Sánchez metaboliza la corrupción de arriba a abajo: amnistía, los ERE y un intocable alcalde en la provincia de Cádiz

La maleabilidad de los posicionamientos políticos de Pedro Sánchez ha quedado patente a lo largo de sus años de Gobierno. Y han sido varios los intentos de su equipo de justificarlos. El desdoble de personalidad que defendía la entonces ministra Carmen Calvo cuando habló de aquello del Sánchez candidato y del Sánchez presidente, el "hacer de la necesidad virtud" o los recurrentes "cambios de opinión" han sido algunas de las más comentadas formas para defender que el presidente hiciese lo contrario de lo que había defendido ―incluso― días antes. Argumentos cocinados para tratar de confundir la elasticidad moral que ha practicado el líder socialista con respecto a la corrupción. Una tolerancia que cada vez más exhibe sin complejos y que le lleva a decidir qué malversación es buena o mala, minimizar el caso de los ERE, modificar el Código Penal en momentos de asfixia parlamentaria y hasta mantener al alcalde de un pequeño pueblo de Cádiz condenado, investigado y señalado por supuestos comentarios machistas.

Hay que tener en cuenta que la preocupación por la corrupción en España está muy lejos de los momentos más críticos para el sistema, entre 2013 y 2018, justo después del estallido de las macrocausas en los grandes partidos. En noviembre de 2018, la preocupación por la corrupción era un problema para el 63% de la población, pero esa cifra fue cayendo paulatinamente y en los últimos 4 años el porcentaje ha oscilado entre el 2,4% y el 9,8% excepto en septiembre de 2020, cuando se disparó al 20,5%. El pasado marzo, tras el estallido del caso Koldo, repuntó hasta el 12,4%, pero desde entonces ha ido cayendo: 12,3% en abril, 7% en mayo y 4,8% el barómetro de junio, que se hizo público este jueves.

En este contexto, el PSOE ha situado al Tribunal Constitucional (TC) como un órgano de casación con el que confrontar las resoluciones del Tribunal Supremo (TS). Es lo que trasciende de la lectura que realiza de las resoluciones con un poso político. El último ejemplo lo hemos tenido con el caso ERE, probablemente la mayor causa de corrupción que ha afectado a los socialistas, y la raíz de la pérdida del Gobierno de Andalucía. El tribunal de garantías aceptó de forma parcial el pasado miércoles el recurso de la exministra Magdalena Álvarez, que apunta a una revisión completa del relato jurídico del caso, toda vez que ha asumido las tesis de las defensas: la elaboración de un proyecto de presupuestos no puede derivar en prevaricación porque se trata de un acto político y no administrativo, según reza el fallo que salió adelante por una mayoría de 7 a 4.

La decisión del TC ha dado paso a una sensación de alivio entre los socialistas. Álvarez ha hablado de un "montaje" y María Jesús Montero, este viernes en Chiclana, ha reclamado al PP que pida "perdón" por los años de críticas a la generación de dirigentes del PSOE andaluz a la que prácticamente desactivó el caso ERE. Hay que recordar que el tribunal de garantías solo ha aceptado parcialmente el recurso de la exministra de Fomento y sí ve prevaricación en la aprobación de varias modificaciones presupuestarias previas a la elaboración del presupuesto andaluz que dio carta de naturaleza al sistema de reparto de ayudas en los ERE. Es decir, el TC mantiene que hubo, al menos, parte de la corrupción que sí vieron la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo.

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Los escándalos han perdido impacto en la militancia socialista. Es un hecho. El votante devoto existe en todos los partidos, pero en el PSOE se siente respaldo por un secretario general que es capaz de transformar en argumentario político cualquier diligencia judicial en su contra. Sánchez llegó a la Moncloa apoyado en la frase de una sentencia con la que avalar la moción de censura del Frankenstein. Desde entonces, Sánchez ha hecho bandera de su condición de incorruptible. Por ese motivo forzó la expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario socialista y la apertura de un expediente por su responsabilidad política por mantener como asesor a Koldo García Izaguirre, considerado el cabecilla del caso Delorme.

Seis años después parece haber cambiado sus posicionamientos morales para indultar y amnistiar delitos de malversación dentro de una negociación política. Es uno de los principios de la ley de amnistía, aunque hay que tener en cuenta que ya en la pasada legislatura concedió los indultos a los dirigentes del procès en su estrategia de apaciguamiento con Cataluña. En ese mismo contexto, el PSOE impulsó una rebaja del delito de la malversación que benefició también a los cargos independentistas y que, paradójicamente, dejó fuera a los exdirigentes socialistas andaluces condenados por el caso de los ERE.

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El argumento que utilizaron los socialistas era la necesidad de impulsar ese apaciguamiento en Cataluña. Recuerda al "hacer de la necesidad virtud" que Sánchez entonó en el proceso de aceptación de la ley de amnistía como un elemento que entrase a formar parte de la negociación de su investidura. Pero a pesar de esos vaivenes y la certeza de que los estatutos federales se cumplen a rajatabla en las altas instancias, hay lugares donde eso no es así.

Así se explica el caso del alcalde del pueblo gaditano de San José del Valle, Antonio González, condenado, investigado por la Fiscalía y acusado de verter comentarios machistas a dirigentes de la oposición. Un historial en los tribunales ante lo que el PSOE ha mirado hacia otro lado, ignoró sus estatutos y apoyó como su apuesta en las pasadas municipales. ¿El motivo? Obtiene mayoría absoluta.

Pero recordemos con más detalle las causas que afectan a González porque son más que llamativas. Sobre todo, por la que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz considera probado que el dirigente socialista —en 2016— "eximió de manera ilegal del pago de tasas a varios feriantes a pesar de que habían ocupado terrenos públicos".

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En este punto hay que recordar que los estatutos del PSOE establecen que un miembro del partido con cargo público que haya sido procesado debe cesar cuando se decrete la apertura de juicio oral en su contra. Pero este regidor no ha dado un paso al lado. Y en su partido no se lo han exigido.

El caso más sonrojante que afecta a este regidor es el que está en manos de la Fiscalía. Gira en torno a un supuesto delito de apropiación indebida por el que exige tres años y medio de cárcel para el regidor y el secretario de organización del PSOE de San José del Valle, Jerónimo Gámez.

En un auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, al que tuvo acceso este periódico, se remarcaba que "existen indicios" de que los dos investigados "decidieron destinar parte del dinero que había recibido su grupo municipal […] al pago de una multa particular que se le impuso a una militante" por organizar un bingo ilegal en la localidad.

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Este dinero, según el tribunal, procedía de la partida de los presupuestos locales cuya "única finalidad" era el funcionamiento del grupo político municipal. Por lo que no se podía destinar a ningún otro cometido. La cantidad sumaba 2.000 euros y "dicha entrega se detalló en las cuentas del partido como ‘servicios profesionales independientes’, cuando ningún servicio de tal naturaleza se había prestado".

Lo más sangrante de todo esto es que el PSOE sabía lo que estaba pasando. Yolanda Aceituno, una de las concejalas socialistas, lo trasladó a la dirección provincial de su formación. No quería "ser cómplice", explicó recientemente a El Confidencial, para confirmar que contó a los dirigentes socialistas que los investigados habían pedido "facturas falsas" para justificar el dinero entregado a la militante y que, tarde o temprano, "iba a salir a la luz". Pero "nunca recibimos una llamada".

La edil, junto a una compañera que también denunció las presuntas irregularidades, fue expedientada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por supuestamente romper la disciplina de voto en un pleno. Ninguna pertenece ya al partido. El alcalde condenado, sí.