El jefe de la Policía Local de Marbella condenado en Malaya solicita su "rehabilitación"

Rafel del Pozo, uno de los rostros más conocidos del caso Malaya y exjefe de la Policía Local de Marbella, ha solicitado su retorno a este cuerpo policial tras ser inhabilitado por la condena de cohecho y posteriormente ser despedido por el ayuntamiento.

El exmando policial explicó, en conversación con El Confidencial, que la fórmula elegida para recuperar su cargo de superintendente es la de la "rehabilitación", recogida en el Real Decreto 2669/1998 y que permite la recuperación de la condición de funcionario cuando el condenado por inhabilitación como pena principal o accesoria "haya extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito".

Del Pozo considera que cumple "todos los requisitos" para acogerse a esta vía porque defiende que se le condenó por un "delito no grave". "Se me acusó de no precintar las obras, de informar a [Juan Antonio] Roca de las investigaciones, de tenencia ilícita de armas… Y nada prosperó", se defendió, para añadir que "me molesta que quieran sacar de donde no hay nada".

El agente expuso que el consistorio "rehabilitó" en el pasado a otros policías locales que fueron condenados e inhabilitados por hechos más cercanos a la corrupción policial que —según su opinión— los que le llevaron hasta el banquillo. Motivo por lo que considera que hay precedentes a su favor.

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En caso de que su petición prosperase, explicó que debería ser restituido como superintendente y recuperar todos los beneficios —como el salario— que conlleva la categoría. Aunque tiene claro que es muy difícil que se haga cargo de la Policía Local, porque ese es un puesto de confianza de la alcaldía.

La decisión de que la rehabilitación se haga efectiva o no está en manos del ayuntamiento, aunque el exjefe policial ya ha logrado un importante apoyo. Fuentes municipales consultadas por este periódico confirmaron la solicitud de Rafael del Pozo y señalaron que este asunto fue tratado en una reciente reunión de la Junta de Personal del consistorio.

Según otras fuentes, los sindicatos representados en este órgano se habrían mostrado favorables a un retorno que se produciría después de que en abril de 2016 la Administración local acordase la extinción de la condición de funcionario, y posterior despido, del superintendente.

"Si se cumple el plazo y el Ayuntamiento de Marbella no ha dado una respuesta, acudiré a la Justicia. No me voy a quedar parado"

Aunque la hipotética postura de los representantes de la plantilla "no es vinculante", el asunto "tendrá que ser abordado" por el consistorio, a pesar de que los condicionantes que lo rodean hacen pensar que las intenciones del exmando policial acabarán canalizándose a través de la vía judicial.

"Si se cumple el plazo y no han dado una respuesta, acudiré a la Justicia", anunció el protagonista, que dijo que no se va "a quedar parado". "Si tengo que acudir a Estrasburgo, así lo haré".

Años de litigios en los juzgados

Rafael del Pozo, primero por la Audiencia Provincial de Málaga y después por el Tribunal Supremo (TS), fue condenado por cohecho pasivo en relación con la corrupción política y urbanística de Marbella. Se le impusieron dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 60.000 euros de multa.

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El consistorio marbellí, basándose en un informe del secretario municipal, consideró que un funcionario dejaba de ostentar esta condición con que un tribunal le impusiese un único día de inhabilitación.

Esta decisión fue respaldada en junio de 2017 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que en un auto en respuesta a un recurso de súplica presentado por el ayuntamiento especificaba que no podría ejercer como jefe de Policía Local ni como agente, "en cualquier población".

La Audiencia Provincial de Málaga respaldó en 2017 la pérdida de la condición de funcionario de Del Pozo aprobada por el ayuntamiento

No es la primera vez que el superintendente intenta su regreso. E incluso ganó alguna batalla judicial años después de que fuese suspendido de funciones en agosto de 2008. Pero ha seguido apartado del cuerpo, por lo que parece poco probable que prospere este nuevo intento. Sus ventajas en este nuevo movimiento se las proporcionan los precedentes y supuestamente contar con el respaldo de las organizaciones sindicales.

Lo que no prohibían las resoluciones judiciales es que, una vez cumplida la inhabilitación y abonada la multa, Rafael del Pozo, como cualquier otro ciudadano, se volviese a presentar a las oposiciones para volver a ser funcionario.