La jubilación forzosa del juez pospone el cierre del caso de corrupción del puerto de Málaga
El pasado lunes, debía arrancar el juicio sobre la presunta falsedad con malversación en la construcción del dique de contenedores. Las partes habían llegado a un acuerdo que iba a estudiarse antes de la vista inicial
Edificio de la Autoridad Portuaria de Málaga, cuyo consejo ha votado a favor del acuerdo con los procesados. (Autoridad Portuaria de Málaga)
El puerto de Málaga deberá seguir esperando para pasar página a su caso más grave de corrupción. La jubilación forzosa del magistrado José Godino, que estuvo al frente del juicio del caso Malaya, ha obligado a posponer sin fecha el proceso contra dos altos cargos portuarios acusados de presunta malversación en la construcción del dique de contenedores. Una causa que se desgajó de la investigación principal, que arrancó en 2012 y cuya condena fue ratificada por el Tribunal Supremo (TS) meses atrás.
El inicio del juicio por este segundo caso se fijó este pasado lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. No obstante, según informaron fuentes judiciales consultadas por este periódico, fue suspendido hasta que no sea nombrado un nuevo presidente de la Sección. Por lo que "no hay nueva fecha".
El anterior, José Godino, que presidió el tribunal que juzgó el mediático proceso por la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, días antes se vio forzado a dejar la judicatura a la edad de 72 años.
La previsión era que el juicio no se prolongase más allá de la primera sesión, ya que las defensas habían propuesto un acuerdo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado por el que los dos investigados se declararían culpables.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Málaga se mostró —en su mayoría— favorable a este pacto, que conllevaría una reducción de las penas solicitadas inicialmente por unos hechos que serían constitutivos de falsedad en documento oficial en concurso medial de un delito de malversación.
"De modo que, en lugar de los dos años y tres meses de prisión, así como siete de inhabilitación absoluta para cargo o empleo público, que se recogen en el escrito de acusación de la Fiscalía al que se adhirió esta parte, se impondrían un año y seis meses de cárcel y tres años y seis meses de inhabilitación", se recogía en el documento del acuerdo secundado por la Autoridad Portuaria.
La "propuesta de conformidad" secundada por todos los consejeros menos uno constaba de cinco puntos y se circunscribía a las supuestas irregularidades en los trabajos en la terminal de contenedores. El primero de ellos recogía que "los acusados admiten expresamente los hechos de los escritos de acusación de esta parte y del Ministerio Fiscal, y que en definitiva determinan (...) que con sus actuaciones se ha defraudado a la Autoridad Portuaria de Málaga al emitir a sabiendas certificaciones falsas, proponer un modificado falso y elaborar un proyecto de liquidación falso".
La investigación de esta segunda pieza judicial se limita a dos de los tres condenados en la causa principal, iniciada en 2012
El perjuicio patrimonial fue cifrado, "como mínimo", y "tan solo en términos de ejecución material", en 4.033.180 euros. El acuerdo también recoge que la parte afectada no se opondría a una hipotética libertad condicional de los condenados, aunque el fin último de este movimiento es sortear un posible ingreso en prisión.
La sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Andrés Martínez Arrieta, consideró que Juan Pablo G.F. y José F.D., que ostentaron los cargos de director de Infraestructuras y jefe de obras en el recinto portuario, respectivamente, además del delito simple de falsedad en documento oficial, cometieron malversación de caudales públicos. Motivo por el que se incrementaron las penas impuestas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a dos años y 11 meses de cárcel, en el caso del primero, y dos años y tres meses, para el segundo.
El tercer acusado, Carlos M.P., empleado de Sando SA, constructora que hizo las obras, fue condenado como cómplice de los dos delitos citados a una pena de seis meses de prisión y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Los dos primeros son los que se encuentran encausados en este segundo proceso, que queda paralizado hasta la designación de un nuevo magistrado.
El puerto de Málaga deberá seguir esperando para pasar página a su caso más grave de corrupción. La jubilación forzosa del magistrado José Godino, que estuvo al frente del juicio del caso Malaya, ha obligado a posponer sin fecha el proceso contra dos altos cargos portuarios acusados de presunta malversación en la construcción del dique de contenedores. Una causa que se desgajó de la investigación principal, que arrancó en 2012 y cuya condena fue ratificada por el Tribunal Supremo (TS) meses atrás.
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