Buscan a dos detenidos por un tiroteo en Marbella huidos tras quedar libres un mes después de ir a la cárcel

Días después de la polémica fuga del miembro de la Mocro Maffia Karim Bouyakhrichan, que está siendo investigada por el Poder Judicial, se vuelve a producir en Málaga otro caso similar que en esta ocasión afecta a dos peligrosos delincuentes supuestamente vinculados al crimen organizado. Son el irlandés Darren H. y el británico Gerrard S., detenidos por presuntamente disparar, hasta en 15 ocasiones, y a plena luz del día, contra un restaurante marbellí. El juzgado de Instrucción número 1 de Marbella emitió el lunes una orden de búsqueda y captura contra ambos después de que, un mes más tarde de su encarcelamiento preventivo, fuesen puestos en libertad por la Audiencia Provincial de Málaga y supuestamente no se hayan presentado ante la autoridad judicial en la primera ocasión que debían hacerlo.

Fuentes judiciales realizaron un repaso cronológico del periplo de un caso que lleva el juzgado de Instrucción número 1 de Marbella. Una vez se produjeron las detenciones por parte de agentes de la Unidad de Drogas y el Crimen Organizado (Udyco), los investigados comparecieron el pasado 27 de marzo ante el juzgado de instrucción número 4 de Marbella, que ese día se encontraba en funciones de guardia.

Su titular, tras "informar oralmente de los delitos por los que estaba siendo detenido, y de los elementos esenciales de la investigación que estimó que podían conocer", decretó el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza de ambos detenidos.

Los abogados, no obstante, presentaron sendos recursos de apelación por una "vulneración del derecho de defensa y la igualdad de partes" que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha acabado estimando para acordar la puesta en libertad de los arrestados un mes más tarde de su encarcelamiento.

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Esta resolución, basada en un fallo del Tribunal Constitucional (TC), se produjo después de que el instructor de la causa "ratificase" la medida de prisión adoptada por el juzgado de guardia y mientras la Audiencia Provincial estudiaba el recurso.

El Confidencial ha tenido acceso a los dos autos emitidos el pasado 23 de abril por la Sección Tercera y que gravitan sobre "el acceso —por escrito— a los elementos esenciales de las actuaciones" de los letrados.

En las resoluciones se especifica que la magistrada que presidió la declaración judicial de los detenidos, tras informarles "en su idioma" de los derechos que les asistían, detalló "oralmente" los delitos por los que estaban arrestados y "de los elementos esenciales que estimó que podían conocer". Les explicó que los indicios contra ellos se desprendían de los seguimientos realizados por los responsables del caso, de las imágenes captadas por cámaras de videos y de los registros en los que se hallaron un arma de fuego.

Los abogados, en ese momento del trámite judicial, no impugnaron la "información oral", pero en el momento en el que se les concedió la palabra "hacen constar expresamente la vulneración de su derecho a acceder por escrito a los elementos esenciales del procedimiento [...], señalan cuáles son e indican que con carácter previo a la celebración de la comparecencia se ha solicitado ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ)" poder disponer de los documentos.

La Audiencia Provincial considera que la información oral dada por la jueza que decretó el auto de prisión "no colma las exigencias" del TC

Esta reivindicación fue justificada en base a una sentencia 21/2018 del TC que resolvía a favor del recurrente porque no había sido informado suficientemente sobre las razones de su detención, ni se le había permitido "el acceso a los elementos de las actuaciones que eran esenciales para impugnar su legalidad".

Dicha alegación "no obtuvo respuesta en el acto" —se especifica en los autos— por lo que a continuación se dictó prisión para los dos detenidos.

"Pudo y debió dar copia"

El tribunal explica que, "si bien se aprecia en la jueza la voluntad de informar a los investigados de aquellos elementos que entiende indispensables para el ejercicio de defensa, la información oral facilitada no colma las exigencias que el Tribunal Constitucional ha dado a la previsión legal de tener acceso a los elementos esenciales de las actuaciones".

"Entendemos que pudo y debió dar copia de la parte de las mismas que no compromete el secreto —del caso—, tales como las actas de entradas y registros realizados, el acceso a los fotogramas en los que se aprecia la que parece la imagen —de los investigados— y el vehículo en el que acudió al lugar de los hechos". También "cualquier otra que fundamente la convicción del instructor de la participación de Darren H. y Gerrard S. en los hechos concretos que se les imputan, y que, por tanto, sirven de base al dictado del auto de prisión".

Los magistrados de la Sección Tercera insisten en que, a pesar de que la jueza que dictó el encarcelamiento "colmó el deber de motivación", "no exime" al juzgado de ofrecer a las defensas "el acceso a dichos elementos fundamentales que obran en la causa". "De forma limitada, pero efectiva", precisan.

Esta circunstancia les lleva a estimar el recurso de apelación y "declarar la nulidad" del auto de encarcelamiento de los investigados, ya que resuelven que "se ha producido un menoscabo de su derecho a la tutela judicial efectiva".

La Audiencia Provincia acordó la puesta en libertad de ambos, pero como prevención para evitar que huyesen mientras continúa la causa, acordó que se les retirase el pasaporte, que se les prohibiese la salida del territorio español y que compareciesen "obligatoriamente" en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

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Aunque los planes de los investigados eran otros. Las fuentes consultadas por este periódico confirmaron que Darren H. y Gerrard S. no acudieron al juzgado como se les había impuesto dentro del paquete de medidas cautelares. Era la primera vez que debían hacerlo y la hipótesis principal es que se han fugado.

El juzgado de Instrucción número 1 de Marbella "ha dictado una nueva requisitoria para la detención de ambos" después de que hayan vulnerado las medidas cautelares que se les impusieron para quedar en libertad mientras continuaba el proceso.

Es inevitable establecer paralelismos entre este caso y el del miembro de la Mocro Maffia Karim Bouyakhrichan, lo que ha provocado que se repita el malestar entre los agentes que lamentan que su trabajo se evapore por cuestiones procedimentales.