El PP carga contra la sentencia del TC sobre Álvarez: "Es primer paso para borrar los ERE"

"Escándalo". El escueto tuit de Elías Bendodo sobre la anulación parcial de la sentencia del caso de los ERE a Magdalena Álvarez ha sido la primera gota de una tromba de críticas por parte del PP a la decisión del Tribunal Constitucional que se ha hecho pública este miércoles. El tribunal de garantías ha devuelto a la Audiencia de Sevilla el caso tras amparar parcialmente el recurso de la exministra de Fomento, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Para los populares se trata de una "mala noticia", pero también del "primer paso" para "borrar" el caso de los ERE, una estrategia que achacan al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Constitucional ha aceptado este miércoles las tesis de la ponente, Inmaculada Montalbán, con la mayoría habitual de 7 a 4 que resulta de la actual composición de progresistas y conservadores. Pero los populares creen que este desenlace era esperable. "Hace 10 días el secretario general del PSOE adelantó lo que hoy ha pasado", ha dicho Toni Martín, portavoz parlamentario del PP andaluz, que considera "inquietante" esta situación. Se refiere al mitin de Benalmádena en el que Pedro Sánchez señaló a Álvarez y la colocó como una "víctima del vil ataque de la derecha" en medio de los señalamientos a su esposa, Begoña Gómez.

Para Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, ha abundado en esta idea al mostrarse su "sorpresa" por las palabras de Sánchez sobre Álvarez, una forma de "felicitar o indultar socialmente" a Álvarez días antes de conocerse el fallo del Constitucional. "Su objetivo es borrar todo delito que afecte a la corrupción del PSOE", ha aventurado la dirigente popular, que se ha acordado de los indultos que tramita el Ministerio de Justicia a petición de los ex altos cargos andaluces. "A lo mejor no los tiene que tramitar al indultar a los dirigentes socialistas por la puerta de atrás", ha zanjado Gamarra.

Este pronunciamiento de Sánchez ya puso en alerta a los populares, que llevan varios días alertando de la posibilidad de que el TC anulase parte de la condena, aunque rechazan que esto sea una crítica a la justicia. Para Martín, la coincidencia entre decisión del TC y la defensa que Sánchez hizo de Álvarez "atenta contra la credibilidad de la justicia". "Donde no hay independencia judicial, no hay democracia", ha espetado el dirigente sevillano del PP, que ha dejado claro que, ocurra lo que ocurra en términos judiciales "el caso de los ERE es y va a seguir siendo el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía".

"Hoy no es un buen día para los que creemos en la lucha implacable contra la corrupción", ha dicho Cuca Gamarra en el Congreso. La dirigente popular ha elevado el tono al afirmar que es el "mayor caso de corrupción de la historia de España" al estar implicados dos expresidentes de la Junta y hasta 5 consejeros, entre los que se encuentra Álvarez. Y ha puesto el foco en el destino de los 680 millones repartidos de forma fraudulenta, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, gracias al sistema creado por la Consejería de Empleo entre 2000 y 2008. "El dinero de los parados fue a parar a amigos, familiares y la compra de cocaína", ha dicho la dirigente popular, que ha recordado que hay más de 100 piezas separadas del caso todavía activas.

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Gamarra ha recordado además que hasta 20 jueces, desde la magistrada que instruyó el caso, Mercedes Alaya, al Tribunal Supremo, han defendido que hubo prevaricación. Ni siquiera las dos juezas del Alto Tribunal que emitieron un voto particular aludieron a este delito, sino al de malversación en varios casos de altos cargos como el propio José Antonio Griñán. La duda ahora está en si esta sentencia del Constitucional abrirá también la puerta a discutir si hubo malversación en la elaboración de los Presupuestos a partir de los cuales se pagaban los ERE.

El PSOE ha reaccionado a las críticas del PP y ha tachado de "impropias" las palabras de los dirigentes populares tras conocerse el fallo. "El PP no puede pretender que la Justicia sea una mera correa de transmisión de sus proclamas políticas", explican desde Ferraz, donde consideran que las declaraciones de Gamarra y Martín son un ataque "descontrolado y enloquecido" a jueces, tribunales y fiscales. "Respeten a la Justicia de una vez, y no solo cuando afecta a sus rivales políticos", zanjan los socialistas.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha abundado en esta idea en el patio del Congreso al considerar "peligroso" el discurso del PP porque "no respeta las instituciones" cuando los tribunales "no les dan la razón". "Quiero trabajar contra las injerencias que se hacen contra los tribunales", ha zanjado el también titular de Presidencia.