Sevilla, Valencia y Mallorca: el PP se apunta ahora a la vía Colau contra los pisos turísticos

Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca fueron tres de las ciudades que cambiaron de color político en la debacle que la izquierda sufrió en las elecciones municipales de mayo de 2023. Las capitales andaluza y balear pasaron de tener un alcalde socialista a uno popular, mientras que Valencia pasó a manos del PP tras ocho años de gobierno de Joan Ribó, de Compromìs. Y los tres regidores, José Luis Sanz, María José Catalá y Jaime Martínez Llabrés, han aplicado medidas restrictivas con las viviendas turísticas en este primer año de mandato, una tendencia que inauguró la izquierdista Ada Colau en Barcelona, con una ofensiva que puso en pie de guerra al sector y que ahora siguen alcaldes populares por toda la geografía nacional.

"En el casco histórico no cabe un piso turístico más". Así de tajante se mostró el regidor sevillano hace algo más de un año en una conversación con esta redacción. Y es cierto que todavía hay un goteo de nuevas licencias que han salido adelante en su primer año de mandato, pero José Luis Sanz ha sido el regidor del PP andaluz más beligerante con los apartamentos turísticos. La promesa de la campaña electoral requería un paso previo, la aprobación de un decreto autonómico del Gobierno andaluz que sirviera como marco para la regulación local de las viviendas de uso turístico y evitar un posible recurso en los tribunales que tumbase la limitación del ayuntamiento.

Fue el pasado marzo cuando el ayuntamiento sevillano puso en marcha la limitación que resultará en que no habrá nuevas licencias en las zonas de la capital andaluza donde haya más de un 10 % de viviendas turísticas. Según los datos de Inside Airbnb publicados por El País, el 12 % de las viviendas del casco histórico de la ciudad hispalense están en la plataforma de alquiler, aunque hay secciones donde se roza el 20 %. El equipo de gobierno de José Luis Sanz ha declarado así gran parte del centro de la ciudad como una "zona de decrecimiento" y además se da un año para revisar las licencias concedidas hasta el momento, ya que la norma incluye requisitos más duros para las viviendas de uso turístico e incluso contempla multas a los usuarios.

"Existe una correlación entre la presencia de viviendas de uso turístico en los distintos barrios y el deterioro de las condiciones de vida en algunos de ellos", defendían desde el consistorio hispalense para justificar su decisión, una filosofía que ya puso en marcha Ada Colau en Barcelona en 2017, que también zonificó la capital catalana en relación con la presión de viviendas turísticas que había hasta entonces y decretó una moratoria tanto de apartamentos como de hoteles. Es llamativo que justo cuando varios ayuntamientos del PP endurecen o anuncian restricciones al establecimiento de pisos turísticos, el gobierno local barcelonés, en manos del socialista Jaume Collboni, revise la norma de su antecesora y relaje, en parte, el coto que puso Colau al estallido turístico en la ciudad del país que se utiliza como paradigma de los males del turismo.

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Hace solo unos días el Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó una moratoria de un año de duración, aunque prorrogable, al establecimiento de nuevos pisos turísticos. La iniciativa parte del gobierno local de María José Catalá, que dirige la capital del Turia desde hace un año en coalición con Vox, lo que no ha impedido tomar esta decisión en busca de un crecimiento del turismo más controlado. La iniciativa se aprobó por unanimidad, es decir, contó con el aval de la izquierda y deja fuera del veto a los edificios completos para uso turístico y aquellos que tengan ya licencia.

Valencia, como ocurre en las otras ciudades que se plantean limitar la llegada masiva de visitantes, ha sufrido un aumento del precio del alquiler de la vivienda, uno de los motivos que alimentan esta restricción que hasta hace poco era un tabú en los consistorios controlados por el PP. Cruzando el Mediterráneo, en Palma de Mallorca, la situación es similar. El PP ha llegado a avalar propuestas de Podemos en el seno del consistorio de la capital mallorquina en un sentido similar.

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"La presión se tiene que limitar con restricciones y prohibiciones", dijo hace unos días el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, para defender la necesidad de prohibir nuevas viviendas de alquiler turístico, pero también otras medidas como una tasa a los dos millones de cruceristas que llegan a la isla cada año. Días después, los populares apoyaron en el pleno municipal y por sorpresa una proposición de Podemos que aboga por ampliar las limitaciones al alquiler turístico y "estudia" una prohibición en todo el municipio.

La preocupación en el Ayuntamiento de Palma es lógica después de una manifestación que recorrió las calles de la capital mallorquina con más de 10.000 personas en contra de los efectos nocivos del turismo. Hace unas semanas ya ocurrió lo mismo en Canarias y en Andalucía hay un debate abierto, sobre todo en las ciudades más pobladas, sobre la idoneidad de cobrar una tasa turística. El Gobierno de Juanma Moreno ha rechazado esta posibilidad, que en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte consideran negativa en alianza con el sector hotelero.