estos momentos viven una expansión, y hacen uso de internet como medio de contacto. Solo en Huelva, la Policía tiene controlados más de una veintena de pisos. La colaboración ciudadana apenas existe, dice, aunque es posible hacerlo de forma anónima (trata@policia.es).
“Nuestra labor es rescatar a las víctimas”, subraya el jefe de la UCRIF de Huelva, más que desmantelar pisos clandestinos o inspeccionar establecimientos de alterne, aunque formen parte del trabajo diario. “Hacemos un seguimiento de las mujeres que son víctimas de trata, durante la investigación y posteriormente, por su protección y por ver si se nos ha podido escapar algo en lo que tengamos que seguir trabajando”.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff05%2Ffe6%2F6fa%2Ff05fe66fab13899aad31942c38087201.jpg)
En solo un año (2021), según fuentes de Interior, en España se detectaron 1.057 víctimas de trata y explotación –dato que recoge todas las finalidades–, representando la explotación sexual el principal tipo, en función de los atestados que fueron instruidos en este periodo, un 55% del total. El componente de género predomina en este caso, siendo el 97% de las víctimas de sexo femenino (96% mujeres adultas y 1% menores de edad). En cuanto a la distribución geográfica de las víctimas, Andalucía se sitúa a la cabeza, concentrando más de la mitad de los casos de trata y explotación sexual (52%), seguida por Cataluña (con un 14%) y Castilla y León (10%).
Los países de origen mayoritarios de las víctimas son Paraguay, Colombia, Brasil, Venezuela, República Dominicana. Nigeria, en otra modalidad, y algunos países del este, como Rumanía, donde se dan matrimonios concertados destinados a explotación sexual de las chicas, en muchos casos menores de edad, que son vendidas por sus propias familias, método conocido como lover boy.
Andalucía, siempre a la cabeza
En cuanto a las detenciones, la trata y explotación sexual agrupa el 65% del total, con 431 arrestos en el referido periodo (205 por trata y 226 por explotación). En este capítulo, destaca en la misma proporción la comunidad andaluza en cuanto a distribución de los detenidos, con un 35%, seguida de Cataluña (19%) y Castilla y León (10%). En los últimos años, se ha producido una proporción más alta de mujeres detenidas, lo que se asocia a que algunas víctimas pasan, con el tiempo, a integrarse en las redes de trata o explotación con el rol de captadoras o controladoras.
Los casos que llegan a tribunales son solo la punta del iceberg, “escasos” tanto por la desconfianza de las víctimas en el sistema policial y como por el temor a un expediente de expulsión. “Hay formas muy sutiles de coacción, además de las amenazas a familiares, y el miedo puede resultar paralizante”, afirma el fiscal de Trata de Seres Humanos y Extranjería de Huelva, Miguel Ángel Arias, que ha llevado el caso de la joven de Paraguay.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff20%2Fcda%2F7c6%2Ff20cda7c6c0e83232607e76ea9ad6717.jpg)
Uno de los hándicaps a los que se enfrenta la Fiscalía para mantener viva una causa es el tiempo que se baraja en los tribunales, que da pie a que la víctima dé marcha atrás o desaparezca. “Tenemos que hacer pruebas preconstituidas, que quedan grabadas”, para dar así validez a los testimonios. “Estas mujeres llegan en un estado psíquico lamentable, con muchas secuelas, testimonios muy fragmentados y no quieren volver a hablar del tema.
"No les podemos pedir que den un relato cuatro o cinco veces en un proceso penal”, subraya Arias, haciendo hincapié en la importancia de la especialización en la trata en los mismos tribunales y la interpretación progresiva del testimonio de la víctima. “No podemos perder de vista que la finalidad de todo es liberar a estas mujeres”, remarca el fiscal.
A más de 9.000 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo al sureste de Paraguay, ubicado en el departamento Alto Panamá, una joven de 28 años trata de dar cerrojazo emocional a la trampa que la arrastró a una red de tráfico de seres humanos. Bajo su dominio tuvo que ejercer la prostitución más de diez horas al día en España durante meses. La joven es testigo protegido (TP1) en una causa investigada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional de Huelva, que sentó en el banquillo a los miembros del grupo criminal que presuntamente urdió el engaño y la estuvo explotando todo ese tiempo, encerrada en habitaciones de hotel y pisos clandestinos de las provincias de Sevilla y Huelva.