El Constitucional pisa el acelerador y verá todos los recursos de los ERE en un mes

El Tribunal Constitucional verá los recursos de amparo de todos los condenados en el caso de los ERE fradulentos de Andalucía en cuestión de un mes. Entre el pasado 18 de junio y el 16 de julio, el tribunal de garantías abordará las situaciones de los 12 exaltos cargos que acudieron al TC tras confirmarse la condena por crear un sistema ilegal de reparto de ayudas que provocó la distribución de 680 millones de euros de forma irregular en una década. La primera en ver resuelta su situación fue Magdalena Álvarez, a quien el Constitucional ha dado amparo parcial y verá como la Audiencia Provincial de Sevilla repite la sentencia que la condenó, en 2019, a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.

El organismo que preside Cándido Conde Pumpido ha informado este jueves de que en el Pleno del próximo 2 de julio se abordarán las situaciones de los cinco condenados que está en prisión o que han recibido el tercer grado, como es el caso de Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda. En esta sesión también se verán los recursos de Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, y Antonio Fernández, extitular de Empleo; así como de los exaltos cargos Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano, viceconsejero de Innovación y director general de la agencia IDEA. "La prioridad para estudiar y deliberar estos asuntos se debe a la situación personal de prisión en la que se encuentra cada uno de ellos", apunta el TC en una nota informativa.

En la siguiente sesión, prevista para el 16 de julio, los magistrados del tribunal de garantías deliberarán sobre el resto de recursos, entre los que se encuentran los de los dos expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. También será entonces cuando se aborden los casos de Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y hombre fuerte de Chaves; Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos; y Juan Márquez, exdirector general de Trabajo. Para entonces, el TC habrá culminado la revisión de un caso de corrupción que golpeó la política andaluza y nacional después de que desestimara, el pasado martes, el recurso de José Antonio Viera, extitular de Empleo y considerado uno de los cabecillas del fraude.

El recurso de Viera, que está fuera de prisión por motivos de salud, fue rechazado por la pobreza de su argumentación, es decir, por un defecto de forma. Pero esta segunda tanda de deliberaciones será clave para dilucidar las consecuencias políticas del caso, ya que se abordarán los primeros casos de los condenados por prevaricación y malversación procedentes de consejerías ajenas a la de Empleo, donde se originó el caso.

Opinión

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Esta es la situación de Vallejo y Martínez Aguayo son relevantes en la medida de que ambos tienen situaciones parecidas a la de José Antonio Griñán, ya que al delito de prevaricación, discutido ahora por primera vez, suman el de malversación de caudales públicos. Es este delito el que lleva aparejada la pena de cárcel y tiene la particularidad de que ya había sido discutido por las jueces del Supremo que presentaron un voto particular a la confirmación de la pena de la Audiencia de Sevilla. El matiz jurídico de estas dos magistradas apunta a que los "actos malversadores" se circunscribieron a la Consejería de Empleo, por lo que Griñán, Vallejo y Martínez Aguayo eran "ajenos" a lo que se hacía en Empleo.

El resultado de estas deliberaciones puede cambiar un relato jurídico que estaba asentado desde hace más de una década y que se vino a confirmar con las sentencias de la Audiencia de Sevilla, en noviembre de 2019; y el Tribunal Supremo, en julio de 2022. Y esto es así porque la victoria de Álvarez en el Constitucional da, por primera vez, la razón a la estrategia de la defensa de los altos cargos que se resume en que es imposible que una ley sea ilegal. "El orden penal se extralimitó al sancionar conductas que la ley penal no contempla", explicó en su cuenta de X Juan Carlos Álferez, abogado de uno de los altos cargos condenados por los ERE.

Esa es la tesis que utilizaron varias defensas en su intento por limitar el fraude de los ERE a la Consejería de Empleo, donde se ideó el sistema irregular de reparto de fondos y donde están los condenados a las mayores penas, como Viera y Fernández. No figura entre estos nombres el del principal acusado en el caso ERE, Francisco Javier Guerrero, que falleció en 2020. Es lo que se vino a conocer como la teoría de los "cuatro golfos" que rechazó desde el principio la juez Mercedes Alaya, la instructora que puso el foco en lo más alto del organigrama de la Junta bajo los mandatos socialistas.

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Es ahí donde el PSOE ha vuelto más de una década después. El presidente de los socialistas andaluces, Manuel Pezzi, habló de "alegría contenida" a la espera del resto de recursos. El líder de la formación, Juan Espadas, habla de "esperanza", lo que da cuenta de un tímido intento por empezar a digerir un caso que ha dejado al partido en estado de shock casi desde el comienzo de la instrucción. Hay quien ve un resquicio que sirva para salvar el legado de una generación de dirigentes que, tras el estallido del caso, dejó huérfano a un PSOE andaluz que aún no se ha recuperado de la pérdida de votos que empezó con el caso de los ERE.

Así se entienden las palabras de Magdalena Álvarez en una entrevista en la Cadena SER horas después de conocer su fallo. "Me han hecho muchísimo daño por la ambición de ganar en las urnas de una manera sucia", dijo la malagueña en los micrófonos de Hora 25, donde expresó su "emoción" por el "ver la luz al final del túnel" después de casi 15 años. La exconsejera de Hacienda cree que con la aceptación parcial de su recurso "se demuestra que todo ha sido un montaje", en referencia a la dura labor de oposición que el PP andaluz ejerció a partir del caso de los ERE. Ahí hay que encajar la polémica frase de Pedro Sánchez en el mitin de Benalmádena, cuando reivindicó a Álvarez como víctima del "vil ataque de la derecha".

Ese gesto de Sánchez, inédito con un condenado en el caso de los ERE, desató las iras del PP, que lo vio como un "adelanto" del fallo del Constitucional. Y una vez conocido el resultado de la deliberación, las críticas han ido a más. "Es y será el caso de corrupción más grande de España y todo lo demás es desinformación", dijo Juanma Moreno el jueves en un acto en Málaga, en un ejemplo de la letanía a la que se agarran los populares en los últimos días.