El TC ampara a Magdalena Álvarez y obliga a repetir parte de la sentencia de los ERE

El Tribunal Constitucional da amparo parcial a Magdalena Álvarez por su condena en el caso de los ERE fraudulentos. El Pleno del tribunal de garantías ha aceptado parcialmente el recurso de la exministra de Fomento, por lo que obliga a la Audiencia de Sevilla a repetir la sentencia de noviembre de 2019 en la que condenaba a 9 años de inhabilitación a la política malagueña. Álvarez fue condenada por su papel de consejera de Hacienda de la Junta, concretamente por la elaboración de los presupuestos que incluían la partida de la que salían las ayudas sociolaborales repartidas de forma ilegal, así como por modificaciones presupuestarias para dotar esta partida. En total 680 millones de euros fueron defraudados con esta fórmula ideada por la cúpula de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2008.

El TC rechaza que Álvarez incurriese en el delito de prevaricación por el diseño de los anteproyectos y proyectos de cuentas en 2002, 2003 y 2004, así como por varias modificaciones presupuestarias. Estas tesis han logrado una mayoría de 7 a 4 en el pleno del tribunal de garantías, la aritmética habitual dada la actual composición del Constitucional, con mayoría progresista desde la última renovación de 2021. Los magistrados conservadores han anunciado un voto particular a este fallo, del que ha sido ponente Inmaculada Montalbán, que recibió la Medalla de Andalucía de manos de José Antonio Griñán en 2012.

La vicepresidenta está encuadrada en esa mayoría, que asume parte de las argumentaciones de las defensas de los condenados por los ERE al afimar que la elaboración de los presupuestos autonómicos no puede incurrir en un delito porque no se trata de "actos administrativos" ni "resoluciones". Con este argumento, el tribunal de garantías defiende que el derecho fundamental a la legalidad penal de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza se vio vulnerado tanto en el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2019 como en la confirmación del mismo que el Tribunal Supremo hizo pública en julio de 2022.

El fallo del Constitucional es el primero que discute la prevaricación, algo que ya había ocurrido con el delito de malversación al que fueron condenados varios altos cargos, como José Antonio Griñán. Dos juezas del Supremo emitieron un voto particular para rechazar, por motivos similares a los que ahora aduce el Constitucional con Álvarez, que el expresidente pudiera incurrir en malversación al diseñar los presupuestos de los que salieron los fondos de los ERE fraudulentos.

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Carlos Rocha. Sevilla Beatriz Parera

"Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", reza la ponencia de Inmaculada Montalbán que ha salido adelante en el Pleno que comenzó este lunes. Horas antes de emitir el fallo sobre Álvarez, el Constitucional rechazó estudiar el recurso de amparo de José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y considerado uno de los ideólogos del sistema de reparto fraudulento de fondos. El pleno no admitió el escrito de exdirigente socialista por la falta de argumentación, es decir, un defecto de forma.

La aceptación parcial del recurso de Magdalena Álvarez abre la vía a los posibles beneficios para el resto de condenados por prevaricación, entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El primero, como Álvarez, comparte delito con la que fuera su consejera y mantiene el el TC un recurso similar, lo que anticipa una posible revisión de su condena. Griñán, además, fue condenado por malversación, pero habrá que esperar para conocer la postura del tribunal de garantías sobre este delito hasta que aborde un recurso de amparo sobre el mismo.

El escrito de Inmaculada Montalbán sometido a consideración del Pleno del Constitucional defiende que la competencia para dilucidar si hubo delito de prevaricación no corresponde a "los órganos judiciales", sino al tribunal de garantías. "Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", reza la ponencia, que defiende que el debate debe darse en "términos de constitucionalidad, nunca de legalidad".

"No puede ser ilegal un proyecto de ley idéntico al aprobado por el Parlamento", reza el escrito de Montalbán, que también afea al Supremo y la Audiencia de Sevilla que considerase una "prueba de cargo" la documentación remitida por la Junta sobre el sistema de los ERE para fundamentar la condena por prevaricación a Álvarez. Sobre todo cuando, al mismo tiempo, considera esa información "escasa, confusa y errónea" para poder afirmar que la Cámara autonómica avaló el modelo irregular de reparto de fondos ideado en la Consejería de Empleo.