La sanidad andaluza reflota como el principal dolor de cabeza de Juanma Moreno

Han pasado más de dos días desde que se conoció que el exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, ha fichado como director médico de Asisa, una de las principales aseguradoras médicas del país que mantiene contratos con la Junta de Andalucía. En ese periodo, el Gobierno autonómico ha limitado su reacción a un compás de espera hasta que puedan comprobar si el nuevo desempeño del hombre que gestionó el Servicio Andaluz de Salud durante tres años y fue el número dos de la consejería durante uno y medio ha incurrido en una incompatibilidad. Esa cierta parálisis da cuenta de un problema que no es nuevo, sino recurrente: que la Consejería de Salud se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Que fuera el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, y no la titular de Salud, Lina García, quien diese las explicaciones en el Consejo de Gobierno del martes da cuenta de lo complejo de la situación. La carta ahora sobre la mesa de la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local, que debe analizar si hay alguna irregularidad en el fichaje. Desde el departamento que encabeza José Antonio Nieto indican que en los días previos a conocerse la incorporación de Guzmán a Asisa no se produjo ninguna comunicación al respecto. La propia García, que este miércoles ya reaccionó, admitió que lo correcto por parte de su antigua mano derecha habría sido notificar su nuevo desempeño.

La ley de incompatibilidades es clara. Un exdirectivo de la Junta debe esperar dos años para entrar en el sector privado y dedicarse a asuntos relacionados con su labor en la Administración pública. Entre el cese de Guzmán como viceconsejero y su entrada en la aseguradora han pasado 3 meses. Y hay que tener en cuenta que, como gerente del SAS, le puso la firma a varios contratos de emergencia que acabaron en las arcas de Asisa en el contexto de la pospandemia. El PP y el propio Gobierno andaluz insisten en la necesidad de esperar para poder emitir un juicio y evitar un "error", en palabras de García, que llegó a comparar la situación con la de Mónica Oltra, que ha quedado eximida de cualquier responsabilidad en el caso de abusos en el que estaba involucrado su expareja.

La crisis por el fichaje de Guzmán en Asisa ha tomado vuelo al confirmarse que parte de los contratos por valor de 243 millones de euros para conciertos que firmó en sus años en el SAS acabaron en la empresa que ahora le ha dado empleo. Esos contratos de emergencia se siguieron utilizando en la Junta cuando el Gobierno central y la propia Consejería de Hacienda habían puesto reparos a esta fórmula. Y es ahí donde la oposición quiere poner ahora el foco. Pero es el último de una ristra de problemas que ha puesto en tela de juicio la gestión de Garcia.

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En el PP andaluz, hace sólo unas semanas, descartaban una remodelación en el Ejecutivo autonómico para paliar el desgaste de la titular de Salud, aunque se trata de una decisión que sólo corresponde a Moreno. Las listas europeas en un contexto positivo para los populares serían una salida sencilla para renovar el gabinete andaluz, toda vez que la aspiración del partido en la comunidad es tener más presencia en los puestos de salida. Pero el barón popular es reacio a las crisis de Gobierno, como demostró en su primera legislatura a pesar de las presiones para hacer un cambio de cromos.

No hace ni dos meses de la última polémica en Salud, tras desvelarse que el cambio de nombre del Hospital Muñoz Cariñanos, el viejo Militar de Sevilla, no respondió a los resultados del referéndum que Moreno anunció a bombo y platillo para renombrar al Vigil de Quiñones. Pero no deja de ser una anécdota si se comprara con el principal problema registrado bajo el mandato de Lina García. Se trata de la orden que regulaba las tarifas para los conciertos, que abría la puerta por primera vez a privatizar los servicios de Atención Primaria. Fue el propio presidente del Ejecutivo quien ordenó eliminar la mención a esa posible externalización después de que todos los sindicatos se levantaran contra la decisión.

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El otro punto débil llegó con la publicación de los datos de listas de espera después de varios meses de retraso y que resultó en un aumento inusitado que en la Junta achacan a los coletazos de la pandemia. Y que también solucionaron, en parte, con una derivación a los conciertos privados que volvió a levantar en armas a la oposición. Las izquierdas llevan intentando erosionar a Juanma Moreno con la gestión sanitaria casi desde que el malagueño llegó a San Telmo. El PSOE arrastra todavía un problema de credibilidad por los errores que pusieron en jaque al Ejecutivo de Susana Díaz en sus últimos compases, pero sobre todo se han dado con un muro electoral.

El descontento sanitario no prende en las encuestas, en parte porque el número de andaluces que cuentan un seguro privado ha crecido en los últimos años de forma llamativa. El último dato de Unespa, la patronal del sector, corresponde a 2022 y fija en un 22% el número de andaluces con una de estas pólizas. El dato no ha parado de crecer desde 2012, cuando estaba en algo más de un 14%. Y esas cifras se manejan en San Telmo para medir la situación. Pero esa calma no tiene por qué mantenerse siempre.