El TC se abre a perdonar la malversación de la mano derecha de Griñán en los ERE

El Tribunal Constitucional estudia la admisión parcial del recurso de Carmen Martínez Aguayo y se abre a anular también el delito de malversación en el caso de los ERE fraudulentos. El alto tribunal deliberará en el pleno del próximo 2 de julio la petición de la exconsejera de Hacienda y mano derecha de José Antonio Griñán y la ponencia de Inmaculada Montalbán apunta a la revisión parcial, como ya hizo con Magdalena Álvarez y el delito de prevaricación. Las tesis son similares y parten del argumento de que la elaboración de un proyecto de presupuestos no puede desembocar en la comisión de un delito, una impugnación del relato jurídico del caso ERE que se deriva de la instrucción del caso, su sentencia en la Audiencia de Sevilla y la confirmación posterior del Tribunal Supremo.

Si sale adelante el posicionamiento de Montalbán, como ocurrió la semana pasada por una mayoría de 7 a 4, Martínez Aguayo vería revisada su condena de 6 años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación. El escrito, adelantado por El Español y confirmado por esta redacción, defiende que la extitular de Hacienda, viceconsejera del ramo con Griñán hasta que fue elegido presidente en 2009, habría visto vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal, blindado en el artículo 25 de la Constitución.

La diferencia respecto a Álvarez es que el escrito sobre Martínez Aguayo "declara la íntegra nulidad" de la condena por malversación con la excepción de "los hechos referidos a concretas aplicaciones de fondos públicos sin cobertura en la partida 3.1.L". Esa era la partida a partir de la cual se pagaron hasta 680 millones de euros en subvenciones por medio de un sistema irregular, la clave de bóveda del sistema. Parte de esos fondos fueron destinados a usos distintos al pago de ayudas sociolaborales, como la inclusión de intrusos o el uso indebido de dinero público por parte de altos cargos o miembros de la Consejería de Empleo.

Respecto a la prevaricación, la posición de Montalbán es análoga a la que ya tomó con Álvarez, al admitir parcialmente el recurso en lo que respecta a la elaboración de los proyectos de presupuestos autonómicos entre 2005 y 2009, así como las modificaciones presupuestarias vinculadas a la partida 3.1.L. En este caso, el TC reclama a la Audiencia de Sevilla repetir la sentencia por prevaricación de Martínez Aguayo teniendo sólo en cuenta una modificación presupuestaria aprobada en 2004 que afectaba a otra partida presupuestaria distinta a la que articulaba las ayudas sociolaborales.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Magdalena y los santos inocentes de los ERE

Javier Caraballo

La anulación de la condena por malversación tendría consecuencias inmediatas para Martínez Aguayo, una de las exaltos cargos condenada a penas de prisión. La exconsejera de Hacienda, médico de profesión, ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra a finales de 2022, pero ha recibido recientemente el tercer grado tras cumplir parte de su condena. La nulidad del fallo de la Audiencia de Sevilla que se hizo público en 2019, ratificado después por el Supremo, provocaría la eliminación de la condena contra la exconsejera de Hacienda.

Esta decisión del TC tendría también una consecuencia directa en la situación de José Antonio Griñán, condenado también por prevaricación y malversación y con una pena de 6 años de prisión. El expresidente no llegó a ingresar en la cárcel después de que se le detectara un cáncer de difícil tratamiento. Después de una suspensión temporal, la Audiencia de Sevilla permitió al exdirigente del PSOE seguir su tratamiento fuera de la cárcel, aconsejada por los peritos del Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

La ponencia sobre el recurso de Aguayo la exime de las dos fórmulas previstas en el delito de malversación: la del uso ilícito de fondos públicos y la omisión de actuar ante las "irregularidades". "La recurrente no tenía la obligación de oponerse a esas supuestas irregularidades" porque "tenían expresa cobertura en las leyes de presupuestos en vigor".

Ese argumento es similar al que Montalbán empleó con la prevaricación de Magdalena Álvarez, al defender que el sistema de reparto de ayudas quedó blindado una vez que se las cuentas que lo incluían fueron aprobadas por el Parlamento. Hay que recordar que el TC, en la sentencia de Álvarez, rechazó también que el legislativo andaluz pudiera excusar su desconocimiento del modelo de los ERE, ya que la documentación al respecto que obraba en poder de la Cámara es la misma que la Audiencia de Sevilla utilizó para condenar a los exaltos cargos socialistas.