El cupo catalán consigue lo que no logró la amnistía: levantar a los territorios del PSOE

Que Emiliano García Page se despache contra los independentistas no es raro. Que lo hagan Juan Espadas o Adrián Barbón, sí. Al menos de forma tan notoria. ¿Y qué tiene que pasar para que los barones socialistas levanten la voz al unísono? La amenaza de una desigualdad económica que llegue desde más allá del Ebro. Es lo que ha pasado esta semana con la propuesta de Pere Aragonès en materia de financiación, con una suerte de cupo catalán, una negociación bilateral que acabe con el sistema actual de reparto y que deje a Cataluña en una situación parecida a la que tienen Navarra y País Vasco y que está blindada en la Constitución. Y no es la primera vez que ocurre.

"No, nunca, jamás, bajo ningún concepto. Hasta aquí". Así de tajante quiso ser Mario Jiménez, exdirigente federal que ahora ocupa un escaño en el Parlamento andaluz, para responder a president catalán. Es cierto que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, descartó cualquier ruptura en la caja común y fio cualquier cambio a la reforma del modelo de financiación autonómica. Esa es la línea roja del Gobierno, aunque es cierto que se trata de una asignatura pendiente desde hace mucho, ya que el sistema cumple una década de caducidad este año. Y Montero asegura que es imposible que los cambios salgan adelante sin el concurso del PP, aunque hay motivos para dudar.

El actual sistema es el resultado de un acuerdo del PSOE con ERC y las elecciones del próximo 12 de mayo en Cataluña pueden resultar en una aritmética en la que los socialistas y los republicanos se necesiten. Tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados. Con ese fantasma se entienden las alertas preventivas de los barones. Yendo a los usos castizos del propio Pedro Sánchez, que apuesta por hacer "de la necesidad virtud", los dirigentes territoriales del PSOE han optado por curarse en salud. "El nuevo modelo de financiación o será fruto de un acuerdo equilibrado entre todos con el Gobierno de España o no será", expresó Juan Espadas en su cuenta de X en un mensaje que se ha repetido desde otras federaciones socialistas.

El barón andaluz es también el portavoz socialista en el Senado, lo que otorga mayor relevancia al mensaje. Sobre todo si se tiene en cuenta el papel equilibrador que ha jugado Andalucía en este tipo de debates. "Andalucía conquistó su autonomía y autogobierno para combatir la desigualdad entre territorios de España", lanzó Espadas en sus redes sociales, una advertencia que podría llevar la firma del popular Juanma Moreno. Se refiere así el exalcalde de Sevilla al proceso autonómico de la Transición, donde Andalucía fue clave en la extensión de las competencias a las comunidades no consideradas históricas, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia, que son las que tuvieron aprobados sus estatutos antes de la Guerra Civil.

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La presión popular de las manifestaciones del 4 de diciembre y su traducción política en el referéndum andaluz de 1980 hicieron posible el llamado "café para todos". Y ese leitmotiv ha inspirado todos los avances competenciales que ha vivido el modelo autonómico en España. No es casualidad que el estatuto andaluz de 2007 fuera un calco del Estatut catalán que fue tamizado por el Tribunal Constitucional. Y cuando más se notan las reivindicaciones de igualdad en los territorios es cuando hay una amenaza de desigualdad en lo económico. Ya se dejó ver en el proceso de investidura de Pedro Sánchez, precisamente en el acuerdo entre el PSOE y ERC, que incluía una quita de la deuda catalana que, acto seguido, reclamaron el resto de regiones.

El acuerdo con los republicanos establece que la cesión a Cataluña sería extensible a todas las comunidades del régimen común, a pesar de que no todas tienen un alto nivel de endeudamiento. Las fórmulas para pactar esta reducción de la deuda y la compensación con las otras regiones será una negociación bilateral entre el Ministerio de Hacienda y cada gobierno. Andalucía, por ejemplo, tiene en su estatuto un mecanismo para hacerlo y es ahí donde Montero tendrá que batirse el cobre para evitar cualquier sensación de agravio. Y como entonces, ahora los dirigentes territoriales ya han avisado: no permitirán desigualdades. "Ninguna aritmética que lo justifique", zanjó Mario Jiménez en su mensaje en redes.

"Hay que ponerlo en prevención", dijo Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que alertó sobre la "subasta constante" de los independentistas y recordó que los territorios de España "forman parte de la misma realidad económica" y "la radiografía que se hace de la renta o de la fiscalidad es absolutamente imperfecta e incompleta". La idea que sale desde las comunidades del PSOE es que quienes tributan son los ciudadanos, no los territorios, por lo que insisten en que la tesis del Govern es errónea. "Hablar de balanza fiscal es hablar de balance fake, de trampas pensadas para intentar justificar sus privilegios", espetó el barón castellano-manchego.

El presidente asturiano se posicionó en el mismo lugar y rechazó de forma "clara, nítida y profunda" la posibilidad de un cupo catalán. Adrián Barbón recordó que la propuesta de Aragonès "rompe con la solidaridad entre españoles". Incluso en Navarra, donde gobiernan los socialistas y no forman parte del régimen común, recordaron que el Gobierno propondrá una solución para todas las comunidades. En sentidos similares se pronunciaron las voces del PSOE en Cantabria o Aragón, a pesar de que la formación no tiene responsabilidades de gobierno en esos territorios.

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Hay quien piensa que la presencia en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero es una garantía para que esto sea así. Y así hay que entender la salvaguarda del pacto con ERC respecto a la quita de la deuda. El historial de la sevillana, que fue consejera andaluza de Hacienda antes que ministra y vicesecretaria general del PSOE, hace difícil pensar que los socialistas acaben por conceder este trato diferencial a Cataluña, aunque tendrá que esforzarse. Porque los independentistas pondrán sobre la mesa la singularidad de su territorio y es imposible que la aritmética que salga del 12-M no vaya a tener a ERC en la ecuación. Y no hay que descartar tampoco a Junts, que esta legislatura se ha estrenado como un actor con influencia en la gobernabilidad de España.