Andalucía endurece las puertas giratorias a sus altos cargos en los 2 años posteriores a su cese

El Gobierno andaluz cambia la regulación sobre las incompatibilidades de los altos cargos que abandonan la Administración autonómica para impedir polémicas como la del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán. El también exgerente del Servicio Andaluz de Salud tenía intención de empezar a trabajar en una de las aseguradoras con las que firmó contratos mientras formó parte del organigrama de la Junta, pero quedó en suspenso tras conocerse el caso. La Junta declaró incompatible, hasta este mes de julio, el fichaje y ha reformado dos reglas para endurecer los posibles casos de puertas giratorias que se den en la comunidad.

Con este decreto ley, que debe convalidar el Parlamento, Guzmán habría incurrido en un conflicto de intereses por no solicitar permiso para incorporarse al sector privado. Esta petición se convertirá en obligatoria y, de no cumplirse, supondrá una sanción que redundará en la obligación de devolver los sueldos percibidos durante su desempeño en la Junta, pero también en la imposibilidad de ser nombrado alto cargo por un periodo que va de los 3 a los 10 años. Estas modificaciones tomarán forma con la reforma "quirúrgica" de la ley de incompatibilidades de 2005, pero el objetivo es que haya una normativa más exhaustiva que se debatirá en la Cámara regional en los próximos meses.

Según ha explicado el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, el leitmotiv de esta reforma es que "nadie se pueda aprovechar de la gestión pública para fabricarse una carrera" y al mismo tiempo que "nadie se vea perjudicado" en su vuelta a la actividad privada. "No queremos mandar un mensaje para que solo los funcionarios y los ermitaños pueden formar parte de la Junta", ha expresado el dirigente popular. Será la Inspección General de Servicios la encargada de elaborar el informe sobre la idoneidad de los altos cargos, que hasta ahora no estaban obligados a pedir esta autorización. En los últimos 5 años, solo cuatro exmiembros del Ejecutivo andaluz (uno de la etapa socialista y tres bajo el mandato del PP) habían informado a la Administración de su paso a la privada.

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El decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta contempla que la incompatibilidad sea aplicable a los altos cargos que hayan tomado una decisión relacionada con la empresa a la que se quieren incorporar. Pero esa decisión también generará un veto si la decisión la han tomado los superiores o si el alto cargo en cuestión ha delegado en sus subordinados. No supondrá una incompatibilidad si la firma del alto cargo es el resultado de un proceso de selección que cuenta con criterios técnicos. "No firmar ese contrato supondría prevaricar", ha explicado Nieto en el Palacio de San Telmo. La incompatibilidad también prohíbe durante dos años la firma de "contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza" con la Junta si están relacionados con su desempeño como cargo público.

El Ejecutivo andaluz se ha fijado en el País Vasco para esta reforma, aunque la referencia es la ley estatal. El problema es que se trata de un modelo "muy caro", ya que contempla una cesantía de 24 meses con valor del 80% de la retribución mensual que percibía durante su estancia en el Gobierno. En Andalucía las cesantías consisten en un mes de sueldo por cada año trabajado en la Administración.